En Aragón PSOE y PP se han alternado en el gobierno regional y las políticas públicas de promoción económica, industrial y energética se han mantenido sin demasiadas discrepancias. Fruto de este tipo de consenso, Aragón ha disparado en la última década su competitividad. Se ha convertido en un hub logístico de referencia y es productor principal de energías renovables. Un proyecto de éxito son los PIGAS (Planes y Proyectos de Interés General para Aragón). Por decirlo rápido, el gobierno de la Comunidad pone a disposición de quien tenga una buena iniciativa un funcionario para que el emprendedor no tenga que preocuparse de ningún trámite burocrático. Y además es necesario tener en cuenta los incentivos fiscales que se ofrecen a los nuevos inversores.

Con todo esto no debe extrañar que los empresarios sobre todo del Segrià, pero también del Barcelonès, se sientan seducidos por la oferta aragonesa, dado que en el Principat todo es más caro y más complicado. Y una de las razones de que así sea es la falta de un consenso político básico respecto a los proyectos que deben hacer progresar el país. Un ejemplo fácil es la cuestión de las energías renovables. Todo el mundo es partidario de la transición energética, pero la politiquería, las plataformas de oscuros intereses y la cobardía de los Governs han bloqueado cualquier proyecto que haya surgido, hasta el punto que la producción catalana de energía limpia no llega a la tercera parte de la que produce Aragón. Aquí se habla mucho de independencia, pero Catalunya es absolutamente dependiente desde el punto de vista energético, a diferencia de Galicia o Aragón.

Catalunya sufre una suerte de hostilidad transversal que hace imposible vertebrar un proyecto de país mínimamente común. Ahora no está nada claro si el futuro de Catalunya pasa por más industria o por todo lo contrario. Industrializar o desindustrializar, descarbonizar, volver a la agricultura, con agua de ríos o de mar, plantas eólicas, fotovoltaicas o de gas. En trenes o aviones, tranvías o metro, coches, bicicletas o patinetes. ¿Hacia dónde va Catalunya? Desgraciadamente, parece que todos contra todos y contribuye a ello la incapacidad de los interlocutores que se arrogan la representación del país. Este es el mal.

Catalunya sufre una especie de hostilidad transversal que hace imposible vertebrar un proyecto de país mínimamente común. Ahora no está nada claro si el futuro de Catalunya pasa por más industria o por todo lo contrario

Esta incapacidad afecta al conjunto de fuerzas políticas, especialmente a las que gobiernan y han gobernado, es decir PSC, ERC, Comuns y Junts. Mención especial merece Comuns, que sin un proyecto concreto, su estrategia para existir políticamente consiste en agitar las protestas para figurar al frente de cualquier manifestación y, cuando puede, vetar y/o bloquear proyectos, que es una forma de ni hacer ni dejar hacer. Sin embargo, lo que resulta paradigmático es la hostilidad de los grupos independentistas a los que debería suponerse alguna afinidad. Al contrario. Como se ha comprobado esta semana en el Congreso de los Diputados en el falso debate de la reforma fiscal, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han vuelto a hacer el ridículo recordando a Pedro Sánchez que quien con críos se acuesta, mojado amanece. Aunque como suele ocurrir, finalmente Sánchez se ha salido con la suya tomándole el pelo por enésima vez al milhombres del izquierdismo

Junts y ERC son dos partidos que se definen principalmente como independentistas. Teniendo en cuenta que la independencia no la puede hacer un partido por su cuenta, sería lógico que al menos ante las instituciones del Estado adoptaran alguna estrategia conjunta y resulta que es precisamente en el atril del Congreso de los Diputados donde los diputados catalanes más se pelean, para disfrute y regocijo del resto de parlamentarios. "Ahora, no se nos respeta", dijo Pujol el otro día. ¿Y pues?

Sería lógico que ante las instituciones del Estado Junts i ERC adoptaran alguna estrategia conjunta y resulta que es precisamente en el atril del Congreso de los Diputados donde más se pelean, para disfrute y regocijo del resto de parlamentarios.

La cuestión era convertir en fijo el impuesto extraordinario y temporal aplicado a las empresas energéticas que en Catalunya afecta principalmente a Repsol. La compañía que preside Antoni Brufau tiene prevista una inversión de 1.100 millones de euros en el complejo industrial de Tarragona y amenaza con ubicarla fuera de territorio español, alegando que con el impuesto la inversión ya no saldría a cuenta. Repsol declaró el pasado año 3.168 millones de beneficios. De sus instalaciones tarraconenses dependen 2.800 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Obviamente, esto no lo legitima para chantajear a la mayoría democráticamente expresada, pero las grandes compañías no buscan legitimidad sino beneficios y también tienen algo de razón cuando recuerdan que sus beneficios revierten en el país.

Para los partidos catalanes, pero sobre todo para los partidos independentistas, lo importante debería ser si la inversión de Repsol es buena, mala o necesaria para el país. Sin embargo, en vez de analizar ventajas e inconvenientes del proyecto de Repsol y de los efectos reales del impuesto a la compañía, la discusión principalmente planteada por el diputado Rufián y su subordinada era un combate de la izquierda contra la derecha. Como ERC es un partido de izquierdas pretende levantar la voz más que nadie —aunque al final la haya superado Podemos— en defensa de que las poderosas empresas eléctricas paguen más impuestos, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, para que quede claro que Junts per Catalunya es un partido de derechas defendiendo como defiende los intereses de Repsol. ¿Y qué decía Junts? Que el proyecto de Repsol es fundamental para el área de Tarragona y no debe ponerse en peligro porque la inversión son millones que se quedan en Catalunya y el impuesto es dinero que se va a Madrid sin repercutir en Catalunya.

A pesar de todo, después de unos días de negociaciones y muchas demagogias, Pedro Sánchez ha logrado el voto favorable y simultáneo de Junts y de ERC. Por el momento no hay impuesto como exigía Junts. Para que se lo traguen ERC y Podemos, les han prometido una nueva negociación de aquí a fin de año y que si no hay consenso se aprobará un impuesto por decreto. ¡Eh!, pero todo el mundo ha aceptado que el maldito impuesto “no gravará las inversiones que se comprometan con la descarbonización”. ¡Acabáramos! ¡Haber empezado por aquí! Con la descarbonización se ha comprometido todo el mundo: organismos internacionales, Estados, gobiernos y empresas multinacionales, pero la cosa va como va y no todo el mundo cumple. Eso sí, basta con mirar los anuncios de las eléctricas, que para vender luz parecen oenegés jurando y perjurando su compromiso con el medio ambiente. El argumentario del proyecto de Repsol señala que la compañía pretende transformar residuos en biocombustible y la inversión incluye una instalación para producir hidrógeno verde. Ambas iniciativas tienen como objetivo descarbonizar el transporte y la actividad de la petroquímica de Tarragona. Queda claro, pase lo que pase de aquí a fin de año, que Repsol no pagará el impuesto maldito... y sí, las eléctricas siempre ganan.