Madrid, 23 de mayo de 1896. Hace 126 años. El director general de Correos y Telégrafos, Salvador Bermúdez de Castro y O'Lawlor ―nombrado por el gobierno que presidía el conservador Antonio Cánovas del Castillo― dictaba una orden que prohibía el uso del catalán y del euskera en las conferencias telefónicas que se realizaran en territorio español (metrópoli y colonias). En aquel momento, el catalán seguía sometido a una situación de prohibición y de persecución que fechaba de 1714, pero era la lengua mayoritaria del país y era utilizada con la más absoluta naturalidad en todas las actividades cotidianas. Las conversaciones a través de aquel nuevo aparato denominado teléfono, también.
María Cristina y Cánovas del Castillo / Fuente: Wikimedia Commons
Las telefonistas censoras
El historiador Josep Grau en La Lliga Regionalista i la llengua catalana (1901-1924), editado por Publicacions de l’Abadia de Montserrat, explica que "pronto la medida dio lugar a los primeros incidentes". Según el profesor Grau, a finales del mes de mayo, la operadora que había conectado la conferencia telefónica entre los diputados catalanes Antoni Serra —que estaba en Zaragoza— y Joan Cañellas —que estaba en Madrid— interrumpió repentinamente la comunicación al detectar que los interlocutores utilizaban el catalán. La protesta que presentaron Serra y Cañellas en las Cortes españolas, denunciando que su esfera privada había sido violentada, no encontraría resonancia.
¿Por qué pasaba esto?
Los partidos políticos de estricta obediencia catalana todavía no se habían fundado, pero el catalanismo estaba transitando de un paisaje estrictamente cultural a un escenario político: en tan sólo tres décadas había evolucionado del folclore a las reivindicaciones nacionales. Un cuarto de siglo antes (1868) la clase obrera catalana había propuesto una nueva arquitectura de España: federal y republicana. Y tan sólo cuatro años antes (1892), las clases propietarias (desde la burguesía liberal urbana hasta los terratenientes carlistas rurales) habían redactado y presentado a la sociedad las Bases de Manresa, el primer proyecto serio de autogobierno de Catalunya desde la supresión del régimen foral catalán de 1714.
Ejército mambí / Fuente: Pinterest
¿Por qué más pasaba eso?
La orden de Bermúdez de Castro se decretó en un contexto de convulsión que aventuraba un estallido ―como así sería― del nacionalismo español: la tercera y definitiva Guerra de Cuba (1895-1898), que se había extendido como la pólvora en Puerto Rico y en Filipinas, y que amenazaba de liquidar ―como, también, así sería― los restos del imperio colonial hispánico. En aquel momento, los norteamericanos todavía no habían entrado, directamente, en el conflicto (no lo harían hasta el 25 de abril de 1898, dos meses después de la explosión del acorazado Maine), pero el ejército colonial español ya era totalmente incapaz de esquivar las balas el ejército revolucionario mambí y contener el virus de la fiebre amarilla.
La reacción española
La prensa conservadora de la época, sobre todo la que se editaba en las capitales de provincia del centro y del sur peninsular, creó un eje que asociaba el independentismo cubano y el regionalismo catalán. Aunque el catalanismo político estaba en una fase muy embrionaria, los redactores de prensa castellanos y andaluces no olvidaban que la "generosidad española" (la concesión de un estatuto de autonomía para Cuba, 1895) había sido contestada por los "malagradecidos cubanos" con una guerra por la independencia. Y no se privaban de reprobar contra las concesiones que ponían en riesgo la integridad del "imperio", y contra los amenazadores paralelismos que se podían generar en Catalunya.
Bases de Manresa / Fuente: Wikimedia Commons
Las protestas
La orden de Bermúdez de Castro tuvo una vigencia de unos meses. Tiempo suficiente para poner de manifiesto la magnitud de aquel ridículo. Grau, de nuevo, explica que durante aquel periodo de prohibición el diputado liberal por la circunscripción de Solsona Josep Maluquer i Vidal denunció delante del hemiciclo parlamentario español que los responsables de la centralita de Madrid le habían impedido expresarse en catalán en una conferencia telefónica que mantenía con sus electores. Maluquer explicaría que sus interlocutores no sabían "una sola palabra de castellano", por lo cual le resultó imposible comunicarse.
De Bermúdez de Castro a Franco
Después de muchas protestas, el ministro de Gobernación, Ferran Cos-Gayón i Pons (Lleida, 1825 – Madrid, 1898) revocaría la orden. Y el uso del catalán en las conversaciones telefónicas ―y en la redacción de telegramas― no sería perseguido hasta que, pasados cuarenta y tres años (1939), el régimen franquista ―que justo había completado la ocupación de Catalunya― lo prohibió de nuevo. Con un sustancial incremento en la escala de represión: las operadoras no tan sólo interrumpían la conversación, sino que informaban a la policía y el Ministerio de Gobernación aplicaba sanciones económicas draconianas a los infractores de la ley. De "su ley", naturalmente.