Los antiguos pajareros de la Rambla están cada vez más impelidos a cesar su actividad de venta en unas paradas que justo evocan por su situación el histórico mercado de venta de animales, pero que ya no tienen nada que ver con los productos que ahora comercializan. Por una parte, los planes de reforma de la Rambla del ayuntamiento de Barcelona son implacables, y marcan en el calendario un plazo de veinte meses como máximo para el derribo inapelable de las paradas cuando empiecen las obras en el paseo central, una vez el consistorio ha previsto empezar la nueva fase de reformas este 17 de junio.
Del otro, los paradistas han recibido un revés judicial que complica sus intentos de mantenerse en su sitio o, en el mejor de los casos, volver una vez acabadas las obras de reurbanización o, como alternativa, ser recolocados en otro lugar, una vez el Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso interpuesto por los pajareros contra la decisión del consistorio de desalojarlos. Hay que recordar que desde 2021 el Ayuntamiento quiere hacer desaparecer las paradas y que ante la amenaza de desalojarlos a principios de 2022, los pajareros presentaron un recurso contencioso-administrativo, pero cuando el juzgado correspondiente dio la razón al gobierno municipal, los pajareros presentaron recurso, primero en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que confirmó la decisión del contencioso-administrativo, y finalmente en el Supremo.
ILP rechazada
Ahora, según ha adelantado 'El Periódico', el TS rechaza las intenciones del colectivo de los pajareros, ya que considera que el recurso ha perdido su objeto después de que el Tribunal Constitucional (TC) renunciara a pronunciarse sobre el recurso de amparo también presentado por los antiguos pajareros. De hecho, los pajareros ya perdieron parte de las opciones a mantenerse cuando el Parlament de Catalunya rechazó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba el reconocimiento de las paradas como patrimonio inmaterial para evitar la decisión del consistorio de desalojarlos, un extremo que, en todo caso, todavía no se ha llevado a la práctica.
Una vez rechazada la ILP, el mismo consistorio reclamó el archivo del recurso interpuesto por los pajareros, pero el TS rechazó hacerlo, de manera que los antiguos pajareros encontraron un resquicio por la cual se pudiera revocar la sentencia favorable al Ayuntamiento del TSJC, una esperanza que ahora ha decaído una vez el TS ha considerado que como el TC inadmitió el recurso de amparo, no queda ningún motivo jurídico para revocar la orden municipal de desalojo. Con todo, y mientras ha durado esta batalla judicial, las paradas han seguido funcionando. Ahora la cuestión es si el Ayuntamiento activará el desalojo o esperará a hacerlo a febrero del 2026, cuando según los planes de reurbanización, tocará trabajar en el ámbito que ahora ocupan los paradistas.