18 de septiembre de 1923. Cinco días después del golpe de estado que había puesto fin a cuarenta y siete años de democracia, el régimen dictatorial del general Primo de Rivera publicaba el Real decreto —firmado por el rey Alfonso XIII, bisabuelo del rey Felipe VI— dictando medidas y sanciones contra el separatismo, que prohibía el uso de la bandera y de la lengua catalanas en el ámbito público. Empezaba una carrera desbocada del gobierno dictatorial español por deconstruir la obra política y cultural de la Mancomunitat de Catalunya, el órgano preautonómico creado por Prat de la Riba que, desde 1914, había puesto en funcionamiento una red educativa, cultural y de capacitación profesional, que impartía en catalán. Primo de Rivera proclamaría que “la labor de la Mancomunidad ayudaba a deshacer la gran obra nacional” y el directorio que presidía se entregaría a una intensa y agresiva política de prohibición, represión y persecución del que entendían como el principal elemento de identidad y cohesión de la sociedad catalana: la lengua y la cultura catalanas.
Primo de Rivera y "las perniciosas pasiones"
La política anticatalana más que anticatalanista del régimen de Primo de Rivera se trazó en los cinco días posteriores al golpe de estado. Entre el 13 y el 18 de septiembre de 1923. Lo que se proclamó como un golpe de estado para regenerar el corrupto sistema político dominado por los partidos dinásticos, se reveló como un pretexto del nacionalismo español, de inspiración fascista, para asaltar el poder. Quedaban lejos aquellas proclamas de Primo de Rivera, mientras era capitán general de Catalunya (1922-1923), que, si bien no eran hostiles al hecho catalán, sí que revelaban que la normalización de la lengua catalana no encajaba dentro de su proyecto de España. Francesc Cambó, en sus Memorias (1876-1936) explicaría que el dictador, antes de serlo, ya tenía un concepto folclórico de la lengua catalana y una idea supremacista de la lengua castellana. En una ocasión declararía: “Me agrada la lengua catalana cuando es expresión de sentimientos y afectos del alma, aunque me desagrada cuando se emplea al servicio de perniciosas pasiones”.
Alfonso XIII, Milans del Bosch y Primo de Rivera
Primo de Rivera y los accidentes de carretera
El 14 de septiembre de 1923, el día siguiente del golpe de estado, Primo de Rivera llegó a Madrid para liderar el nuevo régimen y se encontró un ambiente de excitación anticatalana que revelaba la auténtica ideología de aquel movimiento. En plena euforia proclamó que eliminaría el catalán del ámbito público: "Y a esto nadie se podrá oponer más que a título de malquerencia a España”. La idea de una España de fábrica exclusivamente castellana, iniciada en tiempo del conde-duque de Olivares y del escritor Quevedo (siglo XVII), culminaba en aquellos días de Primo de Rivera, justificada por un movimiento intelectual —conservador, nostálgico, clasista y apolillado— que había desplegado una intensa campaña académica con el propósito de sustituir definitivamente el concepto "castellano" por "español". Primo de Rivera, lo primero que haría sería dictar la obligación de rotular los carteles de las carreteras catalanas exclusivamente en "español", con el pretexto de que “en una carretera donde haya un aviso en catalán, se estrelle uno por ignorar aquel idioma”.
Cámara de los diputados de la Mancomunitat
Primo de Rivera y el pan, la carne y la leche
El 30 de enero de 1924, cuatro meses después del golpe de estado, Primo de Rivera cesaba al president de la Mancomunitat Josep Puig i Cadafalch y decretaba la intervención de la institución. A partir de entonces, el catalán pasaría de la condición de lengua oficial de hecho, categoría que había ganado durante la gobernación de la Mancomunitat (1914-1923), a la de lengua constitutiva de delito. Y de esta forma, a la eliminación de la rotulación en catalán de los edificios públicos se pasaría a la persecución de la rotulación en los comercios privados. Un tenebroso viaje que se había iniciado con la sustitución de la rotulación, entonces ya simbólica, de "Palau de la Generalitat" por "Diputación Provincial", que había seguido con la roturación de la placa del "Institut d'Estudis Catalans" y que había culminado con una plaga de denuncias y sanciones draconianas, no exentas de amenazas previas, contra los “forns de pa”, las “carnisseries” o las “lleteries”; para citar algunos ejemplos de "perniciosas pasiones" y de "malquerencia a España".
