Pedro J. Ramírez es un periodista de cuyos libros no importa el título. Son siempre “el último libro de Pedro J.” hasta que llega otro nuevo “último libro de Pedro J.” El último es la primera parte de sus memorias, Palabra de director, en cuya portada destaca su nombre en tipografía de cuerpo tres veces mayor que el título. Ramírez ha pasado 41 de sus 69 años como director de diarios. De Diario 16 le echó un gobierno del PSOE por investigar la guerra sucia de los GAL contra ETA. De El Mundo le echó un gobierno del PP por desvelar los “papeles de Bárcenas”, que documentan la caja B del partido. De El Español “no me echarán porque soy el primer accionista y lo he financiado con el dinero que me pagaron por despedirme [de El Mundo]”. Es una entrevista promocional de 20 minutos y la editorial pide que se centre en las memorias, que abarca de 1973 a 2006, “el largo prólogo de lo que vivimos hoy”, como estampa en la dedicatoria. Él, por supuesto, ha venido a hablar de su libro.
¿El periodismo es la política por otros medios? Es decir, un modo de alcanzar el poder sin el incordio de la campaña electoral, de la sectorial del partido, de las primarias…?
El poder sólo lo tiene quien puede enviar un proyecto de ley al Parlamento y conseguir la mayoría suficiente para publicarlo en el BOE o en el Diari Oficial. Eso es poder. Lo otro es, bueno, influencia. El periodismo es una fuente de influencia. Y a mucha honra. Los periódicos tratamos de dar a la gente elementos de información, elementos de juicio… ¿Acaso no influye El Nacional en todo el sector independentista de la política catalana? ¿Tiene que pedir disculpas por eso? Yo me siento muy orgulloso cada vez que convenzo a algún gobernante de algo. Porque pienso que será para bien de la sociedad, acorde con mi visión de lo que tiene que ser nuestro país.
Me refería a la capacidad de algunos órganos no electos de intervenir antes, durante o después en el proceso legislativo o en el ejercicio del ejecutivo, como hacen el Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos…
Creo que se refiere más a los lobbies, a lo que siempre se ha llamado poderes fácticos, grupos de presión… En un sistema democrático, cuando la legitimidad proviene del voto de los ciudadanos y el gobierno emana de la soberanía popular, es normal que existan ámbitos de influencia en el “atrio del poder”, como lo llamaba Pablo Iglesias un poco escandalizado. Gobernar no solo es vencer sino también convencer.
Pedro J. Ramírez acaba de publicar Palabra de director
En sus memorias reproduce una conversación en la que el teniente general Milans del Bosch dice al teniente coronel Tejero que el objetivo del golpe de Estado del 23-F de 1981 es “la democracia, pero bien llevada”. ¿Tiene la impresión de que en el poder judicial hay quien tiene hoy una actitud análoga?
Ese es un tópico que se maneja sin ningún fundamento. Creo que en España tenemos una democracia imperfecta pero hay una clara separación de poderes y los altos tribunales tratan de aplicar la legalidad con la máxima independencia que pueden obtener.
Que es la que es…
Es verdad que el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial politiza los órganos de gobierno de la judicatura, pero yo he visto cómo jueces cooptados o elegidos con el respaldo de vocales de un partido han tomado decisiones contrarias a los intereses de ese partido. El caso más notorio es el de [José] Barrionuevo y [Rafael] Vera [ministro y secretario de Estado de Interior en gobiernos de Felipe González], que fueron condenados [en el juicio sobre los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación] y terminaron en la cárcel. La verdad sobre los GAL quedó establecida judicialmente gracias a dos magistrados, Cándido Conde Pumpido y [José Antonio] Martín Pallín, que habían llegado al Tribunal Supremo con los votos de los miembros del Poder Judicial designados por el PSOE. Podríamos encontrar también muchos casos de magistrados a los que se asigna origen conservador y que toman resoluciones favorables a las posiciones de un gobierno de izquierdas. Y para que la alusión no quede sin respuesta: Milans era un golpista, un enemigo de la democracia como tantos de su gremio a lo largo de la historia de España. Tenía como asidero una cierta afinidad con [el Rey] Juan Carlos y revestía su integrismo con una apariencia de monarquismo tradicional. Pero los miembros de los altos tribunales son defensores de la democracia.
Ya. Dicho de otro modo. El Tribunal Constitucional que en 1982 anuló la decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar de expulsarle del juicio por el 23-F ¿habría aprobado la “ley mordaza”?
El Tribunal Constitucional ha tomado muchas decisiones controvertidas, como ocurre con el Tribunal Constitucional alemán o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En toda democracia siempre hay un órgano que debe velar por la defensa de la legalidad al margen de la conveniencia política del gobierno de turno. Unas veces se critica al Constitucional por haber sido demasiado dócil a los intereses y a la conveniencia del gobierno. El caso paradigmático es la resolución sobre Rumasa, que se toma por el voto de calidad del presidente después de que este se encontrara con el presidente y vicepresidente del gobierno español, Felipe González y Alfonso Guerra. Un ejemplo de todo lo contrario es la declaración de inconstitucionalidad de buena parte de los artículos del Estatut de Catalunya.
¿No estamos ante un caso más complicado?
Tiene un problema funcional fruto de una decisión equivocada de un tiempo anterior. El gran problema de esa resolución es que enmienda algo que ha sido avalado por un referéndum que tuvo poca participación pero tiene la legitimidad que le dan los ciudadanos de Catalunya. ¿Por qué puede ocurrir eso? Porque antes se habían cargado el recurso previo de inconstitucionalidad, que debería preceder a cualquier consulta popular sobre una ley. De la manera como se hizo parece que se contrapone la voluntad del pueblo con la decisión de unos jueces. Sinceramente, creo que el Constitucional no podía actuar de otra manera. Había artículos en ese texto que difícilmente encajaban en el orden constitucional.
