Silencio. El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, este martes. El magistrado lo ha citado como investigado en el llamado caso Negreira para que aclare por qué recibió unos 7,6 millones de euros del Fútbol Club Barcelona entre los años 2011 en el 2018 porque no se cree, ni la Fiscalía Anticorrupción, que sea solo para hacer informes sobre árbitros en el club. Su hijo, Javier Enríquez, también es investigado por el mismo.
El abogado de Negreira, el penalista Daniel Pérez -Esqué, expuso al juez que su cliente, de 79 años, no estaba en disposición de declarar porque tiene un principio de alzhéimer. El magistrado pidió una evaluación al forense del juzgado, que exploró al exnúmero 2 de los árbitros en dos ocasiones y concluyó que tiene cierta pérdida de memoria, pero no tiene las capacidades volitivas afectadas. Y, por eso, el juez lo ha citado, en una declaración que se ha aplazado varias veces. En la comparecencia de este martes, Negreira no ha alegado nada de su salud, solo se ha acogido al trámite que le permite la ley, según fuentes judiciales.
La imputación de Laporta
Ahora, el juez del caso Negreira tendría que citar a declarar el resto de investigados, aunque hay recursos muy importantes y pendientes de resolver por la Audiencia de Barcelona. El primero es que el juez imputó al presidente del Barça, Joan Laporta, por pagos a Enríquez Negreira en su primer mandato, un hecho que para los fiscales de Anticorrupción Luís García Cantón y Ricardo Sