La ocupación ilegal es uno de los temas de mayor preocupación para la ciudadanía en Barcelona. De hecho, en las últimas semanas, este delito que sitúa a Catalunya a la cabeza de casos de todo el Estado se ha convertido en uno de los asuntos más espinosos del periodo electoral. Las protestas contra los ‘okupas’ de La Ruïna y El Kubo, en la Bonanova, y las acciones que estos colectivos planean para boicotear la campaña enturbian los días previos a las elecciones.

🔴 Desalojo okupa en la plaza de la Bonanova hoy, DIRECTO | Última hora del Kubo y la Ruina
 

La fuerte oposición de los vecinos de la Bonanova y la inacción del Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad ante el riesgo de desencadenar un desalojo conflictivo, han puesto el foco sobre estos ‘okupas’ violentos que afectan a la convivencia en la zona desde 2016 (El Kubo) y 2019 (La Ruïna). El posible desalojo de ambos inmuebles ha desatado la rebelión de sus ocupantes, que se han mostrado especialmente beligerantes.

Ambos casos representan el modelo tradicional de ‘okupación’ que ha proliferado en Barcelona en los últimos años, liderado por el movimiento antisistema y contrario al modelo social y económico. Su estrategia consiste en acceder a inmuebles vacíos para convertirlos en espacios de “resistencia”, vulnerando la propiedad privada y, en el caso de la Bonanova, alterando además el entorno.

Fuentes del sector inmobiliario apuntan que la permisividad de las administraciones con este tipo de ocupación ilegal ha dado alas a nuevos modelos de ‘okupa’, que van desde inquilinos no vulnerables que impagan alquileres o incumplen contratos hasta expertos en morosidad. Muchos de estos perfiles ya comienzan a detectarse en la ciudad.

Inquilinos acomodados que incumplen contrato

Uno de los ejemplos más flagrantes de esta situación es Casa Orsola. Este edificio modernista del Eixample lidia, principalmente, con inquilinos con recursos estables –algunos incluso pudientes– que se niegan a abandonar el inmueble pese a la finalización de sus contratos, presionando además a la propiedad con la colaboración de los sindicatos de vivienda.

De los 26 inmuebles que componen el bloque, solo cuatro inquilinos tienen un conflicto con la propiedad, que en paralelo ha llegado a acuerdos individuales con algunos vecinos y ha ofrecido alquiler social al único inquilino que ha acreditado situación de vulnerabilidad, pese a que este lo ha rechazado. Aunque los desalojos han sido avalados por la justicia, la campaña contra la propiedad privada persiste en este edificio barcelonés, en el que otros perfiles de ‘okupa’ también están representados.

Morosos ‘históricos’ y jóvenes ‘okupas’

Es el caso de una inquilina que lleva años sin abonar las cuotas de alquiler. Tal y como se vio en uno de los juicios orales de Casa Orsola, esta persona dejó de pagar cuando el inmueble todavía pertenecía a la anterior propiedad. Pese a adeudar más de 22 meses, permaneció en el edificio, incluso cuando el entonces propietario le condonó la deuda para que abandonase el inmueble, hecho que nunca sucedió. Con la nueva propiedad al frente, los impagos continuaron y la justicia ha condenado a esta inquilina a abandonar la vivienda y a abonar la deuda contraída.

Casa Orsola también ha sido objeto de dos ocupaciones ilegales en viviendas en proceso de reforma. Tal y como denunció la actual propiedad, a finales de junio de 2022 varios ‘okupas’ entraron por la fuerza en dos inmuebles del edificio, quebrantando el sistema de seguridad. Las personas identificadas son, según fuentes conocedoras, jóvenes vinculados al movimiento estudiantil y a los sindicatos de vivienda, algunos de los cuales han participado en los actos de protesta contra Casa Orsola.

Hace unas semanas, la propiedad del edificio apuntó además a la colaboración de algunos inquilinos con los ‘okupas’, que disponían de llaves para acceder al inmueble. Uno de estos casos de ocupación ilegal ya ha sido condenado por la justicia, que además de ordenar el desalojo de la vivienda y el pago de las costas, en el texto de la sentencia reprobó la “mala fe” del ‘okupa’ por haber pedido un alquiler social a la propiedad pese a no tener derecho a ello.

Fuentes del sector inmobiliario y expertos en ocupación ilegal han reiterado en varias ocasiones el riesgo de ser permisivos con este tipo de delitos, que pueden provocar un efecto llamada y, como se ha visto en la ciudad de Barcelona, derivar en nuevos perfiles de ‘okupa’ que acrecientan y escalan el problema.