Oposición. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso a la Audiencia de Barcelona para que revoque la resolución del juez del caso Negreira, del octubre pasado, que imputa al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta por los pagos que hizo en su primer mandato al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y a su hijo, Javier Enríquez. El Barça realizó los pagos desde el 2001 en el 2018 y sumó unos 7,6 millones de euros para recibir informes sobre árbitros, y que las acusaciones sostiene que era para supuestamente influir en los colegiados. La Fiscalía sostiene que la prescripción delictiva de Joan Laporta se ha de calcular a patir del útlimo pago, en junio de 2010, y que aunque se aplique el delito de cohecho, como ahora sostiene el juez, y se aplicara la prescripción en los siguientes 10 años, como se fija en delitos graves, su responsabilidad penal habría prescrito en el 2020, y la denuncia de la Fiscalía no se presentó en el juzgado hasta el 2023.
En el recurso, al qual ha tenido acceso ElNacional.cat, los fiscales Anticorrupción, Luis García Cantón y Ricardo Sanz- Gadea, también exponen que no cuestionan si el delito del caso Negreira tiene que ser el cohecho o no, como ha fijado el juez, sin embargo, alertan que el juez aplica a Laporta unos tipos penales que no eran vigentes cuando hizo los pagos.
El cálculo de la prescripción
En su resolución, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, razona que los pagos a Negreira podrían encajar en un delito de cohecho y que como este "es continuado" en el tiempo, la norma fija que su prescripción se alarga hasta los últimos diez años a contar desde el último hecho supuestamente delictivo, es decir el pago (el 17 de julio 2018), y por eso amplía los hechos a investigar hasta el 17 de julio de 2008, que coincide con el primer mandato de Laporta, presidente azulgrana del 2003 en el 2010. Para la Fiscalía sostiene que no se puede contar hacia atrás la prescripción.
La Fiscalía Anticorrupción defiende lo que expuso en su denuncia por el caso Negreira: se tiene que investigar los pagos que la dirección del FC Barcelona hizo entre los años 2011 al 2018, donde están los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, dos directivos, y el Barça como entidad jurídica, además de los Negreira. Los delitos apuntados hasta ahora por la Fiscalía son la corrupción en el deporte y administración desleal.
No hay acuerdo entre presidentes
Los fiscales tampoco comulgan con el razonamiento del juez que hay una “adhesión delictiva” entre los diferentes presidentes del Barça, incluso construyendo el delito continuado, como hace el magistrado. Afirman que no hay ningún pacto entre presidentes del Barça para seguir haciendo los pagos al entonces número 2 de los árbitros y a su hijo. Por lo tanto, ni Rosell responde por lo que hizo Bartomeu después, ni Laporta por el que hicieron los dos presidentes que lo sucedieron, razonan los fiscales. La defensa de Rosell, ejercida por Pau Molins, ya defendía esta argumentación.