Costa de Roque Cabrón, península de Villa Cisneros (Sáhara Occidental); 1881. La marina de guerra española anclaba un pontón (un barco-almacén) que anunciaba la ocupación del territorio. Tres años más tarde (9 de noviembre de 1884), se constituía en Madrid la Compañía Mercantil Hispano-Africana, una empresa privada creada con un capital de 300.000 pesetas; y que, según el Registro General de Sociedades Industriales, había sido fundada para "explotar las factorías de Río de Oro y Cabo Blanco". Acto seguido, un destacamento militar español comandado por el teniente Emilio Bonelli Hernando, ocuparía la península y fundaría Villa Cisneros, el primer establecimiento colonial español en el Sáhara. Se había iniciado un proceso de colonización que se prolongaría por un espacio de 91 años, hasta que en 1975, el Estado español abandonaría precipitadamente el territorio.

Fragmento del Atlas Catalán (1375) con la coca de Jaume Ferrer. Fuente: Bibliothèque Nationale de France

La primera presencia europea en el Sáhara fue catalana.

Los españoles no fueron los primeros europeos modernos que ponían los pies en aquel territorio. El año 1346, en un contexto de rivalidades entre las potencias marítimas mediterráneas por la apertura de nuevas rutas atlánticas, la expedición capitaneada por el navegante mallorquín Jaume Ferrer —que había sido una de las pioneras en tocar las costas de las islas Canarias; se convertiría en el primer contacto europeo moderno con la costa atlántica del Sáhara. Aquella expedición está perfectamente documentada en los archivos históricos y, sobre todo, está muy bien ilustrada en el Atlas Catalán (1375), el primer planisferio moderno, obra del cartógrafo mallorquín Abraham Cresques. En el Atlas Catalán, la nave de Jaume Ferrer es la coca (barco mercante) que surca el mar de las Canarias y del Sáhara y que enarbola una bandera cuatribarrada.

La segunda presencia europea en el Sáhara fue portuguesa

El proyecto de Jaume Ferrer y los conocimientos de Abrahán Cresques se desplazaron a Portugal. El año 1417, el infante Enrique (hijo del rey Juan I de Portugal y cuñado de Isabel de Urgell, hija del último conde de Urgell), creaba la Escuela de Navegación de Sagres, y nombraba director a Jafudah Cresques, hijo de Abrahán Cresques. La escuela del infante Enric crearía una generación de navegantes que situaría a Portugal al nivel de Catalunya, de Génova o de Venecia. A partir del viaje de Gil Eanes a Cabo Bojador (1434), los portugueses fundarían pequeñas factorías coloniales en la costa, para comerciar con los caravanistas magrebíes, traficantes de oro y de esclavos, que hacían la ruta entre el golfo de Guinea —fuente de aprovisionamiento de la mercancía—, y la costa mediterránea africana —centro de distribución de la mercancía. Por este motivo denominaron el territorio Río de Oro.

Alfonso XII, Cànovas, Sagasta y Bonelli. Fuente: Wikimedia Commons

La tercera presencia europea en el Sáhara fue castellana.

Después de los viajes de los portugueses Bartolomé Dias (1488) y Vasco da Gama (1497), —que serían los primeros en alcanzar las costas del sur de África— el valor estratégico de la costa de Río de Oro decaería progresivamente. Los barcos europeos llegarían, cada vez más fácilmente, a las costas de Guinea, y accederían directamente a las fuentes de provisión del comercio de oro y de esclavos, ahorrándose la intermediación de los caravanistas. Los asentamientos castellanoleoneses de Santa Cruz de la Mar Pequeña (1478) y San Miguel de Asaka (1499) —extemporáneamente edificados mientras los portugueses ya surcaban el océano Índico—, tendrían una existencia efímera y serían inevitablemente abandonados entre 1524 y 1527. Después de eso y durante tres siglos largos (XVI al XIX), Río de Oro quedaría en el cajón del olvido de las potencias europeas que lo habían codiciado.

La ocupación colonial española.

