La Agencia Tributaria ha concluido su investigación fiscal sobre el fraude de Cristiano Ronaldo días antes que prescriba una parte del caso. Hisenda ha enviado el expediente a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid correspondiente a los años 2011 al 2014 para que decida si actúa o no judicialmente contra el jugador portugués por el fraude fiscal. El futbolista podría acabar pagando una factura que no bajaría de los 23 millones de euros, según informa La Vanguardia.

El diario El Mundo publica que Hacienda no duda sobre los indicios de delito en el fraude de Ronaldo y asegura que el jugador tendría que haber pagado unos 15 millones de euros más entre 2011 y 2014. Siguiendo esta información, si el caso continúa por la vía penal, el portugués se expondría a pagar estos 15 millones y a una pena de prisión que podría rondar los cuatro meses por cada ejercicio. Otra vía sería el sobreseimiento del caso y devolverlo a la vía administrativa, por lo que el delantero del Madrid tendría que pagar los 15 millones más la sanción correspondiente.

Entre los propios inspectores de la Agencia Tributaria todavía hay estas dudas sobre si hay que proceder penalmente o no contra el delantero madridista. En los próximos días tendría que haber una decisión en forma de querella y antes del día 30 de junio si no se quiere que prescriba el caso en lo referente al ejercicio del 2011. Si finalmente la Fiscalía actúa igual que ha propuesto a Hacienda, Cristiano pudría acabado juzgado y condenado por delito contra la hacienda pública.

Ronaldo, que se habría acogido a la Ley Beckham (tributando un 24,75% en vez del 48% por ser no residente fiscalmente en España) durante gran parte de sus años en el Madrid, habría cometido el fraude enviando sus derechos de imagen en paraísos fiscales entre el 2009 y el 2015. Precisamente los años 2009 y 2010 ya han prescrito y no entrarían en este caso. Las cifras calculadas en el 2016 sobre sus ingresos por derechos de imagen estarían por encima de los 70 millones de euros.

A pesar de haber abonado una multa millonaria en el momento del inicio de la inspección, no habría servido para detener el proceso. En ningún caso tampoco exime al futbolista de las posibles consecuencias que pueda tener penalmente.

Dos años de inspección

La inspección a Ronaldo empezó en diciembre de 2015, antes de que empezaran a salir todas las informaciones de Football Leaks, con documentación sobre jugadores y agentes de quien se tenía indicios que podían ocultar ingresos en paraísos fiscales.

Su condición de no residente le habría dado ventajas a nivel fiscal por la Ley Beckham, que habilitaba a los profesionales extranjeros que vivían en España a declarar como no residentes y tributar un 24,75%, mientras que los residentes lo hacían con un 48%.

El jugador del Real Madrid habría incluido sus declaraciones de la renta como no residente de 75 millones de euros que ingresó como derechos de imagen entre 2009 y 2015. Según la normativa del Tribunal Supremo, desde el 2008 quien se acoge a este régimen fiscal tiene la obligación de incluir en su declaración todas las rentas de trabajo generadas en todo el mundo. Pero Ronaldo no lo habría hecho así y habría decidido que los ingresos generados en el exterior no los tenía que incluir.