Madrid, 18 de febrero de 1936. El presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora y el presidente del Gobierno y ministro de Gobernación, en funciones en los dos casos, Manuel Portela Valladares (del Partido del Centro Democrático) hacían públicos los resultados de las terceras elecciones generales de la II República, celebradas dos días antes (16 de febrero). Aquellos resultados revelaban el apoyo de las sociedades española y catalana a los programas de los partidos de izquierdas (el Frente Popular, en España, y el Front d’Esquerres, en Catalunya) que se presentaban al electorado con la promesa de recuperar las leyes progresistas de los primeros gobiernos de la República y de restaurar la normalidad democrática de Catalunya. Y tenían el aval de la voluntad mayoritaria de la sociedad, que apostaba por un cambio de ciclo en la política de la República española.
La coalición de derechas que había gobernado desde las elecciones de noviembre de 1933, formada por el Partido Republicano Radical (PRR), de Lerroux; la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de Gil-Robles, y el Partido Agrario Español (PAE), de Martínez de Velasco, había pagado los excesos cometidos, las tensiones creadas y la práctica del canibalismo político con una estrepitosa derrota en las urnas. Al día siguiente (19 de febrero) Manuel Azaña, de Izquierda Republicana (nada que ver con ERC), se convertía en presidente del nuevo Ejecutivo y cumplía su promesa electoral: iniciaba la tramitación de la amnistía al Govern Companys (encarcelado desde los Hechos de Octubre de 1934) y la de 30.000 personas más; que, en Catalunya, habían sido recluidas por su apoyo a la proclama catalanista del president y, en Asturias, por su compromiso con la revolución obrerista.
El paisaje político
Las derechas habían ganado los anteriores comicios (noviembre, 1933) con la promesa de liquidar la amenaza a la unidad de España que, supuestamente, representaba el autogobierno catalán (Catalunya era el único territorio autónomo de la República). Aquellas tensiones desembocarían en la proclama del president Companys (un intento de conseguir apoyos externos para modificar la arquitectura del Estado, pasar de una república unitaria a una república federal). Aquel episodio se saldaría con la intervención de la Generalitat (octubre, 1934) y la condena a 30 años de reclusión al Govern de Catalunya (junio, 1935). Las derechas habían alcanzado su objetivo. Pero tan solo tres meses más tarde (septiembre, 1935) estallaba el escándalo del Estraperlo, que ponía de relieve la escasa altura política y el espíritu cainita de los líderes de aquella coalición involucionista.
Lerroux y Pich y Pon
El 5 de septiembre de 1935, la prensa hacía público que destacados dirigentes del PRR, como Alejandro Lerroux, presidente del Gobierno; Rafael Salazar Alonso, ministro de Gobernación y alcalde de Madrid; Juan Pich y Pon, gobernador general de Catalunya y alcalde de Barcelona (nombrado a dedo, en los dos casos, después de los Hechos de Octubre de 1934), y otros altos cargos de la formación cobraban copiosas comisiones ilegales desde que habían autorizado la instalación de las ruletas fraudulentas de los casinos de Donosti y de Formentor. Ruletas que no habían sido instaladas en los casinos catalanes porque, reveladoramente, el gobierno Companys había denegado su autorización. El presidente Alcalá-Zamora exigió la dimisión a Lerroux, confiando en que su socio de gobierno, Gil-Robles, de la CEDA, lo relevaría hasta agotar la legislatura.
El Estraperlo y Gil-Robles
Aquel escándalo de corrupción, conocido como Estraperlo, fue la tumba política de Lerroux y de su partido, que pasó de ser la segunda fuerza parlamentaria (104 diputados en las elecciones de 1933) a casi desaparecer del paisaje político español (5 diputados en los comicios de 1936). Después del estallido del escándalo, aquel desastre era previsible, pero el presidente Alcalá-Zamora nunca habría imaginado el cálculo estratégico de Gil-Robles. El líder de la CEDA planteó condiciones inaceptables, porque su propósito no era relevar a Lerroux hasta agotar la legislatura, sino dejar al Estado sin gobierno, forzar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas, absorber el voto del partido de Lerroux y gobernar en solitario. Alcalá-Zamora no tuvo ningún otro remedio que disolver las Cortes y nombró un gobierno de transición (diciembre, 1935).
La campaña electoral de la izquierda
En aquel contexto, aparece la figura de Manuel Azaña, que al día siguiente de la proclamación de los resultados (19 de febrero) se convertiría en presidente del Gobierno y, unas semanas más tarde (10 de mayo), sumaría al cargo el de presidente de la República. Azaña es, con el president Macià, el gran estadista de la etapa republicana. Alcalá-Zamora, Companys o Negrín, por citar tan solo tres nombres, no les llegaron nunca ni a las rodillas. Azaña es quien rearma ideológicamente la izquierda española. Es quien entiende y defiende que el régimen republicano español no tiene futuro si no se restauran las leyes progresistas de los primeros gobiernos de la República (1931-1933), indecentemente revertidas por la derecha involucionista durante el llamado Bienio Negro (1933-1935), y no se normaliza la situación política en Catalunya, el único territorio autónomo de la República.
La amnistía
Azaña negocia y pacta un gran frente de izquierdas —el Frente Popular—, pero tiene mucho cuidado en no invadir Catalunya. En la construcción de aquel proyecto, pacta con una Esquerra Republicana decapitada y desahuciada (sus dirigentes están en la prisión o han sido inhabilitados), pero que, sociológicamente, conserva la categoría de formación política catalana hegemónica; que el bloque progresista en Catalunya se presentará de forma independiente con la marca Front d’Esquerres. Azaña no quiere combatir contra Catalunya, sino contra las derechas. Y necesita Catalunya, que es el territorio de la República donde las izquierdas tienen más fuerza. Azaña (desde las Cortes) y Companys (desde la prisión) pactan una alianza que tiene que culminar con la recuperación de la normalidad democrática en Catalunya. Y eso, necesariamente, pasa por la promulgación de una amnistía.
La campaña electoral de la derecha
La prensa de la época revela que aquella campaña electoral —que se inicia en enero de 1936— alcanzó un grado de crispación inédito en la historia española. La CEDA, que se había convertido en "la esperanza blanca" del conservadurismo más reaccionario, planteó la campaña sobre dos ejes principales. Invocó el peligro marxista (la revolución bolchevique en España) con todos los ingredientes posibles del género del terror rojo: nacionalización de la tierra y de las fábricas, desamortización de los bienes eclesiásticos y supresión de la confesionalidad del Estado. E invocó el peligro del "separatismo", con la escenificación de una España hundida y condenada a la eterna miseria después de perder las últimas colonias de ultramar (1898) y los dos motores económicos del país (Catalunya y Euskadi).
¿Cómo acabó todo aquello?
El 21 de febrero de 1936, cinco días después de las elecciones, la Diputación Permanente de las Cortes españolas votaba y aprobaba el decreto-ley de amnistía. Aquel decreto-ley, firmado por el presidente Alcalá-Zamora decía: “Siendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones (...) en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos (...) en favor de la cual se ha pronunciado la mayoría del Cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, (...) de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de su Presidente y previa la aprobación de la Diputación permanente de las Cortes, vengo a disponer lo siguiente: Artículo único. Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales”. Había ganado la política. Había perdido el caciquismo.