El caso Negreira se reactiva. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, ha citado a declarar como investigados a los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y a los exdirectivos del club Albert Soler y Òscar Grau para que aclaren la finalidad de los pagos que el club azulgrana hizo al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y a su hijo, también citado a declarar, Javier Enríquez, que suma 7,6 millones de euros que pagó a Barça entre el 2011 en el 2018, según una resolución, a la cual ha tenido acceso ElNacionalcat. El magistrado afirma que próximamente fijará los días de las declaraciones. El Barça sostiene que estos pagos se hicieron para obtener informes de árbitros, pero no para influir en resultados de los partidos de futbol. El juez ve indicios delictivos, a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el marzo de 2023.
La resolución del magistrado Aguirre llega después de que la Audiencia de Barcelona le tumbara la imputación del presidente del Barça, Joan Laporta, y de su directiva del 2003 al 2010 por sus pagos del primer mandato a Negreira. El tribunal comparte el criterio de las defensas y de la misma Fiscalía que no existió el delito de cohecho en el caso Negreira, y, por tanto, los hechos imputados a Laporta están prescritos. La Audiencia de Barcelona también tumbó el delito de blanqueo de capitales. Así, los actuales delitos que se investigan en el caso Negreira son el de administración desleal, corrupción deportiva y falsedad documental, tal como indicó Anticorrupción inicialmente.
Negreira se negó a declarar
Un año después de judicializarse por la vía penal los pagos del Barça, el juez Aguirre citó a declarar al primero investigado: el exnúmero dos de los árbitros, José María Negreira, el cual se acogió a su derecho a no declarar. Su abogado, Daniel Pérez-Esqué, pidió que se declarara inimputable porque sufre un principio de Alzheimer, pero la forense judicial, después de dos informes, aseguró que no tenía las capacidades volitivas afectadas y que a pesar de que tenía lagunas era consciente de la realidad. Ahora, cuatro meses después de aquella citación y aclarados los recursos de las defensas, el magistrado de Barcelona reactiva la fase de los interrogatorios.
Paralelamente, la Guardia Civil tiene pendiente de entregar al juez un informe final, en el cual se detalle la documentación encontrada en la sede del CTA, que fue registrada por orden judicial.