Desde que se estrenó a principios del 2020, Crims ha conseguido una audiencia acumulada de casi un millón y medio de espectadores. A estas alturas, no es un dato que sorprenda: el true crime de TV3 es el fenómeno integrador más potente de los últimos años y ha conseguido que cualquier persona de cualquier estrato social, cultural o ideológico encienda la televisión los lunes por la noche. Se habla de ello en el trabajo, en las terrazas de bar, en la parada del metro: todo el mundo quiere saber qué mentes abominables conviven en nuestra casa —siempre y cuando la sangre fría manche paredes ajenas—.
Pero la miniserie sobre el crimen de la Guardia Urbana ha sido la gota que ha puesto sobre la mesa un debate social interesante. En los cuatro capítulos que explican el asesinato del agente Pedro Rodríguez a manos de su pareja, Rosa Peral, y el amante de esta, Albert López, aparecen selfies, audios de Whatsapp, vídeos caseros de móvil, incluso las grabaciones inéditas del día que los dos condenados reconstruyeron los hechos. El cajón de sastre de lo que podría ser nuestro pan de cada día, los recelos y alegrías que nos acompañan, todo aquello que construye nuestra personalidad. En ningún otro caso habíamos entrado tanto en los personajes. ¿Pero es ético hacer pública la vida privada de una persona, ya sea víctima o condenada? ¿Qué papel tienen los medios en la mediatización de un crimen? ¿La realidad y la muerte entienden de sensibilidades si el dolor de los demás te hace subir la audiencia?
Adiós a la intimidad
Si Carles Porta ha escogido que el relato criminal de la serie sea invasivo con las vidas de los protagonistas es porque puede. Legalmente, Crims está amparado. Primero, porque la mayoría de la información del sumario aparece en el juicio, y el acta del juicio es pública; y segundo, porque el derecho a la intimidad o a la privacidad decaen en beneficio del derecho a la información. Y aún otra facilidad: aunque el sumario es privado y no puede consultarse en abierto, a menudo son las partes las que lo filtran por interés. Podría penalizarse pero, a efectos prácticos, eso no pasa nunca. ¿Pierden los derechos básicos, pues, asesinos y víctimas?
"Todas las personas tienen derecho a la intimidad y a la propia imagen, pero se le da prioridad al derecho a la información porque se considera que la libertad de prensa es un valor democrático que se tiene que proteger por encima de todo", explica Marta Insúa, presidenta de la sección de derechos de propiedad intelectual y derechos de imagen del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). "El límite entre el uno y el otro no está claro al 100% porque no hay una norma estática, se tiene que estudiar cada caso por separado", matiza la abogada. En este sentido, que la información pueda ser moralmente discutible o pueda generar juicios paralelos no es responsabilidad del sistema judicial porque, con las leyes en la mano, no es ilegal difundir hechos y pruebas. La responsabilidad es de quien lo explica y, sobre todo, de como.
Crims ha hecho públicas muchas fotos íntimas y privadas que salieron durante el juicio.
La muestra de como de influenciable puede ser la información ya la materializaron las mismas partes durante el juicio que condenó a los acusados a 25 i 20 años de prisión —y que puede verse en la cuarta entrega de la miniserie—. En una de las sesiones, la abogada de Rosa Peral, Olga Arderiu, decía: "Que a Rosa no se la juzgue por algo que no sean los hechos, es decir, por su currículum sexual". Y el fiscal del caso, Félix Martín, contestaba: "Seamos claros. A mí, como representante del ministerio fiscal, la vida privada de un hombre o una mujer me da absolutamente igual. Pero si hay elementos en esta vida privada que permiten entender la psicología que lleva a una persona a asesinar, y hay elementos que permiten entender el motivo por el cual se asesina, sí me interesa. Pero no para valorarlo, ni para enjuiciarlo, ni para dar lecciones a nadie; sino para presentar las pruebas de un asesinato".
La contradicción moral que ha generado Crims en las últimas semanas la tendrían que poder justificar en la cadena pública
La visión que tiene el fiscal es también la que tiene que garantizar cualquier cadena pública que trabaje con datos informativos: velar por la veracidad, contrastar los hechos y evitar dictar sentencias paralelas para ir mucho más allá de la intriga por la intriga. ¿Consigue Crims quedarse en el terreno de la información meramente necesaria o se mueve sutilmente entre los datos, el entretenimiento y el morbo? Que la serie es impecable técnica y narrativamente es un hecho demostrable, pero las últimas críticas siembran la semilla de una contradicción moral que, como poco, la pública tendría que poder justificar.
El dolor de las familias
Pocos días después de que Catalunya Ràdio anunciara la nueva temporada de Crims y publicara en la web qué casos se tratarían, el usuario de Twitter @albert_nandes hizo un tuit donde criticaba que uno de ellos era el asesinato de su tía. Denunciaba y criticaba que nadie había dicho nada a la familia. Y la red empezó a cuestionarse el propio morbo. Días antes, otra usuaria preguntó a Carles Porta si era necesario tener el permiso de las familias para publicar los documentales. "No, pero los lo explicamos y buscamos su complicidad, sobre todo la de las víctimas", respondía el director del programa. A día de hoy, el caso de la tía de Albert ha desaparecido de la planificación inicial.
La abogada del ICAB dice que "se pueden utilizar tanto el hecho en sí como la información relativa a los condenados, a los acusados o a las víctimas; legalmente, no tienes porque avisar a nadie, se puede publicar con independencia de lo que quiera a la familia". Lo que no se puede hacer es una valoración o generar un debate personal en torno a cualquier figura, porque eso podría atentar contra el honor. Pongamos un ejemplo: si Rosa Peral, a quien se ha tildado de viuda negra, de promiscua o de femme fatale, sintiera que la han calumniado, podría presentar una demanda ante tribunal por este subjetivo juicio de valores. Lo mismo podría hacer la familia de Pedro Rodríguez, o la de cualquier víctima que considere que se han vulnerado sus derechos. Pero Insúa matiza que no es una actuación demasiado frecuente. "No es una acción barata y tiene un resultado incierto, porque no quiere decir que necesariamente te tengan que dar la razón".
Entonces, ¿quién es responsable de qué se mediatiza y de cómo se habla de un tema concreto? Los medios de comunicación necesitan hacer autocrítica para saber si están cumpliendo con el papel que les toca; cuando la actualidad informativa apela a las emociones, la tarea del periodismo tiene que contribuir a apagar fuegos en vez de encenderlos. Demasiado a menudo se alimentan hipótesis rocambolescas o sensacionalistas para subir cuotas de pantalla, amparándose en la libertad de prensa y el derecho a la información.
Los periodistas deben —debemos, deberíamos— demostrar cierta empatía y sensibilidad social, especialmente en casos vulnerables o susceptibles de destapar la parte más emocional y primitiva de la conciencia; casos, por cierto, como los que trata el programa de Porta. "Es un tema deontológico de los medios de comunicación, que tienen que ejercer el oficio responsablemente", concluye Marta Insúa. De nuevo, en el terreno legal y siempre y cuando se considere que hay una vulneración o actuación reprobable, la única solución que tienen víctimas o acusados es poner una demanda y esperar a que lo resuelva un juez. Y es que cuando se cotillea de aquello que todo el mundo quiere saber, la línea entre legalidad y ética sigue siendo demasiado fina.