Madrid, 7 de enero de 1936. Hace 87 años. Niceto Alcalá-Zamora, primer presidente de la II República española, decretaba la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. El escándalo del Estraperlo, que había estallado unos meses antes (septiembre, 1935) había dinamitado la coalición de derechas e involucionista que gobernaba la República desde los comicios generales de noviembre de 1933. El PRR de Lerroux, especialmente implicado en aquel escándalo de corrupción, se hundía en una crisis de final incierto. Pero su principal socio de gobierno, la CEDA de Gil-Robles; lo contemplaba como una gran oportunidad. Su estrategia implicaba retirar a los ministros del Gobierno, provocar la caída del Ejecutivo, forzar la convocatoria de elecciones anticipadas, concentrar todo el voto de la coalición, ganar los comicios ampliamente, y gobernar en solitario.
Catalunya, el tumor maligno que amenazaba la unidad de España
Pasados dos años de la proclamación de la República (abril, 1931) el paisaje político español estaba muy crispado. La derecha sociológica (el poder económico, las jerarquías eclesiásticas, los mandos militares y las clases populares de ideología tradicionalista), se habían rebelado contra las políticas innovadoras y progresistas de los gobiernos precedentes. Pero el foco del descontento lo habían situado, especialmente, sobre las leyes que consagraban la no confesionalidad del Estado; y sobre el autogobierno de Catalunya que, en aquel momento, era el único territorio autónomo de la República. Con el impagable apoyo de una parte importante del aparato mediático, habían demonizado la laicidad del Estado y el autogobierno de Catalunya; y los mostraban como dos tumores malignos que amenazaban la unidad y la supervivencia de España.
La derecha española ganaría la batalla del relato
El anticatalanismo siempre ha tenido mucha predicación en las Españas. Cuando menos, desde el siglo XVII (Quevedo; Olivares; Los Vélez e, incluso, Felipe IV). Y eso es lo que pasó durante el bienio 1931-1933. La derecha política y sociológica española adoptó el anticatalanismo como el instrumento que los tenía que conducir al poder. El 27 de julio de 1932, mientras el texto estatutario catalán era debatido —¡¡¡y recortado!!!— en las Cortes republicanas, las Cámaras Agrarias de Castilla organizaban un gran mitin contra el autogobierno catalán en la plaza de toros de "Las Ventas" de Madrid; que sería la manifestación más multitudinaria —hasta entonces— de la historia de la capital española. Aunque el Estatut catalán sería notablemente esquilado por las Cortes españolas (¡¡¡de mayoría socialista!!!), la derecha política y sociológica acabaría ganando la batalla del relato.
Alea jacta est, Catalonia
El 19 de noviembre de 1933 se celebraban elecciones. Los socialistas (PSOE y PRRS) se hundieron. Pero la Confederación Española de Derechas Autónomas —CEDA— (un batiburrillo de partidos regionales monárquicos y confesionales), creada ocho meses antes de las elecciones por el anticomunista José María Gil-Robles; obtenía 115 diputados y se convertía en el ganador de aquellos comicios. Además, el Partido Republicano Radical —PRR— (la formación anticatalanista liderada por el oportunista Alejandro Lerroux), mejoraba resultados y, con 104 diputados, se situaba en segunda posición. La CEDA y el PRR, con el Partido Agrario Español —PAE—, una reliquia política liderada por Martínez de Velasco (36 diputados y cuarta posición) formarían el gobierno —presidido por Lerroux— que dirigiría la República durante el Bienio Negro (1934-1936): Alea jacta est, Catalonia.
Los Hechos de Octubre de 1934
La formación de la coalición involucionista no sería efectiva hasta pasados once meses de las elecciones. El 4 de octubre de 1934; Lerroux, Gil-Robles, y Martínez de Velasco; con la participación, a última hora, de Melquíades Álvarez (del Partido Republicano Liberal Demócrata, que se disputaba el electorado con el PRR); formalizaban un gobierno de coalición que resultaría letal para Catalunya. Solo dos días más tarde (6 de octubre de 1934), el president Companys proclamaba el Estado catalán dentro de la República federal española. En este punto, es importante destacar que aquella proclama no tenía un componente independentista. Lo que pretendía Companys era sumar apoyos—sobre todo en el País Valencià, Euskadi, Navarra y Galicia, que estaban redactando sus Estatutos—, y forzar una nueva arquitectura política del Estado hacia un mapa federal.
El encarcelamiento del gobierno de Catalunya y la intervención de la Generalitat
La respuesta del Gobierno de la coalición involucionista fue trasladar el conflicto a las calles. Barcelona vivió una guerra urbana con el ejército español desplegado por la ciudad que se saldaría con 74 muertos, 252 heridos, más de 3.000 arrestados; y la detención y encarcelamiento del gobierno de Catalunya. La Generalitat fue intervenida, el Parlament fue clausurado, y los alcaldes y concejales de los partidos que habían dado apoyo a la proclama de Companys, fueron destituidos y sustituidos por militantes, principalmente, de la Liga Regionalista. La histórica formación de Prat de la Riba y de Domènech i Muntaner, que había sido el partido hegemónico en Catalunya durante las décadas de los 10 y de los 20, era una triste sombra de un pasado de gloria; y sus líderes vieron en aquella oleada represiva la oportunidad de remontar el vuelo.
