Los propietarios de las licencias de los Vehículos de Turismo en Conductor, los llamados VTC, han exigido al Institut Metropolità del Taxi (IMET) el cumplimiento de una sentencia que anula la denegación masiva de licencias urbanas en estos vehículos en Barcelona. A través de una carta enviada a Laia Bonet, presidenta del IMET y primera teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, firmada por Unauto-VTC Catalunya, Aurora Asociación Catalana VTC y el Sindicato Libre de Transportes (SLT), la patronal catalana del sector recuerda a la administración que los pronunciamientos recientes de los tribunales contenciosos administrativos de Barcelona les dan derecho a obtener la doble licencia para poder operar legalmente en el Área Metropolitana y así evitar las multas que muchos de ellos reciben por no tener regularizada su situación. En la carta, las patronales piden que se pare la "persistente situación de acoso" que afrontan los trabajadores y empresarios del sector, y amenazan acon emprender acciones legales si las administraciones no cumplen con la ley.
Los VTC, operados mayoritariamente por aplicaciones como Uber, Cabify y Bolt, afirman que las resoluciones judiciales "han sido claras", que la denegación masiva de licencias urbanas (basadas en el criterio contemplado en el artículo 4.2 del Decreto ley 9/2022) "ha sido declarada incorrecta e inaplicable" y que "las licencias tienen que ser otorgadas a aquellos operadores que cumplan los otros requisitos legales". La patronal recuerda que la sentencia 3409/2023 del Tribunal Supremo advierte que las comunidades autónomas que impongan restricciones desproporcionadas a las VTC podrían incurrir en responsabilidad patrimonial, cosa que abre la puerta en indemnizaciones millonarias por los daños causados.
Sanciones de 4.000 euros por vehículo
"A pesar de estas resoluciones judiciales, observamos con gran preocupación que la administración, bajo su dirección, sigue denegando estas autorizaciones y manteniendo una campaña de acoso y multas masivas en las autorizaciones VTC que operan en Barcelona", continúa la carta a Bonet. Además, apuntan que esta situación está generando un "gran perjuicio económico en centenares de operadores y miles de trabajadores del sector". Según las patronales, la campaña de acoso y multas masivas, "que ha llevado a la inmovilización de centenares de vehículos y a sanciones de 4.001 euros por vehículo, genera un clima de inseguridad jurídica y un daño reputacional irreparable para el sector de las VTC en Barcelona".
Puestos de trabajo en riesgo
En este sentido, asegura que de las 3.519 autorizaciones VTC domiciliadas en Barcelona solo se han concedido 600 licencias y que se han puesto en riesgo miles de puestos de trabajo y afecta "gravemente a la economía de las familias que dependen de esta actividad". Por todo ello, las patronales advierten a Bonet sobre las "serias consecuencias legales" para el IMET y el ayuntamiento e insta a estas administraciones a conceder "de forma inmediata" las licencias denegadas e indican que los funcionarios y responsables pueden incurrir en responsabilidades patrimoniales. Los firmantes de la carta también piden "resarcir a los operadores por las sanciones impuestas de forma injustificada" y anuncian que "patronales y particulares afectados solicitaremos tanto la devolución de los importes injustamente abonados a consecuencia de las sanciones impuestas a operadores que tendrían que contar con una autorización urbana, tal como se desprende de los pronunciamientos judiciales, incluyendo las indemnizaciones por daños".