Se vienen nubes que anuncian tormenta. Los pagos realizados por el Barça entre 2016 y 2018 a la empresa DASNIL 95 SL, cuyo propietario es José María Enríquez Negreira, exárbitro internacional y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ha levantado una enorme polvareda. Según la información publicada por el programa Què t'hi jugues!, de la Cadena Ser, Enríquez Negreira llevaba a cabo una labor de asesoramiento, un seguido de informes sobre la manera de arbitrar de cada colegiado. En tres temporadas, Enríquez Negreira cobró 1,4 millones de euros. Además, Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barça, no solo ha reconocido estos pagos, que concluyeron en el 2018 en la política de recortes llevada a cabo por la entidad, sino que afirmó, según la Cadena Ser, que se llevaban realizando desde el 2003.
El caso, que nace de una inspección de Hacienda y que se encuentra en la Fiscalía, abre multitud de incógnitas, empezando sobre qué le puede suceder al Barça. ¿Pérdida de títulos? ¿Pérdida de puntos en la Liga? ¿Descenso administrativo de categoría? Siendo claramente debatible si dicha práctica era o no éticamente correcta, pues Enríquez Negreira era en ese período el vicepresidente del CTA, lo importante es discernir si el hecho es o no ilegal.
La pérdida de categoría, muy difícil
Según el artículo 14 del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva (1591/1992), "se consideran muy graves las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba o competición". En este caso, habría riesgo de descenso administrativo. Lo cierto, sin embargo, es que parece muy improbable que se pueda demostrar que los pagos fueran dirigidos a alterar el resultado de los partidos, con el añadido de que el Barça no ganó una de las 3 Ligas disputadas en ese periodo y de que, sin ir más lejos, hubo partidos en los que fue claramente perjudicado, como el Betis-Barça, en el que no se concedió un gol cuando la pelota había entrado claramente, o el Villarreal-Barça, en el que el árbitro obvio unas manos de Bruno muy claras a disparo de Leo Messi.
Además, la investigación se está llevando por la vía penal, lo que en estos momentos impide que se puedan llevar a cabo procedimientos administrativos. Otro punto que juega a favor del Barça es que, en aplicación de la ley de 1995, las infracciones consideradas como graves prescriben a los 3 años desde el último pago, del que ya han pasado prácticamente 5 años.
Testigos sobre la entrega de los informes
Con la vía administrativa aparentemente cerrada, hay qué ver que consecuencias para el Barça podría haber por la vía penal. En el apartado 4 del artículo 286 bis, sobre "conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva", los implicados se podrían enfrentar a penas de entre seis meses y cinco años de prisión.
Otro castigo que podría recibir el Barça, en el caso de que se demostrara que los pagos no buscaban asesoramiento, sino incidir en la competición, sería la pérdida de puntos en la Liga actual, como le ha ocurrido recientemente a la Juventus. Según informa este jueves el diario El País, dos testigos habrían declarado que la empresa de Enríquez Negreira "entregaba un sobre en las oficinas del club cada vez que el FC Barcelona jugaba un partido de Liga o de Copa del Rey. El sobre contenía un informe escrito y un vídeo en DVD en los que se analizaba el perfil y el comportamiento sobre el terreno de juego del árbitro que iba a dirigir el próximo encuentro. El material era trasladado al cuerpo técnico, que decidía si le resultaba de utilidad para afrontar el duelo". De ser así, quedaría descartado el delito de corrupción entre particulares, ya que el asesoramiento habría existido. Otro tema es si era una práctica éticamente correcta, pero ese ya sería otro debate, y de consecuencias mucho menos drásticas para el Barça.