Madrid, 1 de noviembre de 1700. Hace 324 años. El rey Carlos II moría sin descendencia y el cardenal Portocarrero, ministro plenipotenciario de la monarquía hispánica, abría el testamento que el difunto rey había otorgado el 3 de octubre anterior. En aquel testamento se decía "en caso de que Dios me lleve sin dejar hijos, declaro sucesor al Duque de Anjou (Felipe de Borbón), hijo segundo del Delfín (el primogénito y teórico sucesor de Luis XIV). Con la coronación de Felipe V (1701) ponía fin a casi dos siglos de reinados Habsburgo (1518-1700) y se inauguraba una nueva etapa dominada por la tutela —política y económica— que Versalles ejercería sobre la monarquía hispánica (1700-1808). ¿Era eso lo que realmente, había querido Carlos II? ¿Era legal el testamento que llevaría al Borbón a Madrid? ¿O había sido falsificado?
Carlos II y su capacidad real de decisión
Carlos II estaba afectado por importantes déficits congénitos —físicos e intelectuales— que no se interpretarían como un impedimento para ser coronado, pero que serían lo bastante evidentes para llamar la atención de todas las cancillerías de Europa. Uno de los nuncios papales destacados en la corte de Madrid durante su reinado diría de él: "El rey es más bien bajo (...) feo de rostro; tiene el cuello largo, la cara larga y como encorvada hacia arriba; el labio inferior típico de los Austria (...). No puede enderezar su cuerpo cuando camina, a menos que se apuntale en una pared, mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. De vez en cuando da señales de inteligencia, de memoria y de cierta vivacidad. Normalmente tiene un aspecto lento e indiferente, manazas e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se quiera, ya que carece de voluntad propia".
Entonces, ¿quién gobernaba —realmente— en la corte de Madrid?
La cancillería de los Habsburgo tenía una larga tradición de validos; unos ministros plenipotenciarios que, por desidia o por incapacidad del monarca, habían sido los verdaderos gobernantes del edificio político hispánico. Felipe III (abuelo de Carlos II) había "delegado" en Francisco de Sandoval, duque de Lerma (1598-1618), que pasaría a la historia como el inventor y el primer beneficiario del fenómeno de la "burbuja inmobiliaria". I Felipe IV (padre de Carlos II) había "delegado" en Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares (1622-1643), un incendiario que fabricaría la Guerra Hispanofrancesa (1635-1659) y la Guerra de Separación de Catalunya (1640-1652/59), que pondrían fin al liderazgo mundial que la monarquía hispánica ostentaba desde 1519. Carlos II no sería menos y "delegaría" el poder en el cardenal Luis Fernández Portocarrero (1678-1700).
Portocarrero y Oropesa
El cardenal Portocarrero sería el auténtico gobernante del edificio político hispánico durante el último cuarto del siglo XVII. Cuando todas las cancillerías europeas ya tenía asimilado que Carlos II no engendraría a un sucesor (junio, 1696) había participado activamente en la construcción de una solución de compromiso (el nombrado del pequeño José Fernando de Baviera). Pero a principios de 1698 se produciría un golpe de Estado palatino, promovido por la reina Marianna (segunda esposa de Carlos II y contraria a la influencia de Portocarrero) que conduciría Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, a la presidencia del Consejo de Castilla (el gobierno del poder central hispánico). A partir de aquel momento, la corte de Madrid se convirtió en un inquietante escenario de conflicto entre dos partidos cortesanos que estaban enfrentados; sin embargo, todavía no por cuestiones sucesorias.
La guerra cortesana
La inesperada y sospechosa muerte del pequeño bávaro, un niño de solo ocho años, pero con un futuro muy comprometido (febrero, 1669) abrió la caja de los truenos. Los dos partidos cortesanos posicionaron, claramente, a favor de sus respectivos candidatos al trono que, desde una siniestra sombra, trabajaban, desde hacía tiempo, imaginando aquel nuevo escenario. Oropesa, con la inestimable ayuda del embajador germánico Alois-Thomas de Harrach, forjó un partido cortesano que defendía la sucesión a favor de Carlos de Habsburgo (segundo hijo del emperador Leopoldo I, el primo-hermano de Carlos II). Y Portocarrero, con la impagable colaboración del embajador francés Henri de Harcourt, articuló un partido cortesano que defendía la sucesión a favor de Felipe de Borbón (nieto primogénito de la reina María Teresa de Francia, la hermanastra de Carlos II).
