Foto principal: El president y el Govern de la Generalitat encarcelados (octubre de 1934)
Donosti, 5 de septiembre de 1935. Estalla el escándalo del Estraperlo, la ruleta eléctrica manipulada del Casino, que salpicaría de lleno a Aurelio Lerroux, sobrino de Alejandro Lerroux, presidente del gobierno español y líder del Partido Radical. No era la única, pero sí la primera. Acto seguido, la policía intervendría una docena de ruletas manipuladas por todo el Estado español. El otro grande implicado sería Rafael Salazar Alonso, también del Partido Radical de Lerroux, que había sido ministro de Gobernación el año 1934 y que en el momento en que se destapó el escándalo era alcalde de Madrid. Aurelio Lerroux y Rafael Salazar habían sido, respectivamente, quien había gestionado y quien había autorizado la instalación de la ruleta manipulada. El Estraperlo se convertiría en el escándalo de corrupción más importante de la II República: anticiparía la caída del gobierno, y la posterior convocatoria de elecciones generales anticipadas.
¿Quién gobernaba en el Estado español?
Los resultados de las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 habían otorgado la victoria a los partidos de derecha. El gobierno español se sustentaba con una mayoría parlamentaria formada por la CEDA, de Gil-Robles (115 escaños); el Partido Radical, de Lerroux (104 escaños); y el Partido Agrario, de Martinez de Velasco (36 escaños). 255 de un total de 472 diputados. Y con los apoyos puntuales de la Lliga Catalana, de Cambó (24 escaños), de la Comunión Tradicionalista carlista (21 escaños), de la Renovación Española, de Calvo-Sotelo (16 escaños); y del PSOE, de Largo Caballero, que, tenía en común con aquellos compañeros de viaje una tenebrosa historia de colaboración con el régimen dictatorial de Primo de Rivera (1923-1930) que había precedido la proclamación de la II República (1931). Este había sido el gobierno que había intervenido a la Generalitat después de los Hechos del 6 de Octubre de 1934.
El president Companys llega a Barcelona después de la amnistía (febrero de 1936). Fuente: Fons Agustí Centelles
La Generalitat convertida en una reliquia política
Cuando estalló el escándalo del Estraperlo el Govern de Catalunya estaba encarcelado en el penal de Puerto de Santa María (Andalucía). Después de los Hechos del 6 de Octubre habían sido detenidos por el ejército español, acusados de rebelión por el ministerio fiscal de la República y condenados a treinta años de reclusión mayor por el Tribunal de Garantías Constitucionales. La Generalitat, gestionada por el lerrouxista Joan Pich i Pon —nombrado a dedo por el presidente español Alejandro Lerroux— había sido convertida en una reliquia política. Las principales competencias (orden público, justicia, enseñanza) habían pasado a ser gestionadas desde Madrid. Y los consistorios y las diputaciones gobernadas por Esquerra Republicana —el partido del presidente Companys— habían sido intervenidos y sometidos a una maniobra de depuración política. Pich i Pon, president de la Generalitat por imposición de Lerroux, sería, a la vez y con el mismo método, alcalde de Barcelona.
El escándalo Nombela
Madrid, 7 de noviembre de 1935. Dos meses y dos días después de saltar a la palestra el escándalo del Estraperlo, estallaba —o hacían estallar— un segundo caso de corrupción: el caso Nombela, un oscuro episodio de malversación de fondos públicos con destino a los bolsillos privados de algunos miembros del ejecutivo vinculados al Partido Radical y de unos cuantos inversores coloniales de la Guinea Ecuatorial. Lerroux ya no era ni presidente del gobierno ni ministro de Estado. El Estraperlo le había pasado factura política. La inédita sesión de control nocturna en las Cortes da una idea de la magnitud del escándalo. Los principales implicados en aquella maniobra de corrupción serían, especialmente, el mismo Lerroux, y el subsecretario de presidencia Guillermo Moreno Calvo, también del PRR. El escándalo Nombela culminaba una intrigante maniobra política de derribo del PRR. La prensa de la época señalaría a sus socios de gobierno de la CEDA como instigadores en la sombra.
El president Companys llega a Barcelona después de la amnistía (febrero de 1936). Fuente: Fons Agustí Centelles
Elecciones anticipadas
Si la instrumentación política de los escándalos Estraperlo y Nombela formaba parte de la estrategia de la CEDA, los hechos posteriores pondrían de relieve que de muy poca cosa les sirvió, más que para certificar la defunción del PRR. El partido de Lerroux no volvería a ser un actor político destacado. En plena tormenta política e institucional Gil-Robles se ofrecería para formar un nuevo gobierno. Naturalmente, sin la participación de la desacreditada figura de Lerroux y de su desprestigiado partido. Pero, contra todo pronóstico, el 14 de diciembre de 1935 el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora se inclinaría para disolver las Cortes y anticipar elecciones. Unos comicios que, tres meses después, el 16 de febrero de 1936, recorrerían totalmente la composición parlamentaria. Empezaba el camino hacia la excarcelación del gobierno de Catalunya, la restitución de los cargos, y la restauración de las competencias políticas arrebatadas después de los Hechos de Octubre de 1934.
