Cinco días, desde el lunes, 26 de septiembre, hasta el viernes, 30 de septiembre. Esta es la duración de la campaña que ha puesto en marcha la Guàrdia Urbana de Barcelona contra los grafitis no autorizados, enmarcada en un nuevo plan de corresponsabilidad con la ciudadanía para mejorar la convivencia y que llega justo en un momento en que el vandalismo contra el patrimonio histórico de la ciudad ha llegado a unos niveles bastante elevados, hecho que ha hecho aumentar a las críticas por el estado de degradación de Barcelona, en especial en el distrito de Ciutat Vella, donde se acumulan la mayoría de restos patrimoniales.

Según ha informado la policía local, la nueva campaña tiene como objetivo reducir las pintadas y los grafitis no autorizados en espacios públicos y privados que sean visibles desde la vía pública. De esta manera, la Guàrdia Urbana identificará y denunciará las conductas que degradan el espacio común y que deslucen los bienes, sean públicos o privados. Según la Guàrdia Urbana, se considera una degradación del entorno urbano todo tipo de grafiti, pintado, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo hecho con tinta, pintura o cualquier otra materia orgánica, o bien el hecho de rallar la superficie del bien en cuestión. Esta campaña se enmarca en un nuevo plan de corresponsabilidad con la ciudadanía que quiere reducir las actitudes incívicas a las calles y plazas de la ciudad y mejorar la convivencia, ha añadido la policía barcelonesa.

Degradación en el centro histórico

Aunque la campaña no se limita a Ciutat Vella, es en este distrito donde se acumulan más muestras de vandalismo, a menudo en forma de pintadas y grafitis. Tal como señalaba elNacional.cat este lunes mismo, basta con pasear por varios puntos del centro de Barcelona para constatar que la dignificación y mantenimiento del patrimonio histórico es una de las asignaturas pendientes del actual gobierno municipal, con ejemplos como el Baluard de Migdia, la plaza de la Vila de Madrid, la muralla romana de la plaza Berenguer, el Call, la plaza de Carme Simó, el antiguo Hospital de la Santa Creu, el Moll de la Fusta o las fachadas de las iglesias de Santa Maria del Pi y Santa Maria del Mar.

De hecho, la campaña de la Guàrdia Urbana, a pesar de su corta duración en el tiempo, aparece como una tímida reacción a una situación en la que se ha acusado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de aplicar la teoría del cristal roto -o de las ventanas rotas- ante las situaciones de degradación, es decir, sin hacer actuaciones inmediatas de reparación del patrimonio estropeado para evitar que se reproduzcan. Hay que recordar que desde inicios de 2018 hasta el 3 de junio de 2022 se han presentado un total de 29 denuncias por ataques al patrimonio público, pero sólo se han iniciado 14 procedimientos por "delitos contra el patrimonio histórico".