Los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona están llamados a hacer huelga el jueves 27 de junio, una convocatoria liderada por el sindicato CGT y que cuenta con el apoyo de Intersindical, en protesta por los resultados de una auditoría de la Sindicatura de Cuentas que pone en duda tres componentes del salario ordinario: el complemento de experiencia profesional; el complemento de equiparación A1, y la paga de asistencia y puntualidad de abril. Según un comunicado de Intersindical conocido este martes, existe el riesgo que el interventor del ayuntamiento no firme la próxima nómina y en este escenario, "peligran desde 200 hasta 500 euros mensuales (según categoría) por cada trabajadora, además de la paga de abril".
Además, el mencionado comunicado apunta que "el acuerdo entre la administración y CCOO y UGT hace que los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona pierdan derechos laborales y también seguridad jurídica en el cobro íntegro del salario", y apuntan como "efectos no deseados" del informe de la sindicatura que "hasta ahora los complementos eran salario y, a partir de ahora, con una evaluación negativa ("no adecuada") estos complementos no se cobrarán". "Otro efecto es que dependeremos de los gerentes para cobrar una parte del salario que es un derecho individual y no sujeto a condición", apunta el comunicado de Intersindical. "La Intersindical estamos en contra de estas evaluaciones y queremos que se enmiende este acuerdo asegurando el cobro íntegro de los salarios actuales por toda la plantilla municipal", apunta el mismo sindicato, que se suma así a la convocatoria de huelga del 27 de junio.
Por su parte, CGT ya hizo público un comunicado el pasado 18 de junio, donde convocaba la huelga para el día 27 de junio, después de una asamblea de trabajadores del 12 de junio donde se votó a favor del paro. Según el comunicado de CGT, el informe de la Sindicatura de Cuentas "afectaría a la paga de abril, el complemento de experiencia profesional y la equiparación en A1" en tanto que interpreta que "supuestamente son conceptos irregulares". En aquella asamblea, después de que la plantilla expresara su desacuerdo con la medida propuesta por la administración y ante la "poca oposición de los sindicatos de concertación, se decidió, con un resultado del 97%, ir a la huelga".
Por todo ello, la CGT apuntaba que rechaza que "se toque nuestro sueldo y menos que dependa de la discrecionalidad de nuestros jefes", ya que considera que esta posibilidad "se puede convertir en un factor coercitivo, riesgo de imparcialidad y la presión que comporta trabajar sometidas a una evaluación" y apuntan que "hay alternativas que no dependen de la subjetividad de alguien por el pago de estos conceptos".