En el marco de los trabajos que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona para modificar la ordenanza de convivencia municipal, que pronto llegará a los 20 años de vigencia, ya que la norma actual fue aprobada en el 2006, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha reclamado que la futura norma priorice medidas alternativas a las sanciones, especialmente con respecto a los colectivos más vulnerables o, como ha señalado el síndico, David Bondia, "más vulnerabilizados", ya que son víctimas de contextos estructurales y que además la futura ordenanza "no estigmatice determinados colectivos que por consecuencias sociales se ven abocadas a estar en el espacio público".
En rueda de prensa este jueves por la mañana, Bondia, acompañado de la directora adjunto de la sindicatura, Eva G. Chueca, ha apuntado que la norma de convivencia se tiene que centrar en los comportamientos incívicos "deliberados", desvinculándolos de una identificación directa con personas y colectivos en riesgo de exclusión o vulnerables, como por ejemplo los manteros o las personas sin hogar. "No tiene sentido multar a una persona sin hogar", ha indicado Bondia, que ha apuntado que para este colectivo hacen falta espacios como "servicios públicos, duchas o consignas", e insistiendo que "la regulación tiene que tenerlo en cuenta considerando que la vida en la ciudad es compleja".
"No es turismofobia, es residentofilia"
Asimismo, Bondia ha apostado por reforzar la mediación comunitaria en acciones vinculadas al ocio nocturno y al uso turístico de determinados espacios de la ciudad y en este aspecto el síndico ha constatado que hay "un gran impago" de las sanciones aplicadas a turistas, y por eso ha espoleado al ayuntamiento a mejorar el seguimiento o cambiar el sistema para evitar que los turistas multados se acaben marchando de Barcelona sin pagar las multas. Ahora bien, Bondia ha empleado esfuerzos a aclarar que este punto de vista "no es turismofobia, es residentofilia", y ha defendido la necesidad de hacer pedagogía también con los turistas.
Por su parte, Chueca ha hecho énfasis en el hecho de que las sanciones "tienen que reservarse para los comportamientos incívicos deliberados y desvincularse de colectivos en riesgo de exclusión y vulnerabilidad", pidiendo que no se apliquen sanciones hacia estos colectivos. Según Bondia, un ejemplo sería el de personas que se dedican en venta ambulante o que viven en la calle. En el caso de los manteros, ha dicho, se trata de gente que está obligada a ocupar el espacio público por su contexto y ha lamentado que buena parte de las multas recaigan sobre este colectivo. "No hacemos nada aplicandoles sanciones", ha dicho.