Bartolomé Clavero, profesor emérito en Historia del Derecho por la Universidad de Sevilla, acaba de publicar Constitución a la deriva. Imprudencia de la justicia y otros desafueros (editorial Pasado & Presente). En este libro, Clavero presenta un conjunto de textos donde critica severamente las prácticas judiciales en España, destacándose especialmente por su crítica al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional.
¿Qué es Constitución a la deriva?
Es un libro en que me centro en los dos problemas neurálgicos de la justicia española: la cuestión territorial y la impunidad del franquismo, un factor tóxico de la justicia española. Hay un capítulo sobre la discriminación de género en que se demuestra que el Tribunal Constitucional la llegó a apoyar: la sentencia sobre la sucesión femenina a los títulos de nobleza sería pintoresca, si no reflejara la cultura autoritaria del Tribunal Constitucional. Y también abordo el problema de la corrupción, que afecta gravemente a los derechos de los ciudadanos. La última parte del libro se dedica a analizar jurídicamente qué ha sido la monarquía. Lo que nos explica no es la historia de política ficción que nos han contado habitualmente…
La justicia española se niega a juzgar el franquismo, ¿qué alega?
Más que alegaciones son excusas. El problema de fondo es que en la transición se creó una cultura de fondo en que se creía que la democracia se basaba en la amnistía. Y por ello no cabía ninguna investigación sobre el franquismo, ni judicial, ni política, ni económica. Los tribunales han dado excusas y sólo excusas. Los altos tribunales, cuando han dado argumentaciones para negarse a investigar el franquismo, no lo han hecho en términos jurídicos, sino políticos. Usan los argumentos que también usan los medios o los partidos, como decir que no hay que abrir heridas… Si se entra en los argumentos esgrimidos por los tribunales no encontramos razonamientos estrictamente jurídicos… Dicen lo mismo que las fuerzas políticas más continuistas.
Es pura bazofia decir que la transición ha sido un modelo para el mundo
¿Se han respetado los derechos de las víctimas del franquismo y de los grupos ultras?
No, en absoluto. En España se ha impuesto mucho la cultura “constitucional” de los partidos “centrales”. Se nos ha repetido una y otra vez que la transición ha sido un ejemplo y un modelo para el mundo… Todo eso es pura bazofia. En realidad, si se comparan con la nuestra las transiciones latinoamericanas, aunque no hayan sido un dechado de justicia, salen ganando ellas con diferencia. Su proceso no tiene nada que ver con la impunidad que aquí se ha impuesto. Y también se ha hecho mejor en Europa del Este. España es un caso singularísimo. España es el segundo país del mundo con más muertos en las cunetas, después de Camboya. Y no sólo eso, sino que además, no tiene el menor proyecto para cambiar esta situación. En España los descendientes de las víctimas no tienen derecho a acceder a la justicia.
En Constitución a la deriva también critica la falta de justicia hacia las víctimas del colonialismo español.
Aunque lo trato poco en este libro, me preocupa el negacionismo respecto a las responsabilidades coloniales de España y de la monarquía española, que se legitima en su continuidad con la monarquía anterior. La amnesia del estado constitucional español respecto al franquismo ha creado una cultura que conecta con el negacionismo colonial. Probablemente, en un medio que no hubiera sido tan colonialista, no habría tenido tanto éxito comercial y político un libro que critica a los que cuestionan el imperio. Estos libros existen en otros países, pero son algo marginal, sin consideración intelectual… Son literatura basura… Aquí, lo recomiendan los políticos.
El Código Penal dice lo que dice, pero está por debajo de las responsabilidades establecidas por los convenios internacionales
¿Se podría hacer más por combatir la corrupción de lo que se hace, o la corrupción es inevitable, como dicen algunos?
Claro que se podría. Y se debería. Lo escandaloso de esta cultura judicial tan degradada es que la corrupción ya ni siquiera escandalice. No es normal el desprecio sistemático de la justicia española hacia los tratados internacionales que ha ratificado y que forman parte del entramado judicial español, algunos de los cuales contemplan la responsabilidad colectiva y serían aplicables en el tema de la corrupción. Los tratados internacionales se deberían haber aplicado en el caso Gürtel. El Código Penal dice lo que dice, pero está por debajo de las responsabilidades establecidas por los convenios internacionales. Hay una cultura jurídica que está muy asentada en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional que obvia estos aspectos, no se siente afectada por los tratados firmados.
En Constitución a la deriva, en varias ocasiones, acusa al Tribunal Constitucional de tomar primero una decisión política y después argumentarla jurídicamente.