La proximidad consanguínea de los candidatos importaba un rábano
Pero aquella guerra "sucesoria" no consistía en defender al candidato más próximo, familiarmente, a Carlos II; como ha predicado insistentemente cierta historiografía española. A la gente del partido de Oropesa o del partido de Portocarrero les importaba un rábano si el hijo del emperador o el del delfín eran más próximos o más lejanos a Carlos II. No era una cuestión de legitimidad; sino que cada uno representaba un modelo de Estado claramente diferenciado. El Habsburgo —que venía del rompecabezas romanogermánico— proponía la proyección hacia el futuro de la tradicional arquitectura foral del edificio político hispánico (hoy, diríamos confederal); Y el Borbón —que venía de una Francia en pleno proceso de homogeneización y centralización— proponía la reducción de la monarquía compuesta hispánica a un edificio político unitario y de fábrica castellana.
La cultura punitiva en la corte de Madrid
No hay que decir que, en aquel escenario cortesano de Madrid, dominado por una cultura punitiva hacia las sociedades que habían impulsado revoluciones independentistas —interpretadas y combatidas como una traición a la unidad del Imperio (Países Bajos neerlandeses, Catalunya, Portugal, Nápoles, Sicilia)—; el partido borbónico que lideraba Portocarrero se volvió ampliamente mayoritario. Y los indecisos bascularon hacia el partido borbónico gracias a la generosidad de Luis XIV y a su política de compra de voluntades. Además, se produjo un hecho que desequilibró, definitivamente la balanza: el 28 de abril de 1699, Portocarrero y Harcourt fabricaron el llamado Motín de los Gatos, una revuelta popular contra la crisis y el hambre que afectaba a las clases populares de la "villa y corte" y que acabaría con la casa familiar y la carrera política de Oropesa carbonizadas.
El dudoso testamento a favor del Borbón
El 3 de octubre de 1700, Portocarrero ya hacía meses que maniobraba con absoluta impunidad por los pasillos de la corte. Y Carlos II no solo era un rey con un cuerpo y una mente débiles y debilitados por el paso del tiempo; que solo daba señal de inteligencia esporádicamente y que no tenía voluntad propia; sino que ya era un auténtico despojo humano que llamaba a las puertas de la muerte. Entonces, el interrogante no es solo, "cómo es posible que la marca del Rey aparezca con un trazo firme, propio de una persona sana y vigorosa?"; sino que la cuestión de verdad, la principal, sería, "¿cómo era posible que a una persona con toda aquella batería de déficits y en un estado de debilidad extrema, se le permitiera un acto tan trascendente?", que reveladoramente era la modificación del último testamento vigente; otorgado el 1698 a favor de Carlos de Habsburgo.
Portocarrero, el principal sospechoso
Todas las sospechas recaerían sobre Portocarrero. En las cancillerías europeas de la época (excepto en la de Versalles, por razones obvias), nadie se lo creyó. Incluso, una parte importante de la investigación historiográfica moderna lo señala como el autor de aquel presunto fraude. Sea como sea, los Borbones serían llamados a representar el papel de garantes de la unidad de un imperio que, inevitablemente, se rompería y se descolonizaría desde el mismo momento en que Felipe V puso sus borbónicas nalgas en el trono de Madrid. Posteriormente (siglos XIX en XXI), a los Borbones se les ha reservado el papel de icono de la España castiza, de arquitectura jacobina, de expresión castellana y de fábrica liberal; heredera ideológica —adaptada al tiempo— del partido cortesano de Portocarrero. ¿El testamento que llevó a los Borbones al trono hispánico estaba falsificado?