Las diversas acusaciones por fraude fiscal a Hacienda —y posterior denuncia de la Fiscalía— contra el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo siguen dando de qué hablar y ahora ponen el foco, también, en el presidente del club, Florentino Pérez, por su defensa a ultranza del futbolista portugués.

El club emitió un comunicado la semana pasada asegurando que el jugador "ha actuado conforme a la legalidad en referencia al cumplimiento de sus obligaciones fiscales", así como que "ha mostrado, siempre, desde su llegada [en el club en 2009] una voluntad clara de cumplir con todas sus obligaciones tributarias". Florentino dejó claro entonces que su confianza en el futbolista era total y que estaba convencido de su inocencia.

Según El Confidencial Digital, este posicionamiento ha hecho sospechar a Hacienda, que cree que eso provoca un fuerte perjuicio en el trabajo de la Agencia Tributaria para conseguir que todo el mundo pague sus impuestos. Según algunas fuentes consultadas por el medio citado, el Ministerio considera que "el Madrid y Florentino han ido demasiado lejos en su reacción, cuando pesan sobre Cristiano cuatro actas vinculadas a presuntos delitos contra la hacienda pública [...], así como una denuncia de la Fiscalía".

Precisamente por todo eso, el Ministerio Público ha decidido revisar minuciosamente todas las cuentas del Real Madrid "por si procediera efectuar nuevas inspecciones por impuestos pagados".

¿A la cárcel?

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hisenda (Gestha) considera que Cristiano Ronaldo podría entrar en la prisión por cuatro delitos fiscales una vez la Fiscalía lo ha denunciado por presuntos delitos contra la hacienda pública según los cuales habría defraudado 14,7 millones de euros.

Según adelantó elboletin.com, Gestha señala que el futbolista portugués podría haber cometido un delito fiscal en 2011, que se penaliza con un mínimo de un año de prisión, y otros tres delitos fiscales agravados en 2012, en 2013 y en 2014 al superar las cuotas presuntamente defraudadas los 600.000 euros.

Según el cómputo de este sindicato, los tres delitos agravados se castigan con prisión de dos a seis años por cada uno de ellos, lo cual podría comportar la petición de la Abogacía del Estado de una pena mínima total de siete años.