13 de septiembre de 1714. El día siguiente de la capitulación de Barcelona, el duque de Berwick —máxima autoridad de los ejércitos borbónicos en Catalunya—, ordenaba la instauración de la Real Junta Superior de Justicia y de Gobierno de Cataluña, que pasaba a sustituir las seculares instituciones de gobierno catalanas liquidadas "por justo derecho de conquista". La Real Junta, que precedió a la Real Audiencia, se convertiría en el máximo instrumento de represión del régimen borbónico en Catalunya. Para el régimen borbónico, Catalunya era patrimonio de la monarquía hispánica, prescindiendo absolutamente de la bilateralidad secular que había regido la relación entre el rey y el Principat. Para el régimen borbónico, los catalanes que habían defendido otra idea del edificio político hispánico, que habían defendido el Principat como el último reducto del sistema foral, no merecían otro castigo que el de rebeldes y el de traidores.
¿Otra idea de España o una revolución independentista?
Esta ha sido la gran cuestión que ha ocupado el debate histográfico durante décadas. Lo que está fuera de dudas es que los dirigentes catalanes que, en nombre de las instituciones del país, firmaron el Pacto de Génova (1705) con el gobierno inglés al inicio del conflicto sucesorio hispánico, no eran independentistas. Las clases dirigentes catalanas apostaron por una idea diferente de España a la que querían imponer a los Borbones. La coronación de Felipe V, el primer Borbón hispánico, en unas condiciones que la investigación historiográfica apunta hacia una gran conspiración de Estado, no tan sólo ponía en peligro el sistema foral, sino que también ponía en riesgo el proyecto de transformar las viejas Cortes medievales en un sistema parlamentario moderno. El viejo sueño de las clases mercantiles, gremiales y populares catalanas. Un proyecto que ya habían consolidado, o prácticamente consolidado, Inglaterra y los Países Bajos, los modelos políticos y económicos de Catalunya.
Declaración de resistencia a ultranza / Fuente: Wikimedia Commons
En cambio, allí donde no hay un consenso es a la hora de valorar la determinación de Catalunya a continuar la guerra después de haber sido abandonada a su suerte por el mismo candidato Habsburgo como por la coalición internacional que defendía su causa. La declaración de resistencia a ultranza proclamada por la Junta de Brazos —el equivalente al Parlamento— (julio de 1713) que manifiesta la voluntad de Catalunya de continuar el conflicto en solitario, cuando menos apunta claramente hacia una revolución independentista. Más cuando, a finales de septiembre de 1714, la cancillería de Londres —que desconocía la capitulación de Barcelona— se planteaba ingresar de nuevo en la guerra prescindiendo del Habsburgo "en defensa de las justas y antiguas libertades" de los catalanes. Es decir, que las gestiones de Pau Ignasi de Dalmases y de Ferran Felip de Sacirera —los embajadores catalanes en Londres y no en Viena ni en Ámsterdam ni en Lisboa— habían fructificado. Tarde, pero habían dado resultado.
La amenaza inglesa y la intensificación de la represión
Está claro que "las justas y antiguas libertades" de los catalanes no era una cuestión de Estado en Londres. Ni siquiera era una cuestión de profilaxis honorífica. Sólo era una justificación épica, muy al estilo de la época, para abrir de nuevo las hostilidades. Dos siglos más tarde, el premier británico Winston Churchill confesaría que Gran Bretaña no tiene —ni ha tenido nunca— amigos; tiene —y ha tenido siempre— intereses. Este detalle es muy revelador, y contribuye, en gran medida, a explicar la terrible represión que siguió al final de la guerra, cuando ya no había motivos para practicar las masacres con carácter coercitivo y ejemplificante que los borbónicos habían perpetrado en el transcurso del conflicto. El aparato de dominación borbónico establecido en Barcelona inició la represión contra los dirigentes políticos catalanes al día siguiente mismo de la capitulación de la ciudad. Pero, reveladoramente, lo intensificó unas semanas más tarde, coincidiendo con el cambio de postura de Londres.