El Estatut había pasado por el Congreso y el Senado.
Claro, pero el Congreso y el Senado representan mayorías de carácter político, representan posiciones que responden a los intereses del gobierno de turno. El Constitucional no.
¿No?
Hombre… Bueno… Sí, todos los jueces son elegidos por el propio gobierno, el Congreso y el Senado pero, como se renuevan por tercios, ocurre en la práctica lo mismo que en el Tribunal Supremo de los EE.UU., donde el nombramiento de los magistrados es vitalicio y está tomando decisiones… ahora hay una mayoría conservadora…
…en EE.UU. hay una asincronía entre el partido del presidente, la mayoría en el Congreso y el Supremo.
Eso es lo que quería decir. Si creemos en un sistema de checks and balances [controles y equilibrios], que unas veces resulta contrario a lo que te gustaría y otras veces concuerda con lo que te gustaría, tenemos que aceptar la imperfección del modelo democrático. Lo que resultaría más fácil es que los políticos elijan a los jueces, que los jueces se pongan firmes y no haya ningún tipo de asincronía entre la legislatura y el mandato de los tribunales. Ahí muere el sistema de equilibrios y contrapesos.
¿No es exactamente eso lo que ha ocurrido con la reciente renovación del Tribunal Constitucional? ¿O con el PP bloqueando la renovación del Consejo del Poder Judicial desde hace tres años?
Cada semana o cada quince días, nosotros [El Español] repetimos que el PP no puede supeditar la renovación del Poder Judicial a la muy conveniente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el sentido que reclama la Unión Europea. Creo que es la representación máxima de cómo se ha deteriorado uno de los mayores valores de la Transición: la capacidad de interlocución entre los grandes partidos, la capacidad de llegar a consensos. Hacía mucho tiempo que el PP tenía que haberse avenido a renovar ese órgano y hacía mucho tiempo que el PSOE debía haberse avenido a participar en una comisión que, en sintonía con la Comisión Europea, estudiara la reforma de la LOPJ. No ha ocurrido nada de eso. Es una calamidad que erosiona la convivencia y deteriora la calidad de nuestra democracia.
Pedro J. Ramírez, 41 años como director de diarios
Sus memorias no esconden la rivalidad con Juan Luis Cebrián, el director fundador de El País.
Cada vez que tenemos un debate, bien sea sobre el Rey, bien sea sobre [Emilio] Alonso Manglano [teniente general, primer director del Cesid, predecesor del Centro Nacional de Inteligencia], queda en evidencia hasta qué punto teníamos opiniones y actitudes no sólo distintas sino opuestas en relación a lo que debía hacer la prensa.
¿El periodismo de la Transición jugó un papel más balsámico que ahora, que parece más atrincherado?
No creo que fuera balsámico publicar que el Rey firmaba decretos en Madrid cuando estaba en Suiza…
Lo era porque es pedir cuentas a los poderosos. Hoy parece más bien que el periodismo se alinea con un poderoso u otro.
No creo que sea balsámico decir que tenemos un gobierno que comete asesinatos. Es cumplir con lo que hay que hacer. Si ese gobierno consigue que te echen de un periódico [Diario16] pues fundas otro [El Mundo] y si otro gobierno de signo opuesto consigue que te echen del que has fundado pues fundas un tercero [El Español]. Y de este no me echarán porque soy el primer accionista y lo he financiado con el dinero que me pagaron por echarme [de El Mundo]. Así se ha vuelto contra ellos la jugarreta, como un bumerán.
¿Pero está el periodismo español actual alineado con unos u otros poderosos?
En estos momentos, en España vivimos una polarización muy peligrosa, como en el resto del mundo, agravada a consecuencia del funcionamiento de las redes sociales y de la manipulación de esas redes a través de actores que escapan a nuestro control. El presidente de una empresa muy importante del sector tecnológico en España, en confianza, me explicaba el otro día cómo cada vez que vemos un asunto que exacerba los ánimos y genera tensión en la vida social —el que quieras: la España vaciada, Vox, el independentismo o la tanqueta de Cádiz—, siempre hay actores tecnológicos controlados desde fuera que intentan que nos enfrentemos lo más posible.
¿A quién interesa eso?
¡Hombre! Vamos a ver. Estamos viviendo la muerte de un orden mundial y el nacimiento de otro nuevo. Hace dos semanas, las dos personas más poderosas de la Tierra se reunieron en una cumbre. Durante medio siglo hemos escuchado esa expresión referida al americano y al ruso. Ahora no. Ahora son el americano y el chino. Si tú fueras al que han quitado de esa súper-mesa del poder… no te sentirías a gusto con ese nuevo orden.
Claro. Rusia.
No voy a salir ahora con que si todo lo que pasa viene de los rusos y tal… Pero hago una reflexión. Somos marionetas en la cuerda. Los ciudadanos y las comunidades autónomas, los estados de la Unión Europea… pero si es que somos players muy débiles. La única oportunidad para nuestra generación es poner todos los esfuerzos en la construcción de una Europa federal, que aproveche el impulso del trauma de la pandemia para que nunca más dejen de tomarse decisiones en común que afecten a todos los ámbitos reales de la soberanía, y que haya un ejército europeo, y que el Parlamento Europeo tenga capacidad legislativa sobre el pasaporte covid… Y que los ayuntamientos se ocupen del bread and butter [pan y mantequilla] de la gente. Todo lo demás son elementos instrumentales.