El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha sido imputado por un delito de estafa agravada por supuestamente quedarse dinero de un inversor en proyectos deportivos en China. El titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona había citado a declarar a Laporta como investigado el próximo 16 de enero, según ha adelantado El Confidencial este viernes. La declaración, al final, se ha suspendido, porque otro juzgado de Barcelona —instrucción 6— ya investigaba a la sociedad CSSB Limited, con sede en Hong Kong, y a la cual se vincula a Laporta. Ahora se tiene que decidir si se unifican las causas en un único juzgado o no, según ha informado el gabinete de prensa del TSJC.

La querella a Laporta ha sido presentada por un inversor, A.T.O., representado por el letrado Pepe Oriola. Sostiene que transfirió 50.000 dólares a la sociedad CSSB Limited para tener 1.000 acciones de esta estructura societaria, con sede en Hong Kong, que ya es investigada por supuestamente quedarse dinero de otros inversores. Laporta siempre se ha desvinculado de esta sociedad

La segunda investigación

El juez admitió a trámite la querella el 10 de octubre pasado, y ya había citado a declarar a Laporta, y también a Sandra Solé, como supuesta intermediaria; a Joan Oliver, exdirector general del Barça y máximo accionista del desaparecido CF Reus Deportiu; y al representante legal de CSSB Limited, una sociedad de Hong Kong que habría sido el artífice del engaño.

El magistrado, sin embargo, ha sido alertado de que Oliver ya es investigado en el juzgado de instrucción 6 de Barcelona, también acusado de estafa por inversiones en CSSB Limited. Por este motivo, se ha paralizado todo hasta que se resuelva si las causas se deben unificar o no. La norma establece que se lo tiene que quedar el magistrado que ha examinado primero el caso. Por lo tanto, el juzgado de instrucción 6 de Barcelona, donde ahora hay una magistrada sustituta que cubre la baja de su titular, Miguel Ángel Tabares, quien sufrió una grave caída durante una guardia judicial.

Precisamente, Oliver también ha sido investigado por un juez de Tarragona, al ser denunciado por el tenista Albert Ramos, el cual aseguró que entregó unos 100.000 dólares como préstamo a la empresa CSSB, propietaria del 57% del club de Reus, sin que se los devolvieran.

Inversiones en un club de futbol chino

El querellante expone que la sociedad, que vincula a Laporta, ofrecía una rentabilidad del 6% anual por invertir en la creación de un club de fútbol en China (el Beijing Institute of Technology), la apertura de una escuela como la Masia en el país asiático y la consolidación del proyecto deportivo del CF Reus Deportiu, club finalmente desaparecido. La transferencia de dinero se hizo en octubre de 2016 y, por lo tanto, los hechos imputados a Laporta se habrían producido cuando no era presidente del club azulgrana. En su primer mandato, fue presidente del Barça entre junio del 2003 y junio del 2010, y actualmente lo es desde el 17 de marzo de 2021.

Se explica que en octubre de 2016, A.T.O. envió el dinero a una cuenta de CSSB Limited, la sociedad que teóricamente era la intermediaria. Meses después, el querellante consiguió que le entregaran una copia del contrato y un certificado que le acreditaba como propietario de 1.000 acciones de la compañía (50 dólares por participación). No obstante, nunca más volvió a ver el dinero, nadie le ingresó los rendimientos financieros ni tampoco le permitieron deshacer su inversión, se asegura.

El abogado Oriola ha protagonizado varios incidentes con Laporta y le ha reclamado dinero de supuestas operaciones conjuntas. 

Caso Negreira, archivado

No es la primera vez que se denuncia a Joan Laporta en los juzgados. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el pago de 7,6 millones de euros del Barça al ex número 2 de los árbitros, José María Enríquez Negreira, y a su hijo entre los años 2011 y 2018, imputó a Laporta por los pagos de su primer mandato. La Fiscalía ya alertó que el delito imputado a Laporta estaba prescrito.

La Audiencia de Barcelona dio la razón a Laporta y al resto de los investigados en que no se ha demostrado el delito de blanqueo y tampoco el soborno (porque Negreira no es un funcionario), y por lo tanto archivó la causa contra Laporta. El resto están pendientes de declarar como investigados, pero el magistrado mantiene la causa totalmente parada, aunque este verano ya recibió los informes de la Guardia Civil.