Los antiguos cuarteles de Sant Andreu serán un espacio libre de exlegionarios a partir del día 10 de febrero. En esta fecha, la asociación de antiguos legionarios Hermandad de Antiguos Caballeros de Barcelona tendrá que haber abandonado las instalaciones que ocupaban, con fuerte oposición vecinal, desde que en el año 2013 el Consorci de la Zona Franca se las cedió. Según han adelantado los medios Tot Barcelona y Ara, los propietarios de los terrenos ya les han hecho llegar un burofax para que abandonen el espacio que ocupan, con la fecha límite fijada para dentro de dos semanas. Se cerrará así una década de presencia de estos veteranos en el barrio de Sant Andreu.
Con todo, el Consorci de la Zona Franca ha ofrecido a la entidad de veteranos militares una compensación por unas supuestas obras que habrían costeado los legionarios, según ha indicado Betevé. La historia de la estancia de los exlegionarios viene de lejos. En el año 2004 el Consorcio de la Zona Franca compró los terrenos a su anterior propietario, el Ministerio de Defensa. En aquel momento se pagaron 83 millones de euros por un espacio de 81.000 metros cuadrados de techo. A la espera de encontrar un uso definitivo, en el 2013 una parte del espacio fue cedida de manera "gratuita y temporal" a varias entidades, una de las cuales fue la asociación de veteranos de la Legión Española.
El espacio, de unos 5.000 metros cuadrados, servía a los antiguos soldados para hacer actividades de tipo militar, como instrucción o desfiles, entre otros, un hecho que, unido a la siniestra memoria del cuerpo que representan y la ideología españolista de sus miembros, produjo un inmediato rechazo vecinal, que durante todos estos años ha pedido que se marcharan del barrio. En este sentido, la Assemblea Antifeixista de Sant Andreu de Palomar elaboró un manifiesto firmado por más de 80 entidades, en las que se pedía que ningún espacio municipal se pudiera dedicar a la exaltación del militarismo y del fascismo. También el Ayuntamiento de Barcelona había pedido en reiteradas ocasiones que se revocara la cesión del espacio. Ahora, la planificación de construcción de nuevos equipamientos para los vecinos ha sido el hecho determinante que ha comportado su marcha definitiva.
Manifestación de exlegionarios en el 2016
La tensión entre los exmilitares y la ciudadanía llegó a uno de sus puntos más álgidos en mayo del 2016, cuando los veteranos llegaron a convocar una manifestación en el centro de Barcelona que contó con la presencia de unos 1.500 participantes en medio de episodios de tensión con peatones y vecinos. Aunque la convocatoria era en contra del independentismo bajo el lema "Con la Constitución, las Fuerzas Armadas y la Legión", también se convocó como muestra de apoyo a la Hermandad de Caballeros Legionarios de Barcelona, ante las demandas de los vecinos de Sant Andreu y el mismo Ayuntamiento de Barcelona para que se marcharan.
El manifiesto de convocatoria especificaba que la entidad de veteranos legionarios estaba siendo "continuamente atacada y desprestigiada para representar a España en Catalunya". Como no podía ser vista la filiación españolista de los convocantes, la misma marcha hizo una parada ante la jefatura de la policía española en la Via Laietana para hacer un "acto de desagravio en honor a la Policía Nacional", y de hecho, invitaron a los policías españoles a sumarse a la convocatoria. El grupo ultraderechista Somatemps también se sumó a la convocatoria. La marcha supuso un punto álgido del desacuerdo entre los exmilitares españoles y las instituciones catalanas.
Manifestación de legionarios en l'Hospitalet de Llobregat / Sergi Alcàzar
A la oposición del Ayuntamiento de Barcelona a la permanencia de los veteranos legionarios en Sant Andreu se sumó la prohibición, por parte del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, de la procesión en que tenían que participar los exlegionarios, uniformados y con armas simuladas, durante la Semana Santa de 2016; esa prohibición se burló convirtiendo la procesión en una manifestación "por la libertad religiosa", a la cual los legionarios asistieron uniformados. Y, además, los legionarios y los militares manifestaron su oposición a Ada Colau, porque declaró que los militares no tendrían que estar en el Saló de l'Ensenyament.
En todo caso, con la decisión del Consorci de la Zona Franca se cierra una polémica que ha durado casi una década y otorga una victoria a los vecinos, que finalmente verán cómo los exmilitares se marcharán. Sin embargo, una vez cerrado este episodio, continúa abierto otro todavía más complicado, la permanencia de la policía española en el edificio de la Jefatura de la Via Laietana en contra de la voluntad de las principales instituciones catalanas, incluido el Ayuntamiento de Barcelona, que quiere reconvertir el espacio de tortura en uno de memoria histórica. El consistorio, por cierto, ha tenido que asumir este jueves que el TSJC haya anulado la resolución del pleno del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 31 de marzo de 2017, en la que se acordaba revocar el otorgamiento de la Medalla de Oro de la ciudad al exministro Rodolfo Martín Villa, sobre el que pesa una orden de captura internacional por crímenes contra la humanidad por los crímenes de la transición.