La Comissió de la Dignitat  ha dirigido una carta al ministro de Cultura, José Guirao, donde reclama que se haga efectiva la transferencia a la Generalitat de determinados documentos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil, en Salamanca. Dos meses después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia de la Audiencia Nacional para que se devuelvan los papeles, avisan de que plantearán este incumplimiento ante las Naciones Unidas si no hay movimientos. El coordinador de la Comisión de la Dignidad, Pep Cruanyes, ha señalado en declaraciones en la ACN que aunque el de Pedro Sánchez sea un gobierno en funciones, "eso no les exime de cumplir las sentencias". Cruanyes ha explicado que recurrir a las Naciones Unidas sería "una manera de poner en evidencia ante el ámbito institucional que el Estado español no cumple las obligaciones que tiene asumidas como miembro de la ONU".

A la carta, en la cual ha tenido acceso la ACN, reprochan que dos meses después de ser dictada la sentencia todavía no se haya ejecutado. "Es un deber incumplido", señalan desde la Comisión, que recuerdan que "el retraso todavía es más grave, ya que afecta al deber del estado de hacer justicia con las víctimas de la represión franquista". Insisten en que se tienen que transferir de manera definitiva y urgente los documentos que retienen todavía al archivo de Salamanca. Desde la entidad recuerdan que el relator de las Naciones Unidas Pablo de Greiff ya hizo una reclamación en esta línea hace años.

 

Para Cruanyes, este es un "acto de justicia" y ha sugerido al Gobierno que si quiere hacer acciones "de lucimiento" de memoria histórica, devuelva la documentación. "Eso sería acción de memoria histórica efectiva", ha aseverado el coordinador, que cree que no se puede hablar de restituir la memoria de las víctimas del franquismo cuando el ejecutivo "rindió" esta documentación que "está en sus manos". "Emprenderemos las acciones que sea en cumplimiento de la ley de memoria," ha dicho.

Reclaman, por lo tanto, la restitución de los fondos acordados por la comisión mixta, también los documentos de justicia y de orden público; o la transferencia de la documentación correspondiente a varios departamentos de la Generalitat localizados en el archivo militar de Ávila. De acuerdo con lo que establece el vigente Estatuto de Economía y en cumplimiento de la Memoria Histórica, reclaman la transferencia a la Generalitat la gestión de los archivos del gobierno civil y de la brigada de orden público franquista, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a la documentación de la represión franquista.

Entre la documentación reclamada también está la restitución de los documentos requisados de varios ayuntamientos catalanes. "No tiene ningún tipo de sentido que hoy se tenga información requisada, como el libro de actos de las sesiones municipales del Ayuntamiento de Sort", ha cargado Cruanyes. Finalmente, piden la transferencia a la Generalitat de la gestión de los archivos del gobierno civil y de la brigada de orden público franquista.

El coordinador de la Comissió de la Dignitat también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno reclame a los tribunales que ejecuten la sentencia.

Esta no es la primera misiva que la Comisión envía al ministro, a quien ya se dirigieron cuando lo nombraron. Cruanyes ha denunciado que, en aquel momento, se los emplazó más adelante para hablar, pero no pasó.