¿La desactivación de la bomba catalana?
El 6 de junio de 1935, el Tribunal Supremo sentenciaba a treinta años de prisión al president y los consellers del gobierno de Catalunya. La prensa de la época revela que los líderes de la coalición involucionista y los magistrados del Tribunal condenatorio vivieron un verano instalados en la euforia más absoluta. Proclamaban que, por fin, habían desactivado la bomba catalana; y que, por fin también, habían restaurado el orden constitucional en Catalunya. Mientras tanto, el president Companys y los consellers Mestres, Lluhí, Comorera, Casanovas, Esteve, Gassol y Barrera; cumplían condena en la prisión de Puerto Real (Andalucía); la Generalitat había sido convertida en un zombi político, y se le había encomendado la dirección a Joan Pich i Pon, un indigente intelectual y un corrupto colosal, militante del PRR de Lerroux y nombrado a dedo por el gobierno central.
El Estraperlo
No obstante, aquel verano "glorioso" acabó repentinamente con el estallido de otra bomba: el escándalo del Estraperlo. El 5 de septiembre de 1935 (tres meses después de la sentencia en el gobierno de Catalunya), la prensa filtraba que una serie de personajes del gobierno de la República participaban en una trama que se repartía los beneficios de unas ruletas fraudulentas que los norteamericanos Strauss y Perlowitz había instalado en los casinos de Donostia y de Mallorca. Pasados ochenta y ocho años, ya se sabe que Strauss y Perlowitz, dos empresarios judíos de éxito muy vinculados con las mafias de Nueva York, se reunieron con Lerroux con la intercesión de los dirigentes de la CNT-FAI catalana (el sindicato anarquista). Y que fueron los dirigentes de la CEDA los que, posteriormente, filtraron el escándalo a la prensa.
La caída del Gobierno
Lo que también está bastante claro es que Alcalá-Zamora tuvo constancia de aquella red de corrupción por la avaricia de Lerroux y su contubernio. La trama, formada por el mismo Lerroux, su sobrino y secretario personal Aurelio; el ministro de gobernación Rafael Salazar Alonso (del PRR, naturalmente), el indocumentado Pich i Pon ("el enterrador" de Catalunya) y uno de los hijos del anticatalán Blasco-Ibáñez; se negaron a pagar la parte que les tocaba a Strauss y a Perlowitz. Los norteamericanos, ofendidos, delataron la trama a presidencia de la República. Y Alcalá-Zamora, entre la sorpresa y la indignación, consultó a Gil-Robles, que se negó a relevar a Lerroux. La CEDA hizo sus cálculos y vio la posibilidad de fagocitar al PRR. Pero, para hacer eso, era necesario hundir a Lerroux y su partido hasta la fosa más profunda del infierno.
La convocatoria de elecciones
El 7 de enero de 1936 (cuatro meses después del estallido del escándalo); Alcalá-Zamora disolvía las Cortes y convocaba elecciones. Lerroux sabía que era un cadáver político y Gil-Robles se frotaba las manos. Pero los resultados de los comicios del 16 de febrero de 1936 (los últimos de la época republicana) no fueron como esperaba la CEDA. En España el Frente Popular; y en Catalunya el Front d'Esquerres (liderado por el president Companys desde la prisión) ganaban las elecciones. La CEDA perdió una cuarta parte de su representación; el PAE, las tres cuartas partes de sus actas electorales; y el PRR, el partido de Lerroux y de la corrupción, el 95% de sus butacas en las Cortes. En Catalunya, la colaboracionista Lliga Regionalista perdía el 50% de sus apoyos. Y el 1 de marzo de 1936, el president Companys llegaba a Barcelona y reabría la Generalitat.
De las elecciones a la guerra
La derecha sociológica española no aceptó nunca las consecuencias de aquella derrota electoral. No fue el asesinato del político nacionalista español Calvo-Sotelo (13 de julio de 1936), lo que provocó el golpe de estado militar y la guerra civil que se saldaría con un millón de muertos. Fue la amnistía al president y a los consellers de la Generalitat; la restauración del gobierno de Catalunya; la reapertura del Parlament de Catalunya; y la normalización de la vida política en los ayuntamientos catalanes. La derecha sociológica española —el nacionalismo español— se tiró a ganar por la fuerza de las armas aquello que no había podido ganar con la fuerza de los votos. Se lanzó a una guerra para liquidar violentamente y definitivamente aquella Catalunya que la derecha política —envuelta en una lucha de egos— no había podido derrotar en las urnas.