Después de seis años en la alcaldía de Barcelona, las políticas inmobiliarias de Ada Colau siguen dando que hablar. Las ideas sobre el papel se han acabado convirtiendo en el peor enemigo de un mandato que ha demostrado estar sobrado de buenas intenciones y errado en la estrategia para llevarlas a cabo. Las recurrentes excusas del turismo y la gentrificación suenan a chivo expiatorio  cuando se comprueban las verdaderas políticas activas emprendidas.

Cuestión de prioridades. Apenas un mes después de su primera elección en mayo de 2015, Ada Colau adoptó uno de sus primeros mandatos: la entrada en vigor de la suspensión de la concesión de licencias turísticas y poniendo como argumento principal los efectos de esta actividad sobre la vivienda. Una medida apresurada, si se compara con la parsimonia con la que el gobierno municipal ha afrontado algunas de las problemáticas que habría prometido atajar durante su campaña como el final de los desahucios por motivos económicos y la promoción del alquiler social, las viviendas en régimen cooperativo, y las viviendas adaptadas para mayores o asequibles para los más jóvenes.

Estas promesas, incumplidas en buena parte, no solo han generado un tapón en el mercado inmobiliario, sino que han acabado perjudicando a toda la ciudadanía, incluidos quienes confiaron ciegamente en una cofundadora de la PAH como alcaldesa. Hasta el punto de que después de seis años de buenas (y no tan buenas) palabras, el mercado inmobiliario en Barcelona y su área metropolitana siguen estando más tensionados que nunca, y el precio del alquiler ha experimentado una subida de un 20%, pasando de los 12,2 a los 14,5 €/m². Cifras que muestran a las claras la escasa previsión y la nula capacidad de reacción de las políticas de vivienda de un Ayuntamiento, que ha preferido escudarse en el turismo y en la prohibición de los alquileres a corto plazo antes que pensar en los miles de ciudadanos que se verán sin una casa o perjudicados por sus políticas restrictivas. Esta es la cronología del fracaso de las políticas de vivienda pública de Ada Colau:

Febrero 2016. Presentación del plan de acción municipal en materia de vivienda

En un momento en el que Barcelona era el municipio con mayor superávit (250 millones) de todo el Estado, el Ayuntamiento presenta a bombo y platillo el plan diseñado por el gerente de Vivienda, Javier Burón. En él se plantean entre otras cuestiones la “movilización” de vivienda vacía de particulares hacia el alquiler asequible y la “exigencia de cesión obligatoria a grandes tenedores”, así como la promoción de alquiler asequible con una inversión pública que rondaría los 500 millones asumidos inicialmente por el Patronat Municipal de l’Habitatge (PMHB). Sin embargo, este plan de acción inicial tiene truco, ya que, de los más de 2.300 pisos de obra nueva anunciados, 800 ya estaban en construcción (y habían sido licitados por la administración anterior) y otros 500, en trámite de licencia.

Enero 2017. Presentación del Pla pel Dret a l’Habitatge (2016-2025)

Colau sube su apuesta a más de 8.000 viviendas, incluyendo las financiadas por el PMHB (3.541), las acabadas por cooperativas o similares (2.155) y las movilizadas (2.950). Sin embargo, la escasez de suelo público y otros factores como la proliferación de narcopisos y desahucios devuelven a la alcaldesa y su equipo a la cruda realidad, y las obras en marcha entre mayo de 2015 y diciembre de 2017, apenas superan las 200.

Febrero 2018. Anuncio del plan de Alojamientos PROvisionales de Proximidad (APROP)

Ante este fracaso en la creación de vivienda social, el gobierno municipal presenta un nuevo plan de choque, según el cual, la mitad de las 8.000 viviendas anunciadas un año antes pasarán a ser prefabricadas. 

Abril 2018. Reactivación de las expropiaciones exprés

La suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley 4/2016 del Parlament de Catalunya de protección del derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión residencial supone inicialmente un nuevo obstáculo para la administración Colau. Sin embargo, el levantamiento de dicha suspensión allana el camino para que el Ayuntamiento reactive el proceso de expropiaciones temporales de pisos vacíos acogiéndose al artículo 15 de esta ley, que permite la expropiación de viviendas vacías entre cuatro y diez años.

Junio 2018. Retirada in extremis de la moratoria de obra nueva

A última hora, el gobierno municipal se ve obligado a retirar la moratoria prevista en la concesión de licencias de obra nueva y grandes rehabilitaciones con el fin de salvaguardar su iniciativa para que el 30% de las nuevas promociones se reserven a vivienda protegida.

Más allá de las amenazas de expropiación y de la ausencia de parque vacío, y lejos de incentivar la actividad inmobiliaria, la entrada en vigor de esta nueva norma –que fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya– motiva el efecto contrario: de los más de 500 nuevos permisos de 2017 y los más de 1.000 de 2018, el ayuntamiento de Barcelona concede apenas siete licencias de obras mayores concedidas en todo el año 2019. Mientras que, de los 1.300 pisos sacados al mercado en el primer semestre de 2018, en el mismo periodo del año siguiente se entregan 900 menos.

Septiembre 2018. Rectificación en público de las promesas de campaña

Ante la previsión de cerrar su primer mandato con entre 700 y 900 pisos de obra nueva entregados (muy por debajo de la barrera de los 4.000 prometidos en campaña), la teniente alcalde Janet Sanz se ve obligada a puntualizar que Colau nunca había hablado de viviendas construidas, sino de viviendas “en marcha”. 

Noviembre 2019. Primeras adjudicaciones de obra nueva al sector privado

Ante lo dramático de la situación y el fracaso de sus políticas de vivienda, el consistorio contradice los principios que había abrazado la alcaldesa en su etapa como activista, y se decanta por un nuevo modelo de gestión: la “promoción delegada”.

Septiembre 2020. El sector denuncia los efectos devastadores de la modificación del PGM

Actores del sector inmobiliario como la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña publican una nota conjunta para denunciar los efectos negativos que ha motivado la modificación del Plan General Metropolitano promovida por el Ayuntamiento de Barcelona.

Además de afirmar que “esta normativa no ha supuesto ninguna mejora en el parque público de vivienda de la ciudad”, constructores y promotores y agentes de la propiedad certifican que la valoración de solares y edificios acumula una disminución del 26% de media desde la entrada en vigor de la norma, que obliga a los constructores a destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda de promoción pública.

Mayo 2021. Adjudicación de la copropiedad del operador metropolitano al sector privado

La apuesta por la promoción delegada se extiende al ámbito metropolitano. Como presidenta de la AMB, Colau saca a concurso la copropiedad del operador metropolitano de vivienda de alquiler asequible Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB). La unión de empresas que forman la constructora especializada en VPO del Santander (Cevasa) y la promotora Neinor se adjudican el proceso para asumir –a cambio de 58 millones de euros– el 50% de HMB.

Julio 2021. La materialización de un fracaso

A pesar de las recetas mágicas del Ayuntamiento para revertir una situación dramática para muchos barceloneses, Barcelona y el grueso de municipios de la AMB presidida por Colau (34 de 35) se ven obligados a declararse áreas con un “mercado tensionado de vivienda”. En el caso de la capital catalana, este reconocimiento se produce a regañadientes, ya que se trata del último municipio del área metropolitana en acogerse a la Ley de Regulación del Alquiler, que permite a la Generalitat limitar los precios de los nuevos contratos. 

Imagen principal: aspecto de la ciudad de Barcelona