Aunque ya muchos lo han dado por hecho, es hoy, a partir de las 14 horas, cuando la junta directiva del Barça, que preside Josep Maria Bartomeu, tiene que tomar una de las decisiones más importantes de los últimos años. Una decisión que lleva mucho veneno.
Aceptar el acuerdo al que han llegado sus representantes legales con la Fiscalía y con la Hacienda Pública. O lo que es lo mismo, tienen que votar si aceptan que el Barça sea condenado como persona jurídica por cometer un delito contra Hacienda en el fichaje de Neymar, culpabilidad que libraría tanto al expresidente Sandro Rosell como al actual presidente de cualquier litigio penal y de las consiguientes multas.
En principio, y según algunas fuentes, tras ser informados por los abogados, los directivos del Barça tenían que aprobar el acuerdo el pasado viernes, pero la falta de quórum lo impidió. Otras fuentes señalan que estaban todos, pero que los directivos prefirieron decidir en la junta ordinaria ya prevista para este lunes. Lo que sí es más verdad es que Bartomeu quiere que la decisión cuente con el apoyo unánime de sus dirigentes.
Aprobar el acuerdo significa el reconocimiento de haber cometido una irregularidad tributaria que, hasta la fecha, tanto Rosell como Bartomeu, se negaban a aceptar alegando que todo el contrato del brasileño se había registrado de forma legal y correcta.
Para algunos barcelonistas, como el expresidente Joan Laporta y el exportavoz Toni Freixa, esto significa que Rosell y Bartomeu salvan su cara a costa de que el nombre del club quede manchado, y no están dispuestos a admitirlo.
En el fondo, según los abogados del club, todo obedece a una cuestión de interpretación. Fiscalía acepta que estaba juzgando indebidamente por lo penal a Sandro Rosell y a Bartomeu; y el Barça, para evitar que el conflicto se alargue y esquivar un aval de 90 millones de euros que hipotecaría su competitividad en el mercado, acepta que cometió un delito tributario, que donde decía que había pagado 40 millones en concepto de fichaje a Neymar era salario.
El pacto de los abogados Cristóbal Martell y José Ángel Fernández Castro tendría que ser considerado, sobre el papel, excepcional y beneficioso para el Barça. Pero las guerras internas del barcelonismo impiden ver de forma positiva el poner fin a un proceso judicial que puede influir en el rendimiento de un futbolista clave para el equipo, y, además, exonera de juicio y multa al hombre que le quitó el jugador brasileño al Madrid de Florentino Pérez.
Mundo Deportivo anunciaba ayer que la junta, decida lo que decida sobre el acuerdo con Fiscalía y Hacienda, someterá la decisión al juicio de los compromisarios en la próxima asamblea del mes de julio. El diario Sport, por su parte, anunciaba que la decisión que tome hoy la junta podría ser impugnada por algunos socios inconformes con el acuerdo.