El fiscal ha pedido en una vista que se mantenga la prisión provisional al expresidente del Barça Sandro Rosell por blanquear dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El principal motivo ha sido el riesgo de fuga, un argumento que ha rechazado su defensa. De esta manera, el blanqueo de 7 millones de euros en Andorra por la venta de derechos audiovisuales lo mantendrán encerrado.
Después del recurso interpuesto por el abogado de Rosell, Pau Molins, contra su ingreso en prisión, no ha habido duda desde la Fiscalía. El fiscal Vicente González Mota ha expuesto los mismos argumentos que ya alegó en su escrito rechazando la libertad de Rosell. Los motivos han sido el riesgo de que se escape porque no tiene un especial arraigo en España, porque mucha de su actividad laboral está en extranjero, viaja de forma habitual y parte de sus bienes están fuera del país.
Molins, por el contrario, ha afirmado durante la vista que no hay riesgo de fuga ya que tiene mucho arraigo en España y que su defendido no cometió delito de blanqueo alguno porque el dinero que supuestamente blanqueó no provenía de delitos de corrupción. El abogado de Rosell ha defendido en la vista que tampoco se ha producido un delito de corrupción entre particulares porque en Brasil, y en Andorra, donde ocultó el dinero, este delito no está penado. De esta manera, según su tesis, no se da la doble incriminación porque estuvo en el país sudamericano donde se produjeron los hechos.
Pero tal como se explica en el proceso investigado hasta ahora, hubo una serie de pagos realizados en una empresa vinculada a una sociedad árabe en las Islas Caimán del billonario saudí Saleh Kamel. Serían casi 15 millones de euros que se habrían canalizado a través de empresas de Rosell, quien después repartió 8,3 millones en Teixeira. Según la jueza, Rosell, junto con el resto de investigados, formaba parte de una organización criminal con ámbito transnacional que "se dedicó a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas".
Se niega el perjuicio a la CBF
El letrado aportó ayer un documento para intentar probar que los fondos que Rosell obtuvo de la CBF no pueden proceder de un delito de corrupción pública porque dicha entidad es privada. En dicho documento, firmado por el secretario general de la CBF, Walter Feldman, se afirma que esta entidad es privada y no recibe fondos públicos, y se añade que, aunque desconoce los hechos por los que se está investigando a Rosell en España, no se considera perjudicada por esos pagos.