La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha instado el Distrito de Ciutat Vella a comprobar si las 388 licencias de pisos turísticos otorgadas de manera "fraudulenta" entre el 2005 y el 2007 son nulas de lleno derecho. La sindicatura recuerda al Ayuntamiento su obligación de cumplir con los compromisos adquiridos para preservar el uso residencial de los inmuebles y garantizar el derecho a la vivienda y recomienda que no se permita el traspaso de licencias de uso turístico entre particulares en ningún caso y ha propuesto revocar las que acumulen incumplimientos reiterados.
La sindicatura recuerda que el año 2005 la proliferación de pisos turísticos y las reiteradas quejas de los vecinos de Ciutat Vella llevaron al Ayuntamiento a aprobar un Plan Especial para prohibir que se abrieran más en este distrito. Este plan sí que permitía que siguieran haciendo un uso turístico si ya habían estado desarrollando esta actividad anteriormente, tan solo tramitando una licencia municipal urbanística de cambio de uso. "El consistorio recibió entonces 675 solicitudes, y se elaboró y aplicó un protocolo para agilizar y simplificar la tramitación", explica. Una sentencia de la Audiencia de Barcelona de 2020 acreditó que 388 de estas licencias se concedieron de manera ilegal, en algunos casos incluso falseando documentos que se requerían, como cédulas de habitabilidad. A pesar de las medidas específicas del consistorio, como el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos de Uso Turístico (PEUAT), aprobado en enero de 2022, el síndico admite que el número de licencias para hacer cambios de uso en pisos residenciales ha aumentado.
A pesar del anuncio hecho por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de acabar con las viviendas de uso turístico el año 2028 y parar la concesión de nuevas licencias, en aplicación de un decreto ley de la Generalitat, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha considerado que hacen falta medidas complementarias para hacer efectivo este anuncio, que afectaría a unas 10.000 viviendas, y favorecer de manera urgente y definitiva el derecho a la vivienda de todo el mundo. Así, plantea que no se permita el traspaso de las licencias de las viviendas de uso turístico entre particulares en ningún caso. Medio año después de la aprobación del plan especial, en el que se establecía que las licencias no eran transmisibles, el Ayuntamiento hizo una interpretación que restringía esta limitación solo a las nuevas que se pidieran, explica la sindicatura. El consistorio alegó que dejar sin efecto esta interpretación generaría peticiones de responsabilidad patrimoniales de los afectados, pero la sindicatura afirma que "la no transmisibilidad de todas las licencias (las anteriores al PEUAT y las nuevas) se ajusta mejor a la finalidad de salvaguardar el derecho a la vivienda y no supone ninguna contradicción normativa".
Revocar licencias con sanciones reiteradas
Igualmente, la sindicatura ha pedido que se revoquen todas las licencias de alojamientos que presenten incumplimientos reiterados. Ha añadido que habría que tramitar procedimientos sancionadores que, una vez sean firmes por las infracciones detectadas, harán posible la revocación. "El consistorio, que solo actúa en caso de denuncias o por alguna campaña específica, asegura que no dispone de bastantes recursos para verificar las licencias, ya que actualmente son más de 10.000 legalizados", ha señalado.
La institución ha apuntado que en virtud de los compromisos políticos manifestados públicamente, se tendría que priorizar las revisiones de estas licencias en Ciutat Vella. También ha recordado que a menudo estos alojamientos generan problemas de convivencia y de incivismo, y que el Ayuntamiento dispone de un formulario específico para quejas vinculadas con viviendas de uso turístico sin licencia, o para notificar ruidos o disturbios.