El recurso presentado por el exarquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Acebillo, contra la entonces alcaldesa, Ada Colau, y su segunda teniente de alcaldía, Janet Sanz, por la supermanzana del Eixample, ha sido desestimado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, una decisión que avala la reurbanización de la calle Consell de Cent a partir del modelo de Eje Verde. En concreto, el TS ha desestimado el recurso de queja presentado por Acebillo junto con Francesc Jufresa y Ferran Grasas después de que la Audiencia Provincial de Barcelona inadmitiera un recurso de casación contra el archivo de la causa penal contra Colau y Sanz. Además, la sala condena a Acebillo al pago de las costas y explicita que ya no es posible presentar ningún recurso más contra la resolución.
Poco después de conocerse este fallo judicial, Barcelona en Comú ha destacado, por medio de un comunicado, que con la decisión del TS "se cierra definitivamente" la causa penal. "Supermanzana Barcelona hoy queda avalada por el Tribunal Supremo", ha celebrado Sanz, que ha considerado que había motivos para sentirse satisfecha: "El Tribunal Supremo ha confirmado que todo el proyecto de transformación verde Supermanzana Barcelona se desarrolló de acuerdo a ley y no existe ningún delito penal".
En diciembre del 2023, la Audiencia de Barcelona archivó la querella contra la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y la teniente de alcaldía de Urbanismo Janet Sanz por la aprobación de la supermanzana de la calle Consell de Cent. Según expusieron entonces los magistrados, la sentencia contenciosa administrativa que anuló el procedimiento administrativo de aprobación de las obras no suponía que las dos políticas cometieran delitos de malversación de fondos públicos, delito urbanístico o fraude de subvenciones. Entonces, los magistrados recordaron también que el ámbito penal es la última opción y que la propia sentencia contenciosa veía solo irregularidades administrativas, pero no graves.
Otra querella archivada
Asimismo, este lunes también se ha tenido conocimiento del archivo judicial de la querella que la inmobiliaria Junimo interpuso contra Colau por haber evitado el desalojo de un ciudadano en situación de vulnerabilidad. Los hechos tuvieron lugar en los últimos meses del pasado mandato y la empresa también se querelló contra la entonces concejal de Vivienda, Lucía Martín, y tres funcionarias del consistorio. En el auto, la magistrada ha considerado que la intervención del consistorio en este caso se ajusta a las obligaciones que establece la ley catalana antidesahucios y ha descartado que se cometiera "una infracción penal o actos susceptibles de coacciones o prevaricación".