A mediados del siglo XIX las antiguas colonias americanas, prácticamente en su totalidad, se habían independizado. Pero las viejas políticas extractivas europeas no tan solo no habían desaparecido, sino que se habían transformado e intensificado, coincidiendo con el fenómeno de la Revolución Industrial. En aquel contexto, las potencias europeas fijaron la mirada y clavaron los colmillos sobre continente africano. Entre 1880 y 1885 pactaron el reparto de África como una manada de lobos se repartiría una presa. Y el reino español de Alfonso XII, en aquel momento gobernado por un pintoresco régimen de alternancia liberal-conservador (Sagasta-Cánovas); reclamó lo que pudo y tomó lo que le dejaron. Basando su reivindicación sobre la existencia de las factorías castellanas del siglo XVI, iniciaría una lenta ocupación que no culminaría hasta bien entrado el siglo XX.

Mapa de las colonias españolas en el África (1900). Fuente Cartoteca de Catalunya

¿Qué buscaba España en el Sáhara?

Hasta después de la Guerra Civil (1939) el dominio efectivo español no pasó del pequeño territorio de la península de Villa Cisneros. Aquella masa de semidesierto y de desierto de 250.000 kilómetros cuadrados (la mitad de la superficie de la península Ibérica) solo era española sobre el mapa. Entonces, la cuestión es: ¿qué interés tenía España para pretender el dominio sobre aquel territorio? La extracción de recursos, más allá de las escasas minas de fosfatos que, en aquella etapa iniciática, se pusieron en explotación; y de los bancos de pesca que ya frecuentaban los pescadores andaluces y canarios; no serían, aparentemente, un motivo que podía justificar aquella empresa colonial. Y el pretendido prestigio que podía comportar lucir una colonia en África, cuando se comparaba con los rendimientos coloniales que obtenían cualquiera de las otras potencias, resultaba humillante.

Un funesto penal

En 1932, un año después de la proclamación de la II República española —y mientras en las Cortes republicanas se debatía el Estatut d'Autonomia de Catalunya— los ministros Álvaro de Albornoz (PRSS) e Indalecio Prieto (PSOE) —titulares, respectivamente, de las carteras de Justicia y de Obras Públicas— promovieron la construcción de un gran penal en Villa Cisneros. Aquel gran centro penitenciario (que, en realidad, era la ampliación de las mazmorras precedentes) sería destinado, básicamente, a presos políticos. El mismo año 1932 el gobierno de la República recluyó a los carlistas que habían participado en el intento de golpe de estado monárquico urdido por oficiales del ejército español. Y el año 1936, al inicio del conflicto civil español, los golpistas de Franco recluyeron a un grupo de anarquistas canarios que, poco después, protagonizarían una notoria fuga.

Juan Carlos de Borbón pasando revista a las tropas españolas en el Sáhara. Fuente: Pinterest

El abandono de la colonia

El año 1975 las potencias coloniales europeas ya habían, prácticamente, completado los procesos de descolonización iniciados después de la II Guerra Mundial (1945). Y la resolución 1514 de Naciones Unidas (que el Estado español había ratificado en 1955), obligaba a España —la metrópolis— a facilitar la independencia del Sáhara Occidental —la colonia. Eso quería decir tutelar la creación de una administración civil y militar autóctona que tenían que garantizar el tráfico a la independencia y la consolidación del estado saharaui. Tal como lo habían hecho todas las potencias europeas con sus respectivas colonias. Pero sorprendentemente, el Estado español, en aquel momento dirigido por el dictador Franco y por sus ministros tecnócratas (promovidos por el Opus Dei), abandonó, precipitadamente la colonia, y dejó el territorio en manos del expansionismo marroquí.

¿Por qué España abandonó el Sáhara?

Rápidamente, trascendió que los gobiernos español y marroquí habían firmado unos acuerdos secretos (1975) que violaban la resolución de Naciones Unidas. Después del abandono, escenificado por la figura de Juan Carlos de Borbón (entonces Príncipe de España y sucesor al mando del Estado español); el poder marroquí impulsó la Marcha Verde (una ocupación ilegítima de la, todavía, colonia española; con una masa de 300.000 civiles). Y con el transcurso del tiempo se revelarían las contrapartidas de aquella defección: grandes empresas privadas españolas obtuvieron importantes compensaciones en materia de explotación de recursos pesqueros y mineros en la costa y al territorio; que, de acuerdo con el color político de la élite destinada a gobernar la excolonia (claramente inclinada hacia el bloque soviético), muy probablemente, no habrían obtenido nunca.