Revés del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al Ayuntamiento de Barcelona.
El TSJC ha anulado el reglamento de participación ciudadana de la alcaldesa Ada Colau, que prevé las consultas y multiconsultas. El auto alega que hay que pedir permiso al Gobierno para aprobar este tipo de iniciativas, aspecto que no aparece explícito en el reglamento redactado.
La decisión del alto tribunal decapita, así, el proyecto estrella del equipo de gobierno municipales de celebrar una multiconsulta en la capital catalana durante el mandato anterior, que se pospuso.
Contradicciones con la ley estatal
La Sección Quinta de la Sala contenciosa administrativa considera además que la normativa municipal tiene que estar sometida a la normativa estatal y en el caso del reglamento no es así. Argumenta que no se respeta tampoco la legislación del Estado y de la comunidad autónoma, ya que "omite toda referencia a la necesidad de recabar la autorización del Gobierno de la Nación".
En este sentido, la resolución apunta que los alcaldes pueden someter a consulta asuntos de competencias municipal cuando haya una mayoría absoluta del pleno del consistorio y una autorización del Gobierno.
El reglamento destaca en las principales alegaciones, además, que hay que cumplir con la "legislación aplicable" antes de convocar la consulta, pero el tribunal considera que "dejar la interpretación de este precepto al cumplimiento de este requisito permitiría la convocatoria de la consulta sin solicitar la preceptiva autorización", prevista en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
También alega que faltó un trámite de exposición pública cuando se hicieron ciertas modificaciones en el texto.
Además, la sentencia impone al Ayuntamiento de Barcelona el pago de las costas del procedimiento judicial, con un límite de 3.000 euros.
La denuncia la presentó la entidad Advocats Catalans per la Constitució, y estaba dirigida contra el consistorio, contra la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática y contra la Federació d'Associacions de Veïns y Vecinas de Barcelona (FAVB).
La sentencia, según recalca el TSJC, no es firme y se puede hacer "un recurso de casación". Ahora bien, en el actual gobierno municipal se le agotaría el actual mandato antes de tramitarlo.
A la iniciativa de la multiconsulta dio apoyo Barcelona en Comú, ERC y la CUP, además del concejal no adscrito Juanjo Puigcorbé.
La multiconsulta, un camino lleno de obstáculos
La multiconsulta de Colau se aprobó en octubre del 2017, pero ha tenido desde un inicio muchos frentes abiertos.
Desde un punto de vista judicial ha recibido una denuncia por un presunto delito de prevaricación y malversación, una investigación de la Fiscalía sobre un presunto delito de revelación de datos del patrón, y varios recursos y denuncias presentados por Agbar, la Delegación del Gobierno en Catalunya y la Asociación de Abogados Catalanes.
Desde un punto de vista organizativo también ha cernido la sombra de la duda sobre el procés de recogida de firmas para sacar adelante las preguntas de iniciativa popular.
La guinda en este camino tortuoso la puso el plenario del mes de abril que evidenció la soledad de Colau: la falta de apoyos la obligó a retirar las preguntas de iniciativa municipal y las votaciones posteriores tumbaron las preguntas de iniciativa ciudadana. Los grupos de la oposición votaron en contra y acusó a la alcaldesa de fomentar "sólo" las preguntas "de sus amigos".
¿Sobre qué quería consultar Colau a los ciudadanos?
El ejecutivo municipal tenía previsto celebrar múltiples consultas. Algunas dirigidas directamente a los ciudadanos de Barcelona y otros -acortando el foco- iban dirigidas directamente en los distritos.
Destacan la consulta sobre la gestión del agua, renombrar la plaza Antonio López López como plaza de Idrissa Diallo o preguntar sobre el futuro del solar situado al lado del hotel de Acequia Condal y la posibilidad de construir más viviendas en el 22@.