"Han presentado como un éxito lo que es un fracaso de la Generalitat y de su partido (referido a CiU). Dos de cada tres catalanes, menores y extranjeros, les han ignorado". 9-N. 2.344.828 personas -mayores de 16 años- participaban en la consulta sobre la independencia de Catalunya. Y con estas declaraciones -una puñalada a las matemáticas- se despachaba Soraya Sáenz de Santamaría en la cámara senatorial de Madrid. La vicepresidenta del Gobierno español, en su papel de guardiana de la ortodoxia constitucionalista -que en el Estado español equivale a decir nacionalista-, salía al paso para llenar el revelador vacío de silencio de Mariano Rajoy, presidente del ejecutivo español, en las horas posteriores a la celebración de la consulta.

Pasada la estupefacción inicial, el aparato de Estado activaba toda la maquinaria judicial. Y mediática. El considerado "fracaso" catalán era, sorprendentemente, elevado a la categoría delictiva y a la naturaleza diabólica. La judicialización de la consulta quería ser también la del procés. La negación de la política. Y de los valores democráticos. España -la testosterona hispánica de la que hablaba Unamuno- mostraba a Catalunya -y al mundo- que el hábito inquisitorial que ha vestido su historia no había sido devorado por las polillas. Mas (con Ortega y Rigau) en su calidad de president de Catalunya sería encausado y cubierto con el capirote de la herejía. No era la primera vez que un president de Catalunya era juzgado. Macià y Companys lo precedían en la historia reciente.

Tres presidentes catalanes juzgados en la historia reciente, Francesc Macià, Lluís Companys y Artur Mas

1927: Macià, el complot de Prats de Molló

 

El año 1926 Catalunya vivía bajo los efectos de la dictadura de Primo de Rivera. La Mancomunitat -el órgano preautonómico creado en 1914- había sido clausurada. El Gobierno español, en plena ofensiva involucionista, había desatado una persecución sistemática y brutal contra cualquier manifestación -política y cultural- catalana. En este contexto Francesc Macià ideó un plan para liberar Catalunya: la independencia. Durante meses buscó financiación en América, entre los catalanes que habían hecho fortuna allí. Y consiguió reunir más de 8 millones de pesetas, el equivalente actual a 50 millones de euros. Creó un potente aparato de propaganda clandestina, compró armas e instruyó a 500 voluntarios que tenían que iniciar la revolución independentista en la Garrotxa.

Francesc Macià, a la derecha, en el juicio en París el año 1927

El sueño romántico de Macià quedó en nada. Cuando se disponían a atravesar la frontera -en Prats de Molló- un nieto del héroe italiano Garibaldi infiltrado entre los voluntarios delató la operación al duce Mussolini. La gendarmería francesa abortó el plan, y Macià y 16 activistas dirigentes de Estat Català fueron detenidos y juzgados en París. El Estado francés no quiso problemas con los regímenes autoritarios de Madrid y de Roma. Y lo acabó con un juicio rápido (20-22 de enero de 1927) que se sentenció -salomónicamente- con una condena simbólica. A partir de este hecho, la figura de Macià alcanzaría una categoría mítica que lo llevó a ganar -por mayoría absoluta- las primeras elecciones republicanas. El 14 de abril de 1931 restauraba la Generalitat y se convertía en el 122º president.

 

1934: Companys, los hechos del 6 de octubre

 

El año 1934 la composición de fuerzas políticas de la República había dibujado un giro copernicano. En Madrid gobernaba una alianza de derechas que reunía el capital burgués, el caciquismo agrario, el clericato doctrinario, y el nacionalismo español más reaccionario y esperpéntico. El Gobierno de Madrid llevaba a cabo una operación de acoso y derribo contra la autonomía catalana, con referencias contínuas a la guerra y a la independencia de Cuba (1898). Un escenario de amenaza y de conflicto alimentado a propósito por Madrid, con el objetivo de provocar la caída del ejecutivo catalán y el derrumbe de la Generalitat. En este contexto de crisis, Companys reaccionó proclamando la recuperación del espíritu republicano -el catalán y el español: el Estado catalán dentro de la República Federal española.

