El Institut d'Estudis Catalans, la Real Academia Galega y el Euskaltzaindia han hecho pública hoy una declaración donde advierten que "estado español tiene que considerar la diversidad lingüística como una riqueza a preservar y no como un problema a suprimir".
La declaración conjunta se ha publicado con la intención de contribuir a aclarar el debate público sobre la presencia de las lenguas en la educación y en el conjunto de la realidad social. En el texto advierten que para asegurar el futuro del catalán, el euskera y el gallego "necesitan una presencia reforzada en el sistema educativo, que de ninguna manera ha redundado ni redundará en detrimento de la competencia en castellano".
En defensa de las competencias autonómicas lingüísticas
Las instituciones, con responsabilidades oficialmente reconocidas en la defensa y la promoción de las lenguas que cada uno de ellos representa, reivindican su papel como asesores de las instituciones del estado español y declaran estar dispuestos a contribuir a una deliberación "pública informada y racional, en pro del respeto mutuo y de la convivencia entre las comunidades lingüísticas".
L'@AcademiaGalega, @plazaberri i l’Institut d’Estudis Catalans reivindiquen el plurilingüisme com un patrimoni comú.
— IEC (@iec) February 10, 2021
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Los tres organismos critican que "las estudiantes y los estudiantes tienen que conocer el castellano en igualdad con la lengua propia de cada una de ellas, un objetivo que ha sido plenamente garantizado por los diferentes modelos que han sido aplicados. En cambio, no todos estos modelos han garantizado el mismo objetivo para el catalán, el euskera y el gallego". Por este motivo, piden que se siga respetando "en coherencia con el principio de autonomía" la competencia de estas para gestionar la defensa de las lenguas oficiales del territorio.
La Real Academia Galega, el Euskaltzaindia y el Instituto de Estudios Catalanes, reclaman ser consultadas por las instituciones del estado español, al mismo tiempo que se ponen a su disposición. "Es nuestro ánimo contribuir a una deliberación pública informada y racional, en pro del respeto mutuo y de la convivencia entre las comunidades lingüísticas y los hablantes de las diversas lenguas del Estado español, un estado que tiene que considerar la diversidad lingüística como una riqueza a preservar y no como un problema a suprimir", concluyen.