Barcelona, 6 de octubre de 1934. Las siete y media de la noche. Hace 90 años. El president Companys salía al balcón del Palau de la Generalitat y ante una plaza de Sant Jaume llena hasta los topes; proclamaba la República catalana dentro de la República Federal española. Aquella proclamación provocó una violentísima reacción del gobierno central de la República. El ejército español salió a las calles de Barcelona y convirtió la capital catalana en un dantesco escenario de guerra urbana que se saldaría con 74 muertes; 252 heridos; más de 3.000 detenidos; la detención y encarcelamiento del Govern de Catalunya; la intervención de la Generalitat y la clausura del Parlament. El 6 de octubre de 1934, el president Companys no proclamó la independencia. Entonces, ¿qué perseguía exactamente, que provocó aquella brutal reacción del poder español?
La raíz de los Hechos
Para entender los Hechos de Octubre del 34 (la proclamación, la defensa de la proclama y la represión gubernamental); nos tenemos que remontar a un año antes. El 12 de septiembre de 1933 caía el cuarto Ejecutivo de la II República (junio – septiembre, 1933), formado por una coalición de partidos de izquierda (Acción Republicana, PSOE, Partido Republicano Radical Socialista y Partido Republicano Democrático Federal) y presidido por Manuel Azaña (AR); que gobernaban con el apoyo puntual de los galleguistas del ORGA y de los catalanistas de ERC. Niceto Alcalá-Zamora —presidente de la República y, por lo tanto, jefe de Estado— consideró que tanto el liderazgo de Manuel Azaña (Acción Republicana) como el abanico de alianzas de los partidos de izquierdas ya se habían agotado. Disolvió las Cortes generales y convocó elecciones.
Los nuevos vientos de 1933
La campaña electoral de 1933 fue de una dureza extraordinaria. La derecha española, en toda su variedad de colores y de olores, se conjuró para recuperar el poder que había ostentado hasta la proclamación de la República (abril, 1931). El PRR, de Lerroux; la CEDA, de Gil-Robles y el Partido Agrario Español, de Martínez de Velasco; acudieron a los comicios por separado y cada uno con sus propios programas, pero con un denominador común: revertir las políticas progresistas de los primeros Ejecutivos republicanos y liquidar el autogobierno de Catalunya (en aquel momento, el único territorio autónomo). Aquel discurso caló profundamente en amplios sectores sociales, sobre todo en el centro y en el sur peninsulares, y en las elecciones de 19 de noviembre de 1933 los involucionistas obtenían 255 de los 472 diputados en juego.
La muerte del president Macià
Cuatro semanas más tarde (25 de diciembre de 1933) moría, prematura e inesperadamente, el president Macià. Al pie del cañón: estuvo despachando asuntos de Estado hasta media hora antes de morir. Y el 5 de enero de 1934, en virtud del Reglament de la Generalitat; Lluís Companys, presidente del Parlament, se convertía en presidente del gobierno de Catalunya hasta la conclusión de la legislatura. La llegada de Companys a la presidencia de la Generalitat soltó a todos los demonios que se arrastraban por los rincones más insospechados de la estructura de ERC. El nuevo president promovió una guerra interna que, ocultamente, perseguía la sustitución de la gente de Macià —independentista— por sus acólitos —federalistas; y que limitó, enormemente, la capacidad de respuesta del gobierno de Catalunya a la hostilidad que ya proyectaba el nuevo Ejecutivo español.
La Ley de Cultivos
El 11 de abril de 1934, el Parlament de Catalunya votaba la Ley de Contratos de Cultivo, que enviaba a la papelera de la historia la anacrónica y oligárquica Ley de Contratos de Rabassa Morta. La Ley de Contratos de Cultivo (progresista y social) era el proyecto estrella de Companys; pero había generado un colosal enfrentamiento entre ERC (partido del gobierno) y la Liga Regionalista (principal partido de la oposición y defensor de los derechos de los latifundistas agrarios). El Ejecutivo central, presidido por Lerroux (PRR) e inmerso en la campaña de derribo del autogobierno de Catalunya, lo vio como una oportunidad; y con la colaboración de la Liga Regionalista y del Institut Sant Isidre (el sindicato de los latifundistas catalanes), recurrió la ley; y unas semanas más tarde (8 de junio de 1934) el Tribunal de Garantías Constitucionales la anulaba.
La asfixia del autogobierno de Catalunya
La Ley de Contratos de Cultivos tenía que tener un alcance social y económico limitado. Pero el hecho de que hubiera sido convertida en munición contra las instituciones catalanas (Generalitat y Parlament) convenció al president Companys y sus consellers de que el autogobierno estaba en un callejón sin salida. Entonces, en aquel momento, se empieza a gestar la estrategia que conduciría a los Hechos de Octubre. El president Companys piensa que la única forma no ya de desarrollar, sino de supervivencia del autogobierno de Catalunya, era modificando la arquitectura política del Estado español. La República española era un Estado unitario. Y si bien es cierto que, también en aquel momento, el País Vasco, el País Valencià y Galicia habían iniciado las ponencias de redacción de sus respectivos Estatutos, también lo era que Catalunya era el único territorio autónomo de la República española.
La estrategia de Companys
La proclama del 6 de octubre de 1934 no fue una declaración de independencia. Companys nunca fue independentista y, precisamente, el conflicto que había creado dentro de su partido y de su gobierno era provocado por la maniobra de depuración contra la gente de Macià. Lo que pretendía era implicar a los autonomistas vascos, valencianos y gallegos a sumarse a un proyecto modernizador de España que surgía de Catalunya. Una corriente de solidaridad hacia Catalunya, entre aquellas sociedades que aspiraban a autogobernarse. Y eso explicaría, también, la violentísima reacción del gobierno central español. Lerroux, Gil-Robles y Martínez de Velasco, interpretaron aquella proclama como una gravísima amenaza (un desafío, en la terminología clásica hispánica) a su proyecto involucionista y recentralizador.
El error de Companys
La proclama de Companys fue un error político de dimensiones colosales. El gobierno de Catalunya nunca calculó la reacción de los españoles y, en consecuencia, nunca creó los recursos para hacer frente a aquella violentísima reacción. Y las pruebas de todo eso las tenemos en los mismos hechos. Pocos minutos después de la proclama, el president Companys se dirigió a sus consellers y se despachó con un "... ahora no diréis que soy poco catalanista", que ponía de relieve la escasa confianza que tenía en su propia estrategia. Y durante aquella larga noche de guerra en las calles de Barcelona; los que, de verdad, salieron en defensa de las instituciones de Catalunya, arriesgando o perdiendo sus vidas, no fueron ni los Mossos d'Esquadra ni los Guardias de Asalto; sino los milicianos del partido independentista Estado Catalán y del sindicato independentista CADCI.