El Gobierno español movilizó el ejército y Barcelona -aquel 6 de octubre- se convirtió en un campo de batalla. La intervención militar y la represión posterior se saldaron con 74 muertos, 252 heridos y 3.400 encarcelados. El president Companys y su gabinete fueron detenidos, juzgados y condenados a 30 años de prisión. Una explosión de testosterona hispánica en las antípodas del sentido de oportunidad de la política francesa. La Generalitat fue literalmente vaciada y convertida en una reliquia medieval. Entre 1934 y 1936 -el bienio negro- todas las políticas sociales catalanas quedaron suspendidas. Companys, en prisión, alcanzaría la categoría mítica que el ejercicio de la política le había negado. Catalunya fue la tumba de la derecha española, y Companys, en 1936, ganó democráticamente la dignidad de president.

Companys y los consellers, detenidos después de los hechos de octubre de 1934

1940: Companys, proceso a Catalunya

 

Capítulo aparte merece el consejo de guerra a Companys. Detenido en el exilio francés por el ejército ocupante nazi y librado a las autoridades franquistas, el proceso y el fusilamiento de Companys son la culminación delirante del nacionalismo español en la guerra de destrucción de Catalunya. Acusado de los cargos de sedición y rebelión, paradójicamente, por los que se habían rebelado con las armas y habían provocado una guerra trágica. Sólo en Catalunya, 90.000 muertos y 500.000 exiliados en un país de 2 millones de habitantes. Companys, que en el periodo 1936-1939, había ejercido una política de luces y sombras que había erosionado su figura, ganaba definitivamente la condición de mito y mártir. Y la de único presidente en la historia de Europa elegido democráticamente que había sido fusilado. Reveladoramente, los gobiernos democráticos españoles se han negado, sistemáticamente, a invalidar el juicio.

 

2017: Mas, la consulta del 9-N: las urnas de cartón

 

"Merecemos perder Catalunya. Esa cochina prensa madrileña está haciendo la misma labor que con Cuba. No se entera. Es la bárbara mentalidad castellana, su cerebro cojonudo -tienen testículos en vez de sesos en la ciénaga-". Esta cita es de Unamuno y forma parte del texto de una carta que envió a Azorín el año 1907. Pasados 110 años la cita es muy válida, y si no perdemos la perspectiva de que la prensa madrileña es la Brunete mediática del poder español, es perfectamente aplicable -con honrosas excepciones- al conjunto de la clase política española. El juicio a Mas, Ortega y Rigau sólo se puede explicar desde la visceralidad que ha presidido la política española, como mínimo, desde la independencia de Cuba. Las involuciones españolistas y españolizantes han sido, siempre, el denominador común de las crisis Catalunya-Espanya.

Los reveladores silencios de Rajoy, las estrambóticas matemáticas de Soraya, o los lapsus de la Fiscalía -que en el apartado de conclusiones no sabía ni a qué cargos ni por cuánto tiempo pedía aplicar la pena de inhabilitación a los encausados- son tres ejemplos -tres pequeños detalles, si se quiere- de cuál es la auténtica naturaleza del proceso judicial. Contra Mas, Ortega y Rigau, que significa contra la consulta popular del 9-N, y que significa contra la voluntad democrática del pueblo de Catalunya. Con el pretexto de la ley y del Estado de derecho -en un país con 120.000 muertos en las fosas pendientes de exhumar y dignificar- España ha encausado y juzgado a Catalunya y al mandamiento popular de su ciudadanía. Como había sucedido en Cuba, en Filipinas o en Puerto Rico, durante sus procesos independentistas. Catalunya, última colonia del Imperio español.

Joana Ortega, Artur Mas e Irene Rigau, durante el juicio por la consulta del 9-N