Eso creo que está claro y que es más que sabido por todos los especialistas en Derecho Constitucional. Pero esto se tapa, casi sin tener conciencia de que esto es complicidad. Reconocer cómo actúa el Constitucional supondría un estado de desprestigio para la justicia y contaminaría a todo el sistema judicial español. Pero ahí está el problema: se continua hablando de una justicia ejemplar… El Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional son elementos tóxicos, corruptores del sistema constitucional español. Para empezar, la Audiencia Nacional no tiene cabida en la Constitución. ¿Qué ocurrió? Simplemente que se dio continuidad al franquista Tribunal de Orden Público (TOP). La Audiencia Nacional se ha potenciado mucho y asume incluso más competencias que las que tenía el TOP. Y el Tribunal Supremo no podría tener las competencias que hoy tiene, según la Constitución. Se le han atribuido unas competencias de unificación del derecho que no caben en la Constitución.
El Estatuto catalán de 2010 recuperaba lo mejor del compromiso fundamental de la Constitución
¿Usted cree que hoy por hoy la Constitución todavía tiene valor?
Nos guste o no, lo mejor sería recuperar la Constitución de 1978 en un sentido regeneracionista, tal como se concibió, porque muchas cosas se han perdido desde entonces. En un buen despliegue de la Constitución, la Audiencia Nacional no tendría lugar, el Tribunal Constitucional debería ser otro, no debería haber autonomías iguales para todos, los tribunales superiores de las autonomías deberían ser distintos… El Estatuto catalán de 2010 contemplaba algo de eso, pero fue liquidado… Recuperaba lo mejor del compromiso fundamental de la Constitución, el compromiso entre el nacionalismo español, el vasco y el catalán. El esfuerzo que se hizo desde Catalunya con el Estatuto estuvo bien planteado, pero fue atacado y destruido por las Cortes, animadas por el señor Alfonso Guerra, que presumía de arreglar el problema catalán, y por la sentencia del Constitucional que era una bomba de relojería. Después de eso, la cosa sólo podía ir a peor. No se podía prever hacia donde iría la situación, pero estaba claro que empeoraría.
¿Cree más en la Constitución que en el Tribunal Constitucional?
Eso sin duda… Los partidos que han ido turnándose en el gobierno español han optado por una Constitución que tiene poco que ver con la del 1978. La del 1978 la destruyeron el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional. Pero la problemática de cómo funciona la justicia española suele pasar desapercibida ante el barullo político…
Quienes ahora se llaman constitucionalistas no defienden la Constitución de 1978
Para usted, los partidos que se proclaman “constitucionalistas”, ¿lo son?
Quienes ahora se llaman constitucionalistas son del constitucionalismo del 2019, que es un constitucionalismo muy distinto del de 1978 y que procede de una degradación acelerada de este. Basta con escuchar a políticos anteriores a estos, los que estuvieron en el pacto constitucional, que recuerdan que esta no es la Constitución pactada. Con el golpe de estado de 1981, que no fracasó tanto como se dice, se da un giro de tuerca a la Constitución, sobre todo por lo que respecta a la cuestión territorial de España.
¿Se necesitaría reformar la Constitución?
Muchas veces me ha dado la impresión de que hace falta una reforma en profundidad de la Constitución para salvarla, no de la política, sino de la misma justicia. Pero hoy en día es impensable una modificación seria. Sólo se plantea el paripé de suprimir la discriminación de género en la monarquía o el plan de recortar el sistema autonómico. Y esto, obviamente, no responde a las necesidades de este momento.
¿Qué se puede hacer para resolver el problema territorial?
En ese momento hay un territorio español, que es Catalunya, donde la Constitución está vigente pero no está rigiendo sobre la vida política. Y para solucionar esta situación se debería recuperar la Constitución, lo bueno que tenía la Constitución de 1978. Hay quien ha propuesto recuperar el estatuto de 2010 tal como salió del Parlament. Eso es muy razonable. Pero ahora, con el equilibrio político que hay, esto es muy complicado. A efectos prácticos no se ve que haya recetas…
Yo no pondría mucha esperanza en una solución de Estrasburgo para los problemas políticos generales de España
Foto cedida por Pasado & Presente.
¿Usted confía en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?
No. Estrasburgo sólo puede resolver, puntualmente, algún asunto concreto. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es muy deferente con los estados que forman parte del Consejo de Europa. En cambio, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, aunque también tiene problemas, es mucho más efectiva, es capaz de plantar cara a los estados. Hay quien cree que Europa es la luminaria que defiende los derechos humanos por encima de los estados, pero esto es pura ficción. Yo no pondría mucha esperanza en una solución de Estrasburgo para los problemas políticos generales de España, aunque quizá sí para alguno particular, si está bien llevado.
Algunos ciudadanos creen que los jueces son reaccionarios y que actuarán en consecuencia ¿Tienen motivos para desconfiar?
