La venta del Grupo Zeta a Editorial Prensa Ibérica (EPI) costará a la Generalitat catalana 9,1 millones de euros y a la valenciana otros 3,01 millones. Son las cantidades que el Institut Català de Finances (ICF) y el Institut Valencià de Finances (IVF) perderán al aceptar la quita del 70% de la deuda de Zeta con el grupo de bancos, que ha sido la clave de la transacción. Zeta debía unos trece millones de euros al ICF, según fuentes del Govern, y unos 4,3 millones al IVF, según eldiario.es. Ambas instituciones públicas de crédito dependen de las conselleries d'Economia autonómicas, que encabezan Pere Aragonès y Rafael Climent, respectivamente.
Josep Riera, diputado de Junts per Catalunya, ha pedido hoy cuentas a los "responsables de la Generalitat [de Catalunya] que han participado en esta operación". "Tendrían que dar explicaciones de este dinero, más aun habiendo una oferta mejor", añade el diputado en un tuit. En otro responde a un tuitero que emprenderá acciones sin especificar: "claro está que haremos alguna cosa desde el Parlament. Para eso estamos". El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha retuiteado el primer tuit de Riera.
Tanto el ICF como el IVF —también el banco vasco Kutxa Bank—, habían arrastrado los pies a la hora de aceptar la operación. El resto de acreedores de Zeta, que sí habían ratificado la quita, sumaban el 83% de la deuda y, legalmente, si el 85% de los acreedores acepta el finiquito, el resto también queda obligado. Ambos institutos públicos prefirieron no presentar batalla al resto de entidades "enganchadas" en Zeta.
El total de la deuda ascendía a 99 millones de euros. Entre el pool de bancos acreedores, los más expuestos a la deuda eran el Santander, con unos 30 millones (Santander más Popular), CaixaBank, con cerca de 23 millones, y Banc Sabadell, con 14,5 millones. La voz cantante en las negociaciones con Zeta y EPI la llevaba CaixaBank.
Los presidentes de ambos grupos, Antonio Asensio Mosbah (Zeta), y Javier Moll (EPI) formalizaron la compraventa el jueves pasado (ambos en el centro de la foto rodeados de ejecutivos de sus compañías).
La otra opción
"La oferta mejor" de la que habla Riera era la propuesta de la multinacional audiovisual Mediapro, que ofrecía 40 millones de euros, es decir, rebajar las pérdidas de los bancos acreedores en un 10% respecto a la oferta rival. El socio gestor de Mediapro, Jaume Roures, eterno aspirante a adquirir Zeta, se ha quejado del bloqueo político a su propuesta, alegando que no sólo ofrecía más dinero sino también un horizonte corporativo más espacioso y una mejor complementariedad con las operaciones de Zeta.
Mediapro (Imagina Medía), con una plantilla de 6.695 trabajadores, es el segundo grupo español de comunicación por ingresos. En 2018 facturó 1.967 millones de euros y obtuvo unos beneficios brutos de 222 millones. EPI, por contraste, facturó 174,84 millones de euros con un beneficio de explotación de 2,28 millones, según la última información disponible en el registro mercantil.