El día de la marmota
Los tres meses largos que separaban el estallido del escándalo del Estraperlo de la disolución de las Cortes habían sido muy intensos en Madrid. En cambio, la situación política catalana continuaba inmersa en el marasmo impuesto. El gobierno continuaba encarcelado. El Parlament continuaba cerrado. Pich i Pon, miembro del PRR, había sido cesado, pero en su lugar el presidente de gobierno español Portela Valladares (expresidente de la Generalitat intervenida) había nombrado a Escalas y Chamení —de la Lliga Catalana—, un personaje que, posteriormente y reveladoramente, adquiriría relieve político durante el franquismo. La institución, absolutamente cosificada, era la viva imagen de un gran panteón mortuorio. La poca documentación que generaba se publicaba exclusivamente en castellano. Y los Mossos d'Esquadra —a las órdenes del capitán del ejército español Lizcano de la Rosa— habían sido convertidos en una especie de gendarmería folclórica y decorativa.
Cartel electoral del Front d'Esquerres que pedía la amnistía
La CEDA, en pelotas
Los partidos españoles de izquierda interpretaron la disolución de las Cortes como un preámbulo de la victoria. Los escándalos de corrupción habían noqueado la derecha. Y la convocatoria anticipada de elecciones no estaba, en absoluto, dentro de sus previsiones. Porque si bien es cierto que el escándalo del Estraperlo había impactado de lleno en el PRR de Lerroux; en cambio, el caso Nombela había puesto en la picota, también, algunos elementos de la CEDA que tenían ciertas responsabilidades de gobierno. Las izquierdas, sin embargo, no lo quisieron fiar todo al clima de indignación general. Las elecciones de 1933 habían puesto de manifiesto que el fenómeno del caciquismo estaba bien vivo: las derechas habían obtenido grandes resultados electorales en las grandes bolsas de pobreza del Estado español. Y construyeron una gran plataforma que pretendía asegurar el triunfo electoral. Sería en aquellas negociaciones donde ERC pondría sobre la mesa la restauración del Gobierno de Catalunya.
El anticatalanismo: pecado original de la izquierda española
Largo Caballero o Manuel Azaña, líderes, respectivamente, del PSOE y de Izquierda Republicana, que serían las dos fuerzas políticas ganadoras, no estaban entusiasmados con la propuesta de ERC. El anticatalanismo era electoralmente rentable; y la prensa de la época revela que la opinión pública española no era partidaria de la restauración del gobierno del único territorio autónomo de la República. Se había visto, por ejemplo, el año 1932 durante el debate —en las Cortes españolas— del Estatuto catalán. La plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, había reunido la manifestación más multitudinaria —hasta entonces— de la historia de la capital española; en un mitin contra el Estatuto convocado por las derechas y por las izquierdas. Pero por otra parte, tampoco querían fiar el triunfo dejando a Catalunya, que aportaba 54 diputados, de lado. Finalmente, se impondría la política, y el Frente Popular (el Front d'Esquerres, en Catalunya) incluiría esta demanda en su programa electoral.
Cartel electoral del Frente de Izquierdas con el presidente Companys
Las elecciones de 1936
Aquellos comicios, más que una abrumadora victoria de las izquierdas, fueron una devastadora derrota de las derechas. Los escaños del PSOE, de Largo Caballero (88); de la Izquierda Republicana, de Azaña (79); y de la Unión Republicana, de Martínez Barrio (34 escaños), resultaban insuficientes para gobernar. Se quedaban a 35 diputados de la mayoría. Y aquí es donde entraría en juego Esquerra Republicana. El partido del president Companys —que continuaba encarcelado— obtuvo 22 diputados (27 con los de Acció Catalana Republicana y 37 contabilizando la totalidad del Frente de Izquierdas): recuperó su posición hegemónica en Catalunya, barrió la Lliga Catalana de Cambó (12 diputados) y se convirtió en la quinta y decisiva fuerza en el hemiciclo español. Incluso superaba al PCE (17 diputados). En Catalunya, la reivindicación de la excarcelación del gobierno catalán y la restauración del autogobierno habían triunfado plenamente.
El president Companys en la primera Diada Nacional después de la restauración del autogobierno (septiembre de 1936). Fuente: Fons Brangulí / Arxiu Nacional de Catalunya
La excarcelación del Govern y la restauración del autogobierno
El triunfo de las izquierdas escenificaría el fin de aquello que se denominó el Bienio Negro (1934-1936). Fruto de los pactos previos, el president Companys era amnistiado. Y el 29 de febrero de 1936, a las seis menos cuarto de la tarde, el pleno del Parlament —reabierto de nuevo— ratificaba la designación de Lluís Companys como president legítimo de la Generalitat. Aquel pleno, curiosamente, no podría contar, todavía, con la presencia física de algunos de los consellers del Govern, bien sea porque estaban en proceso de excarcelación, o bien sea porque no habían tenido tiempo material de llegar a Barcelona. El Diario de Sesiones del Parlament de aquel 29 de febrero de 1936 detalla la votación que aquellos diputados habían remitido por telegrama, y su conformidad por parte del secretario de la Mesa del Parlament previa lectura del documento. En las semanas siguientes se produciría la restitución de las competencias de gobierno contempladas en el Estatuto.