No es un problema de jueces reaccionarios. La división entre jueces reaccionarios y progresistas es muy artificial. La mayoría de los que han hecho las peores cosas son de signo progresista, que son los que suelen tener mayor capacidad de manipulación (los otros son más brutos, más directos). Lo peor de algunas sentencias del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional viene de la pluma de magistrados que se presentan como progresistas y que incluso se creen progresistas. Hay una cultura jurídica nociva que es el caldo de cultivo de estas posiciones.
¿Quedan resabios de franquismo en la justicia?
La justicia es lo que menos se constituyó cuando se hizo la constitución. Hubo algún detallito: la creación de una jurisdicción constitucional que está en manos indirectamente de los partidos políticos. Pero el personal adscrito al poder judicial es el mismo que el de la dictadura. El del Tribunal de Orden Público pasó a la Audiencia Nacional. En la transición no hay ningún intento de limitar la cultura franquista en el poder judicial. Ni siquiera se trata de evitar la continuidad de los jueces franquistas, más allá de quitar a los mayores, los más contaminados por la dictadura. El tipo de justicia que se implantó en la España del 1978 era más propio de una dictadura que de una democracia… El modelo judicial español viene del fascismo y aunque copia algunas cosas del sistema francés tiene resultados distintos a la justicia francesa, justamente porque viene del fascismo.
Hay una labor de zapa continua del autogobierno en sede judicial desde que entró en vigor la Constitución
En Catalunya se sospecha que muchos jueces sufren de catalanofobia. ¿Es una percepción errónea?
La catalanofobia es superficial; lo que hay es mucha autogobiernofobia. Lo que se plantea desde Catalunya, si se plantea desde el País Vasco, incluso si se adapta al marco constitucional, también será rechazado… Hay una cultura política española del XIX que explica que el centralismo garantiza la imparcialidad y la seguridad jurídica que el autogobierno destruye. Y como el autogobierno es inevitable, porque la sociedad española no es homogénea, se resignan a la autonomía, pero hacen todo lo posible para ir embridándola y recortándola. Aunque con altibajos, es una labor de zapa continua en sede judicial, desde que entró en vigor la Constitución. Y con frecuencia pasa bastante desapercibida y es poco cuestionada. Lo que se hace desde sede política provoca discusión, debate… En cambio, lo que se hace en sede judicial pasa más desapercibido y, además, no necesita de una deliberación democrática, imprescindible en la sede política.
¿Qué le parece el hecho de que la política española dependa tanto de las decisiones judiciales?
Es lo más antidemocrático que puede existir en un sistema constitucional. Es un problema que también existe en otros países con un sistema parecido al español. Son sistemas pensados para limitar la capacidad de decisión de la ciudadanía.
La vía jurídica puede ser muy arbitraria. Y el problema actual será difícil de desjudicializar
¿Qué espera de la sentencia del procés que caerá en los próximos días?
No lo sé… No tengo información privilegiada… En cualquier caso, si me preguntaran como se podría reconducir eso, no tengo ni idea de cómo se podría hacer, cuando el problema ja se ha recluido en vía judicial. La vía jurídica puede ser muy arbitraria. Y el problema actual será difícil de desjudicializar. La judicialización no sólo la deciden los jueces, sino también las fuerzas políticas. En estos términos el conflicto va a empeorarse.
¿Puede derivar también en problemas en Europa?
Si la sentencia se adelanta a la consulta prevista a Luxemburgo sobre la inmunidad de los europarlamentarios esto puede agravar el problema. A menos que Luxemburgo se muestre muy deferente con los Estados. Nos estamos metiendo en callejones sin salida que van a crear más conflicto que pacificación.
¿Ha habido vulneración de derechos de los procesados?
Si un procesado en plenitud de sus derechos se presenta a Estrasburgo y gana un escaño, el derecho que manda es el europeo. Y en el derecho europeo no se recoge que para ser europarlamentario se haya de jurar la Constitución española. Luxemburgo si es mínimamente razonable va a reconocer la inmunidad de Junqueras. En realidad, no se debería exigir un juramento ni para ser eurodiputado ni para nada, esto es discutible incluso constitucionalmente.
Una sentencia absolutoria también produciría una reacción imprevisible de los poderes del Estado
¿Podría darse la absolución de los presos?
Lo que se pide desde Catalunya, la absolución, sería pensable quizá antes de la proclamación de independencia. Ahora ya no. Una sentencia no absolutoria generará protestas en Catalunya. Pero, por otra parte, una sentencia absolutoria también produciría una reacción imprevisible por parte de los poderes del Estado. El conflicto es inevitable en el punto en que estamos.
¿El poder judicial puede complicar una salida al problema catalán?
Hay una historia solapada de degradación de la Constitución por la justicia española. Cuando se mira el escenario político se cree que con el diálogo entre fuerzas la solución sería fácil. Pero no lo es, porque el escenario jurídico también está tremendamente corrompido. El problema, ahora, no sólo es político. Y esto lo complica todo todavía más.