En 1837, en plena Primera Guerra Carlista, Rodrigo Fernández Castañón, Jefe Provincial de Baleares —el equivalente al delegado del estado—, nombrado por el presidente del Gobierno del momento, el liberal Calatrava Peinado, implantaba un sistema que perseguía el uso del catalán en las aulas de Mallorca mediante la delación, el señalamiento, la burla, las vejaciones y el castigo. Este sistema era la enésima medida dictada por los gobiernos españoles desde la ocupación borbónica francocastellana de 1714-1715 para erradicar el catalán de la vida pública y relegarlo, definitivamente, a la categoría de sistema de las generaciones pasadas, marcadas por la oscuridad y la incultura.