El Aula Magna de la Facultad de Derecho ha registrado un pleno absoluto con ocasión de la celebración de un debate sobre la sentencia del procés, enmarcada en los Debates UB: Catalunya y España, que pretenden generar un diálogo académico de calidad sobre los problemas catalano-españoles y fomentar la convivencia. En este debate, en lo que ha sido presentado por el rector Joan Elias, han participado Mar Campins, catedrática de Derecho Internacional Público de la UB, Ujala Joshi, profesora de Derecho Penal de la UAB, Markus González, profesor titular de Derecho Constitucional y director del Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la UB, Marc Molins, profesor asociado de Derecho Penal de la UB y Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la UB. Las discrepancias han sido notables; mientras algunos han considerado que este juicio vulneraba los derechos de los acusados, otros han apuntado que se ajustaba a la ley. En cualquier caso, todos han coincidido en lamentar la judicilización de la política y han asegurado que esta sentencia no es la solución para nada.
Molins: La sentencia daría pie a un eventual indulto o a una posible amnistía
El defensor de un proceso con todas las garantías
El penalista Marc Molins ha analizado el contenido de la sentencia. En primer lugar ha puesto de manifiesto que a la sentencia se deja muy claro que este es un problema político y ha afirmado que hace falta al punto de partlida, político, para "el hallazgo de una solución colectiva", sobre todo porque el mismo Tribunal Supremo reconoce el divorcio entre el texto constitucional y la voluntad de la población. Y ha añadido que si la sentencia reconoce que el proyecto de los acusados no era violento, eso se tendría que tener en cuenta en el tratamiento penitenciarios de los condenados, y podría dar pie a un eventual indulto o a a una posible amnistía. Pero Molins, a diferencia de otros penalistas, no considera que la sentencia suponga un recorte de la libertad de expresión o de manifestación y apunta que "supera las garantías procesales" (y apunta que demuestra que el sistema español "es suficientemente garantista"). Ahora bien, afirma que el tipo penal de sedición, como el de rebelión, tienen que ser redefinidos para evitar "actuaciones desproporcionadas o injustas". Pese a todo reconoce que el procedimiento "deja dudas importantes", sobre todo por la predeterminación del instructor y de la sala de enjuiciamento, y por el fraccionamiento de la causa (entre el juzgado número 13, el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya)...
Juala Joshi: Es una sentencia poco elaborada, que no ayudará a resolver políticamente nada
El cuestionamiento de la sentencia
Por el contrario, la penalista Ujala Joshi ha afirmado que cuando se analiza a fondo la sentencia se constata que no es consistente. Apunta que, curiosamente, se dedican más páginas a justificar que no hay una rebelión que a argumentar la existencia de sedición. Ha discrepado también de Molins por lo que respecta a la aplicación del concepto de violencia en contra del reo. Además, afirma que en la sentencia no hay una valoración de las pruebas testificales (por ejemplo, no justifica porque no se cree a los acusados). Añade que la sentencia no aclara como los condenados participan en la sedición y, además, no razona porquó las penas son superiores al mínimo que impone la ley.
Jordi Nieva: La sentencia genera dudas, porque la imputación ha sido claramente exagerada
¿Un procedimiento irregular?
Nieva, que ha querido evitar el trasfondo político del texto y ha asegurado que analizaba la sentencia "como si fuera de un país extranjero", se ha querido centrar en el tema procesal. Ha destacado que la sentencia no favorecerá el curso de las euroórdenes. Apunta que en primer lugar el tribunal adecuado para juzgar el caso no tendría que haber sido el Tribunal Supremo sino el Superior de Justicia de Catalunya (y el cambio sería contrario al derecho a tener el juez predeterminado por la ley). Apunta además que la prisión preventiva ya fue excesiva y se vulneró especialmente los derechos de los representantes electos. Y asegura que las restricciones a las preguntas de los defensores a los testigos de la acusación impidieron cuestionar la credibilidad de estos (lo que argumenta que podría ser considerada una falta grave por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
Markus González: Veo complicado que la sentencia de un recurso al Tribunal Constitucional tenga recorrido
Una sentencia ajustada al sistema español
Markus González ha pronosticado que el recurso será admitido por el Tribunal Constitucional, pero que por esta vía tiene muchas limitaciones, básicamente porque la sentencia, a su parecer, se ajusta al derecho español (aunque argumenta que tiene problemas con respecto a la motivación). En primer lugar, apunta que en los recursos al Constitucional no se pueden cuestionar los hechos probados. Ha apuntado que la sentencia dedica 193 páginas a alegar que no hay vulneraciones de los derechos de los acusados, y añade que cualquier recurso tendrá que tener en cuenta estos argumentos. En realidad, ha añadido que ve poco recorrido en la mayoría de los argumentos que han presentado las defensas.
Mar Campins: Si el Tribunal de Justicia de la UE siguiera las recomendaciones del Abogado General, eso tendría relevancia para los recursos que pueda plantear Junqueras, y también para los casos de Puigdemont y Comín
Europa, una apelación con un futuro relativo
Mar Campins, como especialista en Derecho Internacional, ha revisado el recorrido que pueden tener eventuales recursos de la sentencia a nivel europeo y se ha centrado en el caso la cuestión prejudicial sobre Junqueras sobre su inmunidad, al que el Abogado General ha dado la razón. La profesora se ha mostrado crítica con la decisión del Abogado General, argumentando que se basa en una visión muy amplia de las funciones del derecho europeo, que quizás no se adecua a los tratados internacionales que dan pie a la Unión. Campins ha pronosticado que es probable que la justicia europea acabe por no pronunciarse en la cuestión prejudicial en lo referente a Junqueras, argumentando que ya no es relevante para la causa, ya que el vicepresidente ya ha sido condenado por sentencia firme. Pero ha apuntado que en caso de que el Tribunal Superior de la UE se posicione en el mismo sentido que el Abogado General, eso tendría mucha relevancia para los recursos que Junqueras pueda plantear, y también, para el trayecto las euroórdenes que afectan a Puigdemont y Comín.
Los problemas colectivos y el derecho
En el debate entre los ponentes, todos han coincidido al apuntar que el derecho tiene unas posibilidades muy limitadas ante este conflicto. Marc Molins ha querido dejar claro que una sentencia sobre unos hechos políticos manifiesta un fracaso colectivo. En la misma línea, Ujala Joshi se ha dolido por la judicialización de la política, que según ella no lleva a ningún sitio. La voluntad de unanimidad por parte del Constitucional, sin votos particulares, según esta penalista, demostraría que el judici del procés era más que un procés penal y que tenía un evidente contenido político. Markus González ha apuntado que habría que impulsar una reformulación de los delitos de sedición y rebelión y que eso podría facilitar la salida de los presos sin pasar por una amnistía o un indulto.