Luis Rubiales, sobre quien pesa una orden de detención de la fiscalía, ha defendido su inocencia desde Punta Cana (República Dominicana), donde se encuentra desde el pasado 21 de febrero. Según una información de la agencia EFE, la defensa del expresidente de la RFEF ha comunicado por escrito a la jueza que investiga el caso, que Rubiales volverá el 6 de abril y que se pondrá a su "plena disposición".
Rubiales habló por primera vez este miércoles a través de varios mensajes de WhatsApp que envió a Isabel Rábago, colaboradora del programa Vamos en Ver de Telecinco, en los que negaba haberse marchado a la República Dominicana para huir de la justicia. "Estoy absolutamente sorprendido por todo eso. Hace meses que trabajo aquí, en la República Dominicana. Llevo más de un mes seguido. Y de hecho, mi familia se iba a desplazar a pasar conmigo la Semana Santa", escribió Rubiales, según lo que transmitió Rábago. El diario El Español también habló con el expresidente de la Federación y en la conversación asegura que "nunca he hecho nada mal" y también se mostró "sorprendido" por todo lo que ha pasado en las últimas horas. Después de ser preguntado sobre los posibles contratos irregulares que investiga la justicia, Rubiales afirmó "no saber nada" de lo que se le investiga. "Cuando me pregunten, contestaré a todo", aseguró
El origen de las investigaciones
La Fiscalía ha emitido una orden de detención internacional contra Rubiales con el objetivo de que vuelva cuanto antes de la República Dominicana, país en el cual se encuentra, supuestamente, para iniciar una nueva vida de la mano de un nuevo proyecto profesional después de su salida de la RFEF a consecuencia de toda la polémica que se produjo a raíz del beso no consentido a Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial femenino. El expresidente de la Federación tiene que prestar declaración como investigado en la causa abierta por el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), por la jueza Delia Rodrigo, en el marco de las diligencias previas 338/22, a raíz de la querella presentada el 30 de mayo del 2022 por la asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside Miguel Galán. La querella se presentó después de la publicación del caso conocido como Supercopa Files, una serie de informaciones exclusivas publicadas por El Confidencial sobre los contratos de una de las operaciones más rentables de la RFEF, que posibilitó llevar la Supercopa de España a la Arabia Saudí, con la intermediación de la empresa Kosmos de Gerard Piqué, cuando todavía era jugador en activo del FC Barcelona, a cambio de 40 millones de euros para la federación y una comisión de 4 millones por cada edición para la empresa del futbolista, en un contrato hasta el 2029.
Presuntos delitos investigados
La causa investiga presuntos delitos de corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales, los contratos de la Supercopa, las obras en La Cartuja y empresas de criptomonedas de su época como máximo mandatario federativo, según ha explicado la Cadena Ser, que ha añadido que la Guardia Civil tiene la esperanza de que Rubiales vuelva pronto a España y no tengan que ordenar su extradición dado que el proceso se dilataría en el tiempo. En contra de lo que se ha publicado en algunos medios, sí que existe tratado de extradición entre España y la República Dominicana desde 1981 y ratificado en 1984. En caso de que Rubiales se negara a volver a España, se dispondría de una orden internacional de detención a efectos extraordinarios, y se abriría un trámite con la República Dominica para que sea entregado, según afirman fuentes jurídicas.
Las diligencias policiales que se practicaron este miércoles con varias actuaciones en diferentes provincias, entre ellas Madrid, Granada y Sevilla, en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el apoyo de Europol. En Madrid, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia registró la sede de la RFEF en Las Rozas —actuaciones que continúan este jueves—, en Granada registraron el domicilio de Luis Rubiales y en Sevilla estuvieron a La Cartuja para reclamar diversa documentación sobre contratos de obras a La Cartuja, pero ajenas a la celebración de los partidos que disputa la selección española en este estadio.
Siete detenidos, cinco conocidos
De momento, han sido siete personas las detenidas por esta causa, cinco de ellas en Madrid y dos en Granada, todas del entorno de Rubiales. No se han dado todos los nombres, pero se conoce la identidad de algunos de los colaboradores más próximos al expresidente: Tomás González Cueto, socio-director del despacho GC Legal, que era el asesor jurídico externo y mano derecha de Rubiales; Pedro González Segura, director jurídico de la RFEF, a quien Rubiales hace nombrar director de la Primera RFEF; José Javier Jiménez, conocido como Jota, director de Recursos Humanos de la RFEF, puesto por González Cueto; Ramón Caravaca, abogado de la RFEF, colaborador de Cueto y amigo íntimo de Rubiales, detenido durante el registro de GC Legal. Era el administrador de la empresa Egmont 2008 SL, la sociedad inmobiliaria a quien se le encargó el supuesto espionaje a David Aganzo, actual presidente de AFE. Ángel González Segura, hermano de Pedro, director para la zona sur de la empresa de arquitectura y construcción Gruncosa.
La RFEF, en pleno proceso preelectoral
La comisión gestora de la RFEF que preside Pedro Rocha tenía previsto reunirse la misma tarde del miércoles para convocar las elecciones a la presidencia del organismo federativo, que se tendrían que haber celebrado después de la dimisión del inhabilitado Luis Rubiales el pasado 10 de septiembre, hace seis meses. Rocha dimitió como presidente de la territorial extremeña, de la que era presidente, y tenía que disolver la gestora y dimitir para abrir el proceso electoral, pero los registros del UCO en la sede de la RFEF en Las Rozas obligó a aplazar sine die esta reunión de la comisión gestora. Rocha tenía previsto anunciar su candidatura, por eso tenía que dimitir previamente de la territorial, pero habrá que ver como le afecta todo este proceso. Aunque los hechos que se investigan son anteriores en el tiempo, Rocha fue presidente de la comisión económica entre 2020 y 2023, bajo la presidencia de Rubiales. El plazo para la presentación de candidaturas estaba previsto que se abriera el 6 de mayo y las votaciones tendrían que ser el 24 del mismo mes.
Los candidatos tienen que presentar 21 avales necesarios (el 15%) de los 140 que integran la Asamblea General. Este es uno de los grandes obstáculos para las personas que se proponen para suceder a Rubiales delante de la RFEF. Entre los que ya lo han anunciado, están el periodista Carlos Herrera, o la abogada Eva Parera, hija de quien fue gerente del FC Barcelona, Anton Parera, que fue diputada en el Parlament de Catalunya como independiente por el PP catalán, y presidenta de Valents, por quien fue regidora al Ajuntament de Barcelona entre 2019 y 2023, además de ser socia fundadora de, Premiums Sport Legal, especializado en el ámbito del deporte profesional. Otros nombres que han sonado como posibles candidatos son los de Paco Díez, presidente de la Federación Madrileña, Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana, Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, Ana Muñoz, exvicepresidenta de la RFEF que dimitió a raíz del contrato de la Supercopa que se quería mantener en secreto, David Aganzo, presidente del AFE, Gerardo González, exsecretario general de la RFEF, Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que presentó la querella por la cual se está investigando; y otros nombres más conocidos como el exárbitro Mateu Lahoz, actualmente comentarista de TV, y Mateu Alemany, expresidente del Mallorca, exdirector general del Valencia y exdirector de fútbol del FC Barcelona.