Revés judicial en Vox después de recurrir un acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona. El juzgado contencioso-administrativo número 11 de la ciudad condal ha decidido desestimar el recurso del grupo municipal y blindar el pacto de la Comisión de Presidencia del consistorio para arrinconar la formación de ultraderecha de la toma de decisiones en el municipio. La iniciativa, presentada en el mes de enero por Barcelona en Comú, tiene como objetivo apartar la formación de Santiago Abascal de la presidencia de distritos y comisiones, dejarla al margen de los encuentros con entidades y grupos de trabajo, y evitar que nadie suscriba ninguna iniciativa de impulso y control presentada por el partido de extrema derecha. La formación liderada por Gonzalo de Oro ya consideró en su momento que el acuerdo era "delirante y totalitario", y anunció que denunciaría el pacto porque vulnera el derecho fundamental a la participación política y la libertad de expresión. La propuesta de BComú prosperó al recibir los apoyos del PSC, Trias per Barcelona y ERC. Solo el PP y Vox votaron en contra.
La jueza precisa que la iniciativa no tiene efectos jurídicos
La jueza ha desestimado el recurso de Vox argumentando que el cordón sanitario que la mayoría de los partidos del consistorio han decidido aplicar contra la formación de extrema derecha "no tiene efectos jurídicos". En la sentencia, avanzada por ElDiario.es, ha reprochado a Vox que apunte solo que la decisión del Ayuntamiento "limita su discurso político" y ha dicho que no queda "evidenciado" que estos grupos municipales se impongan a una minoría política —la de Vox—. "No se ha probado que, de resultas del acuerdo, los representantes políticos se hayan visto perturbados en el ejercicio de participar en los asuntos públicos", ha concluido la magistrada. Actualmente, Vox cuenta con dos de los 41 concejales que hay en el Ayuntamiento de Barcelona.
Un consistorio "libre de discursos de odio"
El pacto presentado por la formación de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau perseguía cerrar el paso a la extrema derecha en el consistorio. El acuerdo declara el Ayuntamiento como una institución "libre de discursos de odio, donde no tenga lugar ni el racismo ni las discriminaciones de ningún tipo". La propuesta la defendió la concejala de BComú Jess Gonzàlez, que reclamó un Ayuntamiento "todavía más comprometido con la democracia, los derechos humanos y las diversidades". El pasado mes de noviembre ya se aprobó un "cordón democrático" en el consistorio con un texto que instaba a las formaciones a "llegar a un consenso que, más allá de colores políticos, dé prioridad a los valores democráticos, como se hizo en el Parlament".