Los servicios jurídicos del Fútbol Club Barcelona ha encontrado indicios de criminalidad en los contratos de renovación de Ter Stegen, Gerard Piqué, Clemente Lenglet y Frenkie De Jong, que firmó el expresidente culé Josep Maria Bartomeu. Según ha adelantado 'The Athletic', el Barça escribió al centrocampista De Jong para exponerle que habían encontrado indicios de actuaciones delictivas por parte de la junta de Bartomeu que firmó los acuerdos. Estos contratos, tal como recogen varios medios, habrían tenido un sobre coste total de 311 millones de euros.

El expresidente acusado de múltiples delitos, ha contactado con el rotativo que ha revelado la información para defenderse, así desmintiendo que el nuevo contrato de De Jong pudiera ser delictivo. Bartomeu ha considerado que el nuevo contrato, pactado con el futbolista, es "totalmente legal" y pasa "todos los controles jurídicos tan internos, como por parte de los auditores y de la misma Liga de Fútbol Profesional sin que nadie encontrara nada." Estas extensiones de contrato a los cuatro futbolistas se produjeron pocos días antes que anuncias su dimisión. El pacto firmado consistía en una reducción salarial para las temporadas 2020-21 y 2021-22, dejando 18 millones de euros para repartirse en las siguientes cuatro campañas. Es por todo eso que el club, bajo la nueva directiva de Joan Laporta, quiere que estos contratos queden sin efecto, se anulen y los futbolistas devuelvan a las condiciones antes de firmar estos documentos. Sin embargo, ya se han puesto en manos de abogados y de los servicios jurídicos del club.

Bartomeu no sale de una que se mete en otra. Tanto es así que se le acumulan las denuncias y las citaciones en los juzgados. La Audiencia de Barcelona juzgará del 17 al 31 de octubre el "caso Neymar", por el cual se sentarán en el banquillo el internacional brasileño, actualmente en el París Saint-Germain, sus padres y los expresidentes del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell por irregularidades en su fichaje en 2013. El juicio se celebrará a partir del 17 de octubre en siete sesiones, en una vista en la cual los procesamientos se enfrentan a penas de prisión por dos delitos de corrupción entre particulares y estafa por contrato simulado en las negociaciones que, entre 2011 y 2013, culminaron en el traspaso de Neymar en el FC Barcelona.

El caso se inició después de una denuncia del fondo de inversión D.I.S Esportes e a Organizaço d'Esdeveniments LTDA, que tenía el 40% de los derechos federativos de Neymar y que se sintió estafado, a su juicio, al no haber cobrado todo el que debía por el fichaje del futbolista en el FC Barcelona cuando Rosell era presidente y Bartomeu vicepresidente. La Federación de Asociaciones de Deportistas Profesionales del Brasil, que se suma a D.I.S. en la acusación particular, considera que sus derechos, consistentes en un porcentaje de los derechos bisiestos, fueron igualmente vulnerados por los acusados.