Después del desahucio truncado de ayer jueves, la Sindicatura de Greuges ha pedido este viernes al Ayuntamiento de Barcelona que dirige el alcalde Jaume Collboni que dialogue con la Associació Antiga Massana "en beneficio del interés público" e insta a "reflexionar" para encontrar posibles alternativas al desalojo del edificio, de manera que se pueda mantener así la tarea comunitaria y vecinal que alberga.
El espacio fue convertido en centro social después de ser ocupado por diferentes colectivos del barrio del Raval de Barcelona en 2020. Actualmente, el recinto es utilizado como espacio de actividades del Sindicat d'Habitatge del Raval, la Xarxa de Suport Mutu Laboral del Raval, la Xarxa Popular d'Aliments, la Escoleta Popular del Raval y el Gimnàs Popular Matilde Landa. Un espacio, pues, "de encuentro y cohesión" del vecindario, valora la Sindicatura.
En un comunicado emitido hoy ad hoc, la Sindicatura sostiene que hay que generar, en el marco del Pacte per Ciutat Vella, un espacio de diálogo que "permita encontrar soluciones adecuadas". En este sentido, el síndic, David Bondia, "ofrece su predisposición a intervenir para buscar un acuerdo viable y realista, que no suponga la pérdida de un espacio de encuentro y cohesión para el vecindario del barrio del Raval".
En julio del 2022, el consejo de distrito aprobó el compromiso municipal de cesión del espacio y la Mesa de Patrimonio Ciudadano informó favorablemente, aunque no se llegó a oficializar la cesión. El julio pasado, el Ayuntamiento notificó a la asociación de la Antiga Massana la incoación de un expediente para la recuperación de oficio de la finca de la escuela y el pasado día 14 informó de la resolución de desalojo, prevista para tres días después. La Sindicatura de Greuges de Barcelona "desconoce el calendario de ejecución de este proyecto, ya que era una de las peticiones de información que hacía en el Distrito y que el órgano territorial no ha contestado".
Ayer, un centenar de personas congregadas en el recinto impidieron por ahora el desahucio de este edificio histórico de la capital catalana. El consistorio había fijado para este jueves la fecha para llevar a cabo el desalojo administrativo y envió a la Guardia Urbana y técnicos de servicios jurídicos a la plaza de la Gardunya. Una vez allí, han constatado que los ocupantes del espacio seguían allí y había "resistencia pacífica" que impedía el lanzamiento. Ante eso, el Ayuntamiento de Barcelona pedirá una orden judicial para ejecutar el desalojo.