Orden de desarme dictada por Berwick
El 22 de septiembre de 1714 —ocho días después de la caída de Barcelona— Berwick, comandante militar borbónico de Catalunya, violaba los pactos de capitulación que él mismo había firmado en nombre de Felipe V, y ordenaba una terrible caza contra personas que habían tenido responsabilidades en la defensa de Barcelona. El duque de Berwick y el marqués de Lede —gobernador borbónico de Barcelona— fijaron, arbitrariamente, el listón a partir del grado de sargento mayor. Las noticias de Londres amenazaban su carrera personal, y decidieron decapitar lo que quedaba de la resistencia catalana. Durante las semanas siguientes se dictó orden de detención contra más de cuatro mil personas, en una maniobra que iba desde convocar a la residencia de Lede, con falsos pretextos, los mandos del ejército del Principat; hasta una horrible operación policial de búsqueda y captura, reforzada con una campaña de recompensas a los delatores.
¿Estado de terror o terror de Estado?
Barcelona estaba completamente desarmada y sometida. Con la capitulación de la ciudad, las tropas borbónicas francocastellanas habían requisado setenta y dos mil armas. Y los mandos militares habían sido cesados de sus grados y de sus honores, y enviados a casa a curar las heridas o las mutilaciones que habían sufrido durante el asalto. Por lo tanto, la represión desatada no estaba justificada por la persistencia de un escenario bélico; sino que se encuadraba, claramente, en un contexto político. Los detenidos por orden de Berwick y de Lede, no eran prisioneros de guerra, sino que eran presos políticos. Entre los más destacados había Antoni de Villarroel —que había sido comandante general del ejército del Principat de Catalunya—, Joan Baptista Basset —que había sido comandante general del ejército del Reino de València; o los exgenerales de las armas catalanas Miquel de Ramon, Josep Bellver y Francesc Sans.
Orden de desarme dictada por Lede
En cambio, en la corte de Madrid, reveladoramente, no importó a nadie, ni al mismo rey, que Berwick y Lede convirtieran el pacto de capitulación firmado en nombre de Felipe V en papel higiénico. Del que gastaban en las casas ricas, por descontado. En este punto es importante insistir en que un documento de aquella naturaleza tenía un valor político, salvando las distancias, equivalente a lo que, contemporáneamente, se le otorga a una Constitución o a un Estatuto. En Madrid sabían que la cancillería de Luis XIV de Francia —el abuelo y valedor de Felipe V— no tenía ningún interés en abrir, de nuevo, las hostilidades. Francia estaba militarmente y financieramente agotada. Y en la paz de Utrecht (1713) había obtenido importantes beneficios. La posibilidad de que Catalunya se convirtiera en una república bajo protección británica creó en Madrid un estado de terror que, sumado a la atávica cultura punitiva que imperaba en los cenáculos de poder hispánicos, justificaría la anti-política de la brutal represión.
Las mazmorras de Felipe V
Las fuentes documentales revelan que los miembros más destacados de la resistencia catalana fueron encarcelados en mazmorras esparcidas por toda la península Ibérica. Entre el 15 de octubre de 1714 y el 4 de abril de 1715, Jean Orry —ministro plenipotenciario de Felipe V—, firmó un mínimo de cincuenta órdenes de reclusión. Villarroel acabaría en el castillo de A Coruña después de haber pasado por el penal de Alacant. Aunque estaba malherido se le obligó a cubrir la distancia del traslado a pie y engrillado. Moriría encarcelado después de doce años de reclusión. Basset sería recluido durante once años en el castillo de Hondarribia, y acabaría muriendo tres años después en Segovia en la más absoluta indigencia. Y otros exoficiales del ejército del Principat —enfermos, heridos o mutilados— acabarían encarcelados en las mazmorras de la ciudadela de Pamplona, y muchos no conseguirían sobrevivir a las condiciones extremas de reclusión que el régimen borbónico impuso a los presos políticos catalanes.