Un documento insólito revela "el inicio del final" de la caza de brujas en Catalunya, según ha demostrado Josep Capdeferro, profesor de Historia del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). De acuerdo con la investigación, alrededor de 1620 se produjo un debate entre partidarios y detractores de las acusaciones en torno a los supuestos crímenes de brujería.
❓ Catalunya, ¿origen de las cazas de brujas en la edad media?
Es bien sabido que Catalunya es uno de los lugares pioneros con respecto a la aparición de las legislaciones específicas documentadas contra los crímenes y los procesos de brujería, como lo demuestra la reciente celebración del sexto centenario de las Ordinacions d'Àneu (1424) —el primer instrumento jurídico en Europa que reguló minuciosamente este ámbito—. Pero lo que nos importa aquí es que dos siglos más tarde, ya en plena Edad Moderna, el ambiente intelectual empezó a cambiar.
Capdeferro analizaba en el Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic una colección con más de 180 volúmenes de impresos jurídicos entre los siglos XVI y XIX sin catalogar y tropezó con un documento insólito: Iuris responsum pro Catherina Frexer et de Prat, termini Artes, parochiae Sanctae Mariae de Horta, diocesis Vicensis, uxore Iacobi Frexer. "Nunca había pensado que en medio de impresos jurídicos como estos, que se solían presentar a tribunales de primer orden, un día encontraría un documento sobre brujería", ha explicado el investigador.
Firmado por catorce de los juristas más prestigiosos de la Catalunya Moderna (Pere Antoni Jofreu, Jaume Càncer y Pere Fontanella), se trata de un escrito de alegación en defensa de Caterina Freixa. Freixa era una mujer joven de clase acomodada que vivía en la parroquia de Santa Maria d'Horta, en el término de Artés (actualmente, en el municipio de Avinyó, en el Bages). Se había casado con un pequeño propietario rural cuando fue acusada de brujería, inicialmente por una vecina, que la culpaba de haber extirpado parte del hígado de un niño mediante artes diabólicas y sin dejar cicatriz. "Esta alegación a Freixa es técnica, bien fundamentada jurídicamente, irritada y al mismo tiempo irónica contra los supersticiosos", ha apuntado el profesor.
El escrito encaja y complementa otro documento que todavía no había sido analizado, pero que con el hallazgo de Capdeferro adquiere todo el sentido: la réplica a la alegación anterior, hecha por Felip Vinyes (abogado y fiscal acusador), centrada en el testimonio de catorce mujeres (presuntamente, brujas confesas). Todas ellas habían testificado e inculpado la acusada en cadena, "seguramente con declaraciones obtenidas bajo tortura", con el objetivo que el proceso contra Freixa se completara y condujera a una condena de muerte.
En casos como este, el catálogo de delitos se podía ampliar con acusaciones, como provocar granizadas que devastaban campos o mataban animales, renegar de la fe, hacer adoración y un pacto con el demonio, herejía... En cualquier caso, la alegación de réplica se titula Iuris responsum pro Procuratore Fiscali Baroniarum Mensae Episcopalis Vicen, contra Catherinam Frexa delatam de crimine lamiatus, seu strigiatus y es "técnicamente mucho más pobre, oscurantista, a ratos parece un 'tratado de demonología' y lleva un dictamen incorporado, donde un doctor en medicina conocido en la época (Joan Francesc Rossell) afirma que se podía seccionar parte del órgano de una persona y que siguiera viviendo unas horas o días", ha explicado el investigador.
El 10 de enero de 1619, el jesuita Pere Gil había entregado un documento al virrey duque de Alburquerque en contra de la caza de brujas. Pero Freixa fue detenida el 8 de noviembre de aquel mismo año, con un alto riesgo que fuera condenada después de un proceso cargado de arbitrariedades y confesiones bajo tortura de otras acusadas de brujería. Eso hizo que el abogado Jofreu y compañía dieran un paso adelante: "¡Basta! ¡Tenemos que contribuir a parar esta barbarie que desde hace demasiado tiempo fundamenta gente supersticiosa y se ejecuta en tribunales menores, sin garantías judiciales!", ha enfatizado el profesor. Si el escrito en defensa de Freixa estaba firmado por catorce juristas importantes, vinculados a la Generalitat y posiblemente influidos por la Compañía de Jesús, es porque en grandes debates jurídicos o políticos de aquella época (principios del siglo XVII) era habitual que el abogado que llevaba un caso buscara el apoyo de compañeros para hacer más presión sobre el juez o la opinión pública.
Según Capdeferro, el debate que hubo entre 1619 y 1622 debió ser como lo que ahora denominamos "guerras culturales". "O veías clarísimamente una cosa, o la otra", ha resumido. Como ejemplo, al principio de 1620 hubo cuatro obispos declaradamente contrarios a las persecuciones de brujas y dos manifiestamente favorables (entre ellos, el de Vic), dentro de la diócesis en la que estaba detenida Freixa. De momento, el investigador todavía no ha podido encontrar ningún documento explicativo de cómo acabó el caso, pero él continúa la investigación. A estas alturas, lo único que se sabe es que en 1622 fue trasladada de Artés a Barcelona.