Gobierno de Primo de Rivera / Fuente: Wikipedia
Primo de Rivera, el catalán y el catecismo
Pero el objetivo prioritario del régimen dictatorial era la escuela. La prueba más evidente la encontramos en las reveladoras actuaciones del aparato gubernativo español en Catalunya, mucho antes de la publicación de la Real Orden (firmada por el rey Alfonso XIII) de 21 de diciembre de 1923 (tres meses después del golpe de estado) que prohibiría impartir las clases en catalán en la escuela pública catalana. El 19 de octubre de 1923 (tres semanas después del golpe de estado, pero dos meses antes de la Real Orden), la Inspección Provincial de Gerona cursaba una orden a todos los maestros de la demarcación exigiéndoles que enseñaran "intensa y pedagógicamente la lengua castellana, desde el primer día que el niño entre en la escuela" y les recordaba su obligación de impartir todas las materias en castellano, excepción hecha del Catecismo, que quedaba a criterio del docente. Los datos que presentó la Mancomunitat, todavía no intervenida, para neutralizar aquella ofensiva revelan que el 98% de la población escolar catalana —de todos los niveles— defendía al modelo catalán.
Primo de Rivera y "el alma de España"
Aprobada y publicada la Real Orden, el gobernador civil de Lleida Fernández Suñer, en un exceso de euforia no se sabe si por la proximidad de las fiestas navideñas o por la ofensiva españolizadora que satisfacía plenamente su ideología personal —o por las dos cosas juntas—, envió una esperpéntica felicitación —un "christmas primoriveriano" escrito con tinta negra y con letra gótica— a los maestros de la demarcación de Lleida donde proclamaba que “el castellano es el idioma pedagógico de la nación”. Acto seguido amenazaba con que el incumplimiento de aquella orden sería “faltar al más fundamental de sus deberes, que es el que con la patria tienen contraído” (no hay que olvidar que los maestros eran funcionarios públicos), y, finalmente, lo justificaba afirmando que “el vehículo espiritual que pone en relación a todos los españoles es, y no puede ser otro, que el idioma castellano o español, con el cual el alma de España transfundiose por todos los pueblos americanos”. Una auténtica declaración de intenciones culminada con una desafortunada comparativa.
Los cuatro presidentes provinciales / Fuente: Wikiwand
Primo de Rivera y "la razón pedagógica"
También las escuelas municipales pasarían a estar situadas en el punto de mira del régimen dictatorial. El 20 de febrero de 1924 (cinco meses después del golpe de estado) el alcalde de Barcelona, el teniente coronel Fernando Àlvarez de la Campa (nombrado a dedo por Primo de Rivera), ordenaba la disolución del Patronato Escolar del Ayuntamiento de Barcelona y la rigurosa aplicación de la Real Orden en todas las escuelas de titularidad municipal de la ciudad. Lo justificaba (si es que se podía justificar, porque el Patronato Escolar de Madrid no sería nunca disuelto) haciendo suya la declaración del régimen que decía: “no existe razón alguna legal ni pedagógica que aconseje que estas escuelas (las municipales de Barcelona) estén regidas por preceptos distintos de los generales para las demás nacionales”. A título ilustrativo hay que reseñar que la fidelidad al régimen le valdría, a Alvárez de la Campa, ser nombrado por el ministro Calvo Sotelo interventor de la Bolsa de Barcelona (1927) —aunque no tenía ningún tipo de formación académica en el campo de la economía.
Red escolar, profesional y técnica de la Mancomunitat
Primo de Rivera y "cerradas las puertas"
La red de escuelas primarias, de capacitación profesional y de enseñanza técnica creadas por la Mancomunitat, también fue víctima de la persecución idiomática del régimen dictatorial. Si bien Alfons Sala —segundo presidente de la Mancomunitat intervenida— el día que fue investido (30 de enero de 1924) proclamó que las disposiciones de la Real Orden se tenían que aplicar “no a la fuerza, sino por convencimiento”; al día siguiente había reflexionado —o lo habían hecho reflexionar— y se despachaba con el tono del régimen: “La enseñanza será exclusivamente en castellano para que los alumnos tengan conocimiento de esta lengua en las relaciones que indudablemente habrán de tener con otros pueblos y a fin de que no sean cerradas las puertas de la cultura a los estudiantes de fuera de Cataluña que vienen aquí en busca de medios para ilustrar su inteligencia y educar sus cualidades morales”. Poco después, culminaría el despropósito autorizando a los maestros a utilizar el catalán, sólo en aquellos casos singulares y extremos en que el alumno no entendía nada.
Primo de Rivera y "los dialectos"
Naturalmente, las cátedras de lengua catalana que se impartían en las escuelas de magisterio (denominadas Escuelas Normales) de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona fueron clausuradas por el régimen dictatorial. Pero no por decreto, sino por asfixia política y económica. El régimen dictatorial no ordenaba expresamente su inmediato cierre, pero consideraba que no eran de interés público, y por lo tanto, se las tenía que catalogar si bien, no como inútiles, como un servicio privado que no tenía que tener financiación pública: “no existe ninguna disposición que prohíba en el orden privado la enseñanza de los dialectos o lenguas regionales, por lo que sin incluirla en los establecimientos docentes oficiales pueda conservarse su enseñanza y práctica particular”. En cambio, la prohibición efectiva se ordenó directamente a las corporaciones municipales (previamente depuradas por el régimen) y a la Mancomunitat (previamente intervenida por el régimen) que habían hecho posible la existencia y la actividad de las cátedras de catalán.