Las Ramblas se recuperan como un epicentro clave y emblemático del Sant Jordi barcelonés y el 23 de abril volverá a caer en día laboral después de unos cuantos años, haciendo que la capital catalana quede, presuntamente, más resguardada de masificaciones y colas infinitas. Pero probablemente el chismorreo que se ha vivido en pasillos de librerías y editoriales ha sido otro y viene de una decisión agridulce nunca vista que remueve las bases tradicionales de esta fiesta popular: la festividad dejará de ser gratuita para las paradas que se ubiquen en las zonas gestionadas por la Cambra del Llibre —entre las que, casualmente, están las calles más céntricas de la ciudad— y tendrán que pagar una cuota de servicio. La entidad lo anunció en una breve nota de prensa a finales de febrero, de un día para el otro y sin avisar a agremiados ni a no agremiados, despertando incomprensión, antipatías y malestares instantáneos que enseguida encontraron su altavoz en X (Twitter), sentimientos que en pocos días se movilizaron bajo un mismo manifiesto para denunciar "la privatización y externalización del Sant Jordi". Para unos, es una aportación mínima que mejora las condiciones laborales de los libreros en un día de máxima afluencia; para otros, la reconversión de una fiesta popular en una feria comercial que demuestra la deriva neoliberal de la festividad.
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Vayamos al momento en que todo se precipitó y que permite entender el goteo de este giro de guion. Era 23 de abril de 2021 cuando el Sant Jordi se trasladó de manera excepcional al Paseo de Gracia para respetar una distancia de seguridad prudente que en las Ramblas y Rambla de Catalunya, epicentro clásico prepandémico de la jornada del libro y la rosa, eran inviables. Entonces, la alerta sanitaria todavía obligaba a mantener ciertas medidas, en uno de estos vaivenes decisorios incontables que se vivieron aquellos meses de incertidumbre. Por aquellas, la gestión pasó a manos de la Cambra del Llibre, y algunas voces críticas ya alertaron de la poca transparencia que habían tenido el Ayuntamiento de Barcelona y los gremios a la hora de decidir el traslado de ubicación con un comunicado que llevaba por título Normalitat privatitzada. "Aparte de denunciar la deriva privatizadora de la gestión del espacio público, lo único que se pedía en aquel momento era transparencia y explicaciones, y hasta ahora no las ha dado a nadie", explica Ibai Sans, miembro de Descontrol Editorial & Imprenta y portavoz de la campaña Volem un Sant Jordi Popular.
Según la Cambra, el traslado respondía a la saturación del eje principal conformado entonces por Rambla Catalunya y las Ramblas. "Había un momento que era imposible moverse; la gente no podía dedicarse a mirar libros porque estaba preocupada por como adelantaba o tiraba atrás, y se pasaba media hora parada delante de la misma parada; hubo un momento que ya no daba para más", matiza Èric del Arco, librero de Documenta y presidente del Gremi de Llibreters. Según ratifica, este fue el principal motivo para que el Ayuntamiento empezara a ofrecer esquinas y espacios de los laterales del Paseo de Gracia. Con la pandemia tocando la puerta y el éxito organizativo del Sant Jordi de verano se decidió crear por primera vez un espacio profesionalizado con todo un despliegue organizativo: puntos de luz, generadores eléctricos, zonas valladas o agentes de seguridad que en 2021 abastecieron a unos 170 puestos. En la edición del Sant Jordi de este año, la cifra de paradas en la zona llamada como profesionalizada ya llega a las 435. "No creo que sea cosa de la masificación, creo que es una cuestión de intereses; de los gremios, para que haya discriminación y menos competencia, y así ganar más dinero, y de externalización de la administración pública con esta moda de la colaboración público-privada, que se es perniciosa para el uso social pero altamente rentable tanto para el ente privado como para la administración, que deja de responsabilizarse," comenta Ibai.
Un copago por primero vez en la historia de la festividad
La financiación de todos estos recursos los empezó a aportar la Generalitat de Catalunya en 2021, por primera vez en la historia del 23 de abril, con dinero proveniente del fondo covid, mientras que el Ayuntamiento aportaba los servicios. "En aquel momento, ya se nos advirtió que las instituciones no podían asumir que un espacio profesional pudiera estar financiado al 100% con dinero público", explica Del Arco, un reclamo que cogió más impulso con el masificado efecto llamamiento generado por la festividad, que en 2023 —y cayendo en domingo festivo— congregó a más de un millón de personas en Barcelona, y motivo por el cual la Cambra ya empezó a plantearse aplicar esta "tasa de servicios" para poner luz y agentes en todas partes, sin todavía haber hecho ningún debate interno. "Tasa de servicios", explican, porque ni la Cambra del Llibre, ni el Ayuntamiento de Barcelona, ni la Generalitat sacan un rédito económico. "No hay enriquecimiento ni beneficios, no se explota; es simplemente un mecanismo para financiar unos recursos para que la festividad funcione de forma adecuada", dice Xavier Marsé, concejal de Cultura e Industrias Creativas del ayuntamiento. "Es un modelo que no afecta al carácter popular, que sería que se hiciera dentro de un recinto ferial y se cobrara entrada".
