La magistrada del juzgado de instrucción 19 de Madrid ha imputado al promotor musical Nacho Cano y a otras dos personas más (Cristina Karmiñe D. De S. y Roxana Gabriela D. De S.) por la supuesta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores, a consecuencia de la denuncia presentada por Lesly Guadalupe O.F., una bailarina de México seleccionada en este país, junto con otros 19 participantes en un casting, para formar parte de la compañía La Malinche, según ha comunicado este martes el TSJ de Madrid. El excomponente de Mecano fue detenido, el 9 de julio pasado, por la policía española, acusado de contratación ilegal de personas extranjeras. El sindicato CCOO se ha personado como acusación popular.
En esta investigación, se acusa a Nacho Cano de mantener a una veintena de becarios de manera irregular en su musical Malinche camuflados como turistas. El sindicato CCOO se ha personado como acusación popular. Una de las becarias denunció su situación a la policía el enero pasado, un mes después de ser trasladados de México al Estado español. Sostiene que el compromiso de la compañía de Cano, no cumplido, es que les tramitarían su regulación administrativa como becarios, les daban alojamiento y comida y 300 euros al mes para sus gastos, y que solo podían trabajar en una discoteca.
Un WhatsApp delatador
En la resolución, la magistrada María Inmaculada Iglesias ha detallado que primero ha ordenado varias diligencias y una vez las tenga completadas, citará a declarar a los investigados. En concreto, ha ofrecido acciones a todos los becarios; ha citado a declarar a la denunciante, y ha pedido información a la Seguridad Social, la Comunidad de Madrid, el Registro Mercantil y la Inspección de Trabajo.
Además, la magistrada reproduce un mensaje de uno de los chicos que ha aportado de un grupo de WhatsApp, en el cual una de las investigadas explicaba a los 20 becarios: "Les recuerdo que viajarán en calidad de turistas, no tienen que mencionar a migración que estudiarán."
La magistrada detalla el atestado policial que los 19 jóvenes fueron requeridos a marchar del Estado español al haber expirado los 90 días de estancia, fijados por la norma vigente. Después, el enero pasado, pidieron la estancia de estudiante, pero la Delegación del gobierno se los denegó al asegurar que los estudios no recogían una titulación concreta y reconocida.
De la investigación, la jueza declara que hay indicios que Cano y los otros investigados "se estarían lucrando" con la actuación de los becarios a su musical, "mientras los bailarines cobran por debajo del convenio y tienen que pedir ayuda a familiares o a sus ahorros".