El Ayuntamiento de Barcelona empieza 2024 con el propósito de no permitir vulneraciones de la legalidad con respecto a los pisos turísticos y, por eso, ha anunciado este martes la multa de 420.000 euros en la propiedad de un edificio que alquilaba casi todas las viviendas del inmueble, situado en la calle Ample número 24 (Ciutat Vella), que se comercializaban como alojamientos turísticos ilegales. Según ha informado el consistorio, la sanción llega después de meses de investigación y seguimiento de los inspectores municipales de la Dirección de Servicios de Inspección y del distrito de Ciutat Vella, y de la Guàrdia Urbana, que han podido constatar que durante años la propiedad iba evitando expedientes y sanciones del Consistorio, alegando que alquilaba las viviendas aparentemente de manera legal, con contratos de larga duración a inquilinos que aparecían como arrendatarios de los alojamientos turísticos ilegales.
De esta manera, la propiedad evitaba el expediente, finalizando el contrato de alquiler o cambiando de titular, una vez se acercaba la fecha de conclusión final del trámite administrativo sancionador del Ayuntamiento de Barcelona. La propiedad del edificio es una comunidad de bienes familiar que alquilaba hasta 14 alojamientos en esta finca, y estos se comercializaban como alojamientos turísticos, a través de las plataformas Booking y Airbnb, sin ninguna autorización para la actividad turística. Desde el año 2018, los inspectores municipales iban abriendo expedientes y al mismo tiempo pidiendo las desactivaciones de estos anuncios a las dos plataformas. Durante este tiempo, se pudo constatar, en la línea de la actuación contra los infractores profesionalizados, que se iban desactivando y activando con nombres, fotos y anfitriones diferentes, con el fin de evitar la actuación inspectora de la administración.
En este periodo, también, el propietario manifestaba en todos los casos que desconocía lo que hacían sus inquilinos, y que siempre y en todos los casos lo engañaban y utilizaban el piso para realquilarlo a turistas. Después de meses de seguimiento y acumulación de pruebas, el pasado mes de abril, a raíz de una inspección conjunta entre los inspectores municipales, la Guàrdia Urbana de Barcelona y el distrito de Ciutat Vella, se constató que en el edificio, formado por planta baja y cuatro plantas de altura y terrado, 14 de las 15 viviendas existentes estaban ocupadas por turistas alojados en pisos sin la licencia para ejercer la actividad turística correspondiente. Además, en el piso restante, vivía una inquilina de renta antigua que era quien gestionaba la recogida de llaves y entradas y salidas de los alojamientos turísticos del edificio.
El Ayuntamiento procedió a sancionar a la propiedad, después de desgranar toda esta actividad, organizada para esquivar la administración y utilizar de manera fraudulenta las viviendas, sin hacer frente a las obligaciones tributarias que se desprenden del uso turístico y comerciando con el único piso de renta antigua, incorporando a su arrendataria a la gestión turística del inmueble. Esta actividad se considera una acción muy grave, que ha dado lugar al inicio de un procedimiento sancionador con la propuesta de sanción de 420.000 euros, cuantía a la cual se llega con el cálculo estimado del beneficio obtenido de la actuación ilegal junto con otras circunstancias agravantes reguladas por la ley de Turismo de Catalunya. Además, el Consistorio enviará próximamente a la Agencia Tributaria toda la información contenida en el expediente, a fin de que la propiedad responda también ante la hacienda pública.
Reducción del alquiler turístico ilegal masivo
Esta actuación de los servicios de inspección del Ayuntamiento de Barcelona, sancionando contundentemente a los infractores reincidentes y profesionalizados para aprovechar resquicios legales para hacer negocio ilegalmente con la vivienda y el turismo en la ciudad, es posible gracias al hecho de que el alquiler turístico ilegal masivo que se detectaba a miles durante los años 2016 y 2017 se ha reducido a una actividad de poco más de un centenar mensual en estos meses. Ante esta nueva situación, los servicios de inspección mantienen la persecución de la ilegalidad general, pero al mismo tiempo disponen de una radiografía muy acotada de la actividad ilegal profesional y pueden diseñar, como en este caso, una actuación más personalizada de seguimiento y actuación sancionadora de manera contundente y eficaz.