Èric del Arco: "Se ha hecho una mala política de comunicación y hemos pedido disculpas, pero con las explicaciones que hemos dado, dentro del sector profesional han entendido nuestros argumentos y el nivel de aceptación es altísimo"
Pero llegó la primavera del 2024 y ninguna persona de la Cambra —ni del Gremi de Llibreters o del Gremi d'Editors— comunicó activamente la decisión: agremiados y no agremiados conocieron la decisión del pago por parada cuando la nota de prensa salió publicada en los medios, evidenciando un déficit de comunicación que ha traído más quebraderos de cabeza que alianzas. Un hecho que Èric del Arco reconoce y lamenta. "Se ha hecho una mala política de comunicación porque dentro del gremio lo teníamos asumido y no lo hemos comunicado bien, está mal hecho no haberlo hablado antes con los implicados, porque ha cogido a todo el mundo por sorpresa y nos hemos puesto en contra a mucha gente que queremos". Al respecto, y en rueda de prensa, el presidente del Gremi de Llibreters concluyó que habían pedido disculpas a los agremiados y que "con las explicaciones que hemos dado, dentro del sector profesional han entendido nuestros argumentos y el nivel de aceptación es altísimo".
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"Se tendrían que haber dado una serie de condiciones de democracia básica que no se han dado, sobre todo porque los gremios y las asociaciones profesionales no representan ni la mitad de los editores y libreros del país," critica Patricia Castro, socióloga, autora y editora de Apostroph, que rechaza frontalmente, una decisión que aleja el Sant Jordi de las calles populares. "Gremios y asociaciones son entidades privadas patronales, con un criterio opaco de asignación de espacios y favoritismos consolidados al cabo de los años. No hay un sorteo de puestos o un proceso transparente. Además, las pocas condiciones que conocemos penalizan a los no agremiados y a todos aquellos que son de fuera de Barcelona, cuando son entidades de rango catalán. Sant Jordi no ha sido nunca una feria, y el espíritu, al menos hasta la pandemia, había sido mucho más popular. Eso, con el actual formato, se pierde".
Para conseguir puesto en la zona profesional solo se tenía que pedir a través de un formulario, en el que se adquiría el compromiso de pagar la tasa en un plazo de 10 días, una inscripción que según Del Arco este año ha ido más rápido. Pero editoriales y librerías denuncian que no hay igualdad de condiciones para todo el mundo y que se incentiva la discriminación hacia una parte del sector del libro, porque el plazo para solicitar la ocupación del espacio público de forma gratuita se abrió más tarde que el plazo para montar en los espacios profesionales. "Cuando abrías el mapa de la ciudad ya estaba casi todo copado y había muy pocos espacios donde poder montar de forma gratuita, y los que había eran de poca afluencia", explica el portavoz de la campaña.
La horquilla de precios para los comercios agremiados estaba entre los entre los 96,8 y los 387,2 euros, mientras que, para los no agremiados, las tarifas subían de los 121 euros hasta los 484 euros. Una medida con la que se han recaudado cerca de 40.000 euros, que es aproximadamente un 17% del coste total de Sant Jordi, unos 245.000 euros. El 80% restante de la aportación se hace desde la administración pública. Con eso, los gremios dicen que dan la opción de mejorar las condiciones de libreros y editores proporcionando una serie de facilidades y recursos a la hora de afrontar la jornada laboral del 23 de abril, entendiendo que tiene sentido que cooperen con una aportación económica si van a realizar una actividad mercantil. "Hay un interés comercial; hay gente que querrá ir a defender sus ideales con sus libros, y estoy de acuerdo, pero la mayoría vamos a vender libros", clarifica el presidente del Gremio de Libreros.
Ibai Sans: "Sant Jordi, históricamente, ha sido una festividad popular donde todo el mundo sale a la calle y donde no solo venden libros los que se dedican a los libros"
Pero los abajofirmantes del manifiesto Volem un Sant Jordi popular se oponen totalmente a esta idea. Creen que Sant Jordi ha sido históricamente una festividad popular en la que se ha salido a la calle para celebrar la literatura y el amor a las rosas y para dar visibilidad a entidades y colectivos. "Sant Jordi, históricamente, ha sido una festividad popular donde todo el mundo sale en la calle y donde no solo venden libros los que se dedican a los libros, sino que hay mucha gente que puede vender para financiar sus organizaciones, practicar la autogestión y visibilizar su actividad", comenta Ibai, que denuncia que la lógica de la Cambra y las instituciones se basa únicamente en la venta y el ir cobrando. "Pienso en generar confluencias, en compartir las cosas que se han hecho o se harán, para que los libros generen reflexiones y contribuyan a las luchas o expliquen las cosas que están pasando". En la misma línea se muestra Castro. "Sant Jordi no es un acontecimiento comercial, aunque se vendan libros, sino social, político y cultural; ¿tenemos que escondernos incluso en nuestra capital durante el mayor acontecimiento cultural del país?"
El comunicado de Sant Jordi Popular también denuncia que se acentúe la desigualdad entre agremiados y no agremiados y que deje de ponerse el foco en el mundo de la literatura catalana producida en Catalunya, también que la exclusión de pagar por el espacio tiene consecuencias que nadie está previendo. "Habrá un montón de colectivos, de caus, esplais o de otras entidades que no podrán montar, o que si montan tendrán menos ventas, y si tienen menos ventas tendrán menos financiación, y al final acaban pagando siempre los que menos recursos tienen", explica Ibai Sans.
Más de un millar de abajofirmantes para un Sant Jordi popular
Para David Caño, poeta y número 5 en la lista de la CUP para las próximas elecciones al Parlament de Catalunya, la decisión de la Cambra del Llibre responde a una lógica de mercado que tiene que ver con cómo se entienden las industrias culturales y premia a las editoriales más potentes y a las librerías más grandes. "Es esta concepción de pagar para tener puesto e intentar tener la mejor posición para que te salga más rentable, y eso desacredita la concepción de fiesta popular e imposibilita que mucha gente pueda hacer sus paradas". Caño es uno de los nombres que han firmado el manifiesto para volver a un Sant Jordi popular, entre los que también hay personalidades como Blanca Llum Vidal, Enric Casasses, Bel Olid, Dani Vilaró, Ana Polo, Joan Todó, Irene Jaume, Vidal Aragonès o Marta Roqueta, pero también entidades del mundo del libro como Virus Editorial, Pol·len Ediciones, Alpha Decay, La Tribu Llibreria o Acció Perifèrica, y otras entidades como ECVA Can Batlló, el Ateneu Llibertari de Gràcia o Col·lectiu Punt 6. En total, unas 1.500 firmas.
"Se plantea Sant Jordi como una cosa que solo pasa en Paseo de Gracia, y el resto de barrios, literalmente, se olvidan", explica José Antonio Martínez, de Acción Periférica, que no están agremiados. Es cierto que este año la Cambra ha apostado por una mayor descentralización, con presencia de los gremios hasta en 7 distritos, pero Martínez critica que solo se corten las calles cuando la festividad del libro se organiza desde una entidad que no representa a todo el sector. "Es injusto, porque señalan que hay profesionales de primera y de segunda, y cualquier persona que se dedique al mundo del libro ya es un profesional, esté agremiado o no".
Patricia Castro": Sant Jordi no es un acontecimiento comercial, aunque se vendan libros, sino social, político y cultural"
En la misma línea de injusticia se muestra la editora de Apostroph, que lamenta el centralismo atrevido de Barcelona y hace un llamamiento a democratizar Sant Jordi por encima del "consumismo enloquecido" y el "monocultivo cultural", aunque menos del 10% de las paradas que se pondrán en la capital catalana responden a esta lógica de copago, según la Cambra. "Se tiene que exigir a las instituciones y gremios mayor transparencia, y reclamar tener voto y voz en las decisiones que nos afectan como sector editorial, para poder decidir cuál es el futuro del sector cultural que queremos". El cambio de rumbo de este Sant Jordi ha abierto un gran interrogante: ¿no hay modelo si no se paga? Y sobre todo: ¿la decisión es inamobible? Según Èric del Arco, presidente del Gremi de Llibreters, pasado el 23 de abril se hará una reflexión con los agremiados —¿solo?—, pero para él y la Cambra la respuesta parece clara: el copago ha llegado para quedarse.