Roma, 17 de noviembre de 1483. El pontífice Inocencio VIII autorizaba, a petición de los Reyes Católicos, nombrar el inquisidor general del reino de Castilla, Tomás de Torquemada, inquisidor general del Principat de Catalunya. La Inquisición, restaurada, ampliada y puesta bajo el control directo de la monarquía hispánica, sería algo más que un instrumento de control de la moral religiosa. Sería la primera piedra de las políticas de unificación hispánicas. Torquemada, confesor de Isabel de Castilla y miembro del entorno personal de la reina, se convertía en la primera figura que alcanzaba la dirección de una institución de poder sobre varias entidades políticas de los dominios hispánicos. Y en el causante de la primera gran crisis entre el Principat de Catalunya y la nuevísima y altisonante monarquía hispánica. Dos años más tarde, en un oscuro capítulo, completaría la maniobra sumando a los cargos que ostentaba el nombramiento de inquisidor general de Aragón.
¿Qué era la Inquisición?
La Inquisición tenía una larga historia que se remontaba a los primeros siglos de la Edad Media (centuria del 500) cuando se establecieron unos tribunales religiosos —que tenían mucho de políticos— para dirimir las disputas teológicas de las élites de la época. No sería hasta pasados seiscientos años (en la centuria de 1200) que abarcaría una dimensión generalizada. La Inquisición sería introducida por primera vez en la península Ibérica a petición del conde-rey Jaime I para detener lo que, en los círculos de poder, se denominaba "la herejía cátara". Durante aquel siglo la Inquisición causaría verdaderos estragos en Catalunya y en Occitania. Después de la sacra profilaxis, entraría en un estado larvado hasta que en 1478 Fernando de Aragón y Isabel de Castilla la recuperarían y, como detalle importantísimo, la pondrían bajo el control directo de la monarquía hispánica.
La Inquisición hispánica
Que la Inquisición hispánica pasara a estar controlada directamente por los Reyes Católicos no significaba en absoluto que con anterioridad no hubiera sido un instrumento de naturaleza política. Lo había sido. Pero la novedad, en este caso, residía en el hecho de que era la primera vez que el Pontificado cedía el control de la Inquisición a una cancillería política. Es un detalle importantísimo. El año 1478, el pontífice Sixto IV autorizaba a Isabel de Castilla la creación de una "mini-Inquisición" con competencias territoriales, exclusivamente, sobre Andalucía occidental. El año 1483, el sucesor de Sixto IV, Inocencio VIII, autorizaba la ampliación de su alcance al conjunto de territorios de la corona de Castilla. La "mini-Inquisición" andaluza de Sixto IV se convertía en un monstruo manifiestamente al servicio de los intereses políticos de la corona castellana. Meses después, se trasplantaba a Catalunya.
¿Quiénes eran Sixto IV e Inocencio VII?
Francesco delle Rovere, coronado pontífice como Sixto IV, era miembro de una poderosa familia plebeya genovesa con ambiciones principescas. Sus agresivas políticas fundamentadas en el conflicto lo habían puesto en una situación de descrédito e, incluso, de amenaza. En este punto es donde entraría en juego Fernando el Católico como rey de Sicilia. Los ejércitos catalanoaragoneses de Fernando se convertirían en el puntal militar que evitaría a Sixto IV acabar sus días en las cuevas de Asís. Fernando, estratega consumado, le exigiría posteriormente el pago de sus servicios. Como lo exigiría, también, a su sucesor, Giovanni Battista Cibo, genovés, del partido del ambicioso Delle Rovere; criado, educado y promovido en la corte napolitana de Alfonso IV de Aragón —el tío de Fernando— y coronado pontífice como Inocencio VIII con la ayuda inestimable de las picas catalanoaragonesas.
¿Quién era Torquemada?
Estos elementos explican por qué el Pontificado cedió el control de una institución eclesiástica al poder político. En aquel caso, al de la monarquía hispánica. Y en aquel contexto, los Reyes Católicos encontraron en la figura de Torquemada la pieza indispensable para completar su proyecto. Torquemada, fraile de la combativa y radical orden de los dominicos, encajaba como un guante. Sus padrinos, su elocuencia y su fanatismo le ahorrarían certificar una formación académica para alcanzar el círculo más íntimo de la reina. Torquemada sería el inductor de la primera gran persecución de judíos conversos en Castilla (1480-1492). A pesar de su origen judío converso. Y sería, también, el inspirador intelectual del Decreto de la Alhambra (1492) firmado por los Reyes Católicos, que ordenaba la expulsión de los judíos de todos los dominios de la monarquía hispánica.
“Martillo de herejes, luz de España, salvador de su país y honor de su orden”
La primera crisis entre Torquemada y las instituciones catalanas, que equivale a decir entre la monarquía hispánica y el Principat de Catalunya, se produciría a causa de un conflicto que las fuentes castellanas rebajan a la categoría de protocolario, pero que, reveladoramente, contenía una amenazadora advertencia. Torquemada, que el cronista coetáneo castellano Sebastián de Olmedo había halagado como “el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país y el honor de su orden”, no era precisamente un virtuoso de la diplomacia; y semanas después de su nombramiento como inquisidor general del Principat de Catalunya, viajó a Barcelona y exigió que las autoridades de la ciudad y del país se descubrieran en su presencia. Este "conflicto de sombreros", que podría parecer ridículo, era bastante más que una simple cuestión menor.
Algo más que un "conflicto de sombreros"
Los representantes de las instituciones de Catalunya tenían el privilegio de no descubrirse ante el rey ni de ninguno de sus enviados. Era una manifestación más de la máxima que presidía la relación política y jurídica secular entre el Principat y la corona: "Nós que valem tant com vós, jurem davant vós que no sou millor que nós, que junts valem més que vós”. La máxima expresión del tradicional sistema político catalán —horizontal y transversal— de clara raíz feudal. La constatación más evidente que Catalunya había sido, y era, una república coronada. Cuando Torquemada exigió a los diputados de la Generalitat y del Consell de Cent que se descubrieran en su presencia, no hacía gala de su —en muchas cuestiones— probada ignorancia, sino que era portador de la amenazadora advertencia de que la nuevísima y altisonante monarquía hispánica no comulgaba con el sistema catalán.
La reacción de la monarquía hispánica
Las fuentes revelan que el plante de las instituciones catalanas disgustó más a los Reyes Católicos que a Torquemada. Las consecuencias que se derivarían serían la prueba más evidente de que el viaje de Torquemada tenía más de componente político que de misión pastoral profiláctica. El 4 de mayo de 1484, los Reyes Católicos respondían nombrando al zaragozano Pedro Arbués inquisidor general de Aragón. Los acontecimientos inmediatamente posteriores demostrarían que aquel golpe de timón, lejos de desautorizar a Torquemada, lo reforzaba. Poco después, el 14 de septiembre de 1484, Arbués, un reconocido académico y la antítesis de Torquemada, sería apuñalado en la catedral de Zaragoza. De nada le serviría ir a rogar con cota de malla y yelmo (una armadura que cubría la cabeza), cosa que dice mucho del destino que, quien lo había nombrado muy probablemente le había reservado.
Torquemada, el inquisidor de las Españas
El 17 de septiembre de 1484 Arbués moría a causa de las heridas. Torquemada, en un golpe de autoridad —y probablemente siguiendo el guion establecido—, desplazó al sustituto natural de Arbués, el dominico aragonés Pere Gaspar Jotglar (que en la documentación castellana aparece como Juglar) y fue investido, por los Reyes Católicos, inquisidor general de Aragón. Jotglar moriría —según algunas fuentes, envenenado— tres meses después de Arbués. Mientras tanto, y eso es muy revelador, la Inquisición soltó una brutal caza contra las principales familias conversas de Zaragoza. En aquel proceso —en aquel aviso a navegantes— la Inquisición obtuvo con el método de la tortura confesiones de prácticas rituales, de infanticidios no resueltos y del asesinato de Arbués. Fueron condenadas y ejecutadas nueve personas, dos se suicidaron y trece huidas fueron quemadas "en efigie".
La Inquisición, aparato represor al servicio de la monarquía hispánica
Torquemada se convirtió en el personaje más temido y odiado por las élites políticas y mercantiles de los países de la Corona de Aragón. En este contexto, es importante recordar que los conversos tenían una cuota destacada de poder en las instituciones. Torquemada, con las manos libres y animado por los elementos más radicales de la cancillería castellana, estableció un sistema represor —una policía política y un aparato judicial— que tenía la misión de neutralizar a los elementos políticos disidentes con la monarquía hispánica. Y que tenía absoluta jurisdicción sobre cualquier persona mayor de doce años —en el caso de las mujeres— o de catorce años —en el caso de los hombres— para acusar, encarcelar, torturar, procesar y ejecutar por el pretendido delito de herejía. Sólo hacía falta el testigo acusatorio de dos personas que, reveladoramente, ni siquiera estaban obligadas a acudir al juicio.