Barcelona, 11 de marzo de 1966. Hace 53 años. Efectivos de la policía franquista de Barcelona ―comandados por el siniestro comisario Vicente Juan Creix― asaltaban el convento de los Capuchinos de Sarrià. Durante las dos jornadas anteriores (días 9 y 10 de marzo de 1966) se había celebrado la asamblea constituyente del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universitat de Barcelona: votación y aprobación de la declaración de principios, de los estatutos y de los representantes del colectivo. Aquel ejercicio de democracia ―totalmente ilegal en aquella siniestra legalidad del régimen dictatorial franquista― era algo más que la creación de un sindicato. Era una contestación organizada y una alternativa articulada al poder, a las arbitrariedades, y sobre todo al terror que ejercía el Sindicato Español Universitario (SEU) ―la policía política franquista dentro del mundo universitario―.
Elementos del SEU en la celebración del Día de los Caídos en la Universitat de Barcelona (1940) / Fuente: Ayuntamiento de Barcelona
¿Qué era el SEU?
El sindicato universitario franquista había sido creado por Falange Española en 1933, en plena etapa republicana y ―casualmente o no― dos días después de que la coalición de derechas involucionistas y anticatalanistas (la CEDA, de Gil-Robles, el PRR, de Lerroux y el Partido Agrario, de Velasco) ganara los comicios generales del 19 de noviembre: el escenario que anticipaba el Seis de Octubre catalán del president Companys. El principio fundacional del SEU, plenamente identificado con el ideario falangista, proclamaba “convertir la universidad en un organismo vivo de formación total”. Y su diáfana e inequívoca declaración de principios, plenamente asociada con el nacionalismo español, era “ser el sindicato único de los estudiantes españoles” que combregaven amb la “vocación de una universidad imperial”.
¿Cuándo había llegado el SEU a la Universitat de Barcelona?
Durante la etapa republicana (1931-1939) el SEU (a diferencia de lo que pasaba en el paisaje universitario español) no tuvo, prácticamente, implantación en la Universitat de Barcelona, entonces el único centro de estudios superiores en Catalunya. Mientras que en España llegaron a sumar más de 9.000 afiliados (un tercio de los estudiantes universitarios), en Catalunya no pasarían de la docena; lo cual no quiere decir que no tuvieran una cuota de atención mediática. Precisamente, la estrategia tradicional del fascismo ―en cualquiera de sus adaptaciones nacionales― ha sido la práctica de una violencia extrema como el vehículo de difusión y proselitismo de su ideario. Y eso es lo que hacían en la UB antes de la ocupación franquista de Catalunya: buscar el enfrentamiento violento y permanente con los afiliados de la mayoritaria Federación Universitaria Escolar, próxima a ERC.
Desfile falangista en la Universitat de Barcelona (1939) / Fuente: Arxiu Nacional de Catalunya. Foto Brangulí
¿Cómo fue impuesto el SEU a la Universitat de Barcelona?
El 23 de septiembre de 1939, el "Consejo de Ministros bajo la presidencia del Jefe del Estado" dictaba un decreto ―dirigido al "Mando Nacional del Movimiento" que decía:“(Quedan) integradas en el Sindicato Español Universitario las asociaciones escolares tradicionalistas y las que pertenecian a la Confederación de Estudiantes Católicos”. Los restos del resto ―represaliadas y desmanteladas simultáneamente a la ocupación franquista― quedaban oficialmente ilegalizados. Era la consagración del SEU como el brazo del régimen en el mundo universitario. Pero los objetivos no debieron cumplir las expectativas, porque, sintomáticamente, el 18 de noviembre de 1943 (cuatro años después) la Jefatura Provincial del Movimiento de Barcelona hacía pública una orden que obligaba a todos los universitarios catalanes, sin excepción, a militar en el SEU: "Prietas las filas".
¿Qué hizo el SEU en la Universitat de Barcelona?
El SEU, desde el día siguiente de la ocupación franquista de Barcelona (27 de enero de 1939), se convirtió en una máquina de terror. Su consagración, cuatro años más tarde como sindicato único era, oficialmente, el reconocimiento a sus prácticas y un impulso a multiplicarlas. Sus dirigentes eran falangistas (estudiantes y profesores) convertidos en un supuesto servicio de orden que, amparados por la policía y el sistema judicial, proferían amenazas, practicaban detenciones y propinaban brutales agresiones a otros estudiantes y profesores vinculados con el, entonces, catalanismo y republicanismo clandestinos. Su proselitismo ideológico (casi exhibicionismo), el tono de su discurso (siempre autoritario y en castellano), la impunidad que les concedía el sistema y la colaboración con el aparato represivo, los consagraría como el tenebroso brazo del régimen en el mundo universitario.
Exposición del libro alemán en el paraninfo de la Universitat de Barcelona (1945) / Fuente: Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (UPC). Col·lecció Merletti
Los elementos del SEU
En este escenario de persecución y de terror, destacaría la figura del "dirigente" Pablo Porta Bussoms, que años después sería presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo sería durante el régimen dictatorial y, reveladoramente, durante el régimen constitucional. El falangista Porta, líder del SEU "de Cataluña y Baleares", en su etapa universitaria (década de los 40) organizaría y dirigiría pelotones paramilitares de persecución y escarmiento. Lideraría la etapa de máxima intensidad del terror, pero su posterior desaparición del mundo universitario no implicaría que aquellas prácticas cesaran. Se prolongarían durante dos décadas: "25 años de paz". Hasta que los amplios y transversales movimientos clandestinos de oposición al régimen dictatorial bajaron a la arena. La Caputxinada (1966) se forjaría en aquel escenario de contestación social creciente y de represión política y judicial permanente.
La Caputxinada
El 9 de marzo de 1966, a las cuatro y media de la tarde, se reunieron unas quinientas personas (delegados y representantes de estudiantes, intelectuales y profesores) en el convento de los Capuchinos de Sarrià, en Barcelona. Un verdadero acto de valentía y de desafío a un régimen que no toleraba reuniones más allá de las de la comunidad de vecinos o las de las misas parroquiales, procesiones incluidas. La elección de aquel escenario no fue una cuestión secundaria. Los edificios religiosos conservaban a aquel viejo, antiquísimo, privilegio de inviolabilidad ―una teórica línea roja― que, aunque la historia no la confirmaba, los organizadores pensaban que el aparato represivo de un régimen que se proclamaba nacional-católico no sería capaz de rebasar. Sería como interpretar que un régimen de libertades no sería capaz de asaltar de un colegio electoral, santuario de la democracia.
Asamblea en el convento de los Capuchinos de Sarrià / Fuente: Blog Ab Origine
¿Por qué en el convento de los Capuchinos de Sarrià?
La conexión entre la oposición democrática clandestina de la Universitat de Barcelona y la comunidad de padres capuchinos de Sarrià era el sacerdote, filósofo y activista independentista Lluís Maria Xirinacs, muy bien relacionado y considerado tanto entre la oposición clandestina universitaria como entre los círculos aperturistas (democrático y catalanista) de la Iglesia católica. Xirinacs sería uno de los principales impulsores de la Caputxinada, pero no sería el único. La Caputxinada era tan transversal que en aquel ejercicio de voluntad democrática participarían personalidades tan alejadas ideológicamente pero tan próximas democráticamente como Salvador Espriu, Oriol Bohigas, Joan Oliver, Antoni Tàpies, Maria Aurèlia Campmany, Jordi Solé-Tura, Raimon Obiols, Montserrat Roig o José Agustín Goytisolo, entre muchísimos otros.
El cerco policial al convento de los Capuchinos
Según la prensa de la época (La Vanguardia Española, edición del 12/03/1966), la policía franquista se presentó en el convento de los Capuchinos una hora después del inicio de la asamblea y, en una maniobra claramente intimidatoria, identificó a todas las personas que se encontraban en el umbral de la puerta. Los asambleístas se encerraron en el interior del convento, buscando la teórica garantía que les ofrecía aquel espacio religioso. Y acto seguido, se produjo un monumental despliegue policial que rodeó el edificio en cuestión de minutos y que lo sometió a asedio por espacio de horas. 42, para ser exactos. Muchas horas, demasiado probablemente, no tanto para los asediados sino para el gobernador civil de Barcelona, el teniente general Antonio Ibáñez Freire, cruz de hierro por su participación en la filonazi División Azul (1941-1943) y máximo responsable del cierre de Òmnium (1963).
Cerco policial en el segundo día de asamblea / Fuente: Arxiu Nacional de Catalunya. Foto Guillem Martínez
El asalto al convento de los Capuchinos
Ibáñez Freire descubriría, con el tiempo, que la paciencia es una virtud. Y que tener en el armario camisas disponibles de todos los colores y de todas las texturas, en la intemporal España atávica y eterna, es un activo impagable. Posteriormente, durante aquellos primeros años del régimen constitucional que abrazan el golpe de estado del 23-F ("Todo el mundo al suelo") sería ministro de Interior (1979-1982) de los gobiernos de la UCD. Pero todo eso no lo debió imaginar (o sí) el 11 de marzo de 1966, a las 12 del mediodía, cuando perdió la paciencia (o no) y ordenó asaltar la asamblea. La nota de prensa dice: “Agentes de la Autoridad obligaron a desalojar el local (...) se procedió (...) a la detención de las personas que participaron en la citada reunión y su traslado a la Jefatura Superior de Policía para ser interrogados y poder así conocer el grado de responsabilidad con arreglo a Derecho”.
Convento de los Capuchinos de Sarrià. Hora de la comida del segundo día de Asamblea / Fuente: Arxiu Nacional de Catalunya. Foto Guillem Martínez
El asalto a las urnas
Lo que no dice la nota de prensa, situada discretamente en la plana 26 (sección "Información de Barcelona") es que en aquel asalto se produjeron docenas de heridos. Tampoco se dice nada de las urnas, pero no hacía falta, porque en aquella perversa legalidad del régimen dictatorial era tan delictivo votar secretamente como votar a mano alzada. Era, esencialmente, considerado un desafío al ordenamiento legal y a la convivencia, una amenaza al régimen ―a los intereses de las clases extractivas― que justificaba una versión "ye-ye" del "A por ellos, oé!". La nota de prensa no deja duda: “El carácter eminentemente político de tal acto, ajeno por completo a los auténticos fines universitarios, se puso de manifiesto no sólo con el contenido de su propaganda, sino también con la asistencia e incluso intervención (...) de personas totalmente ajenas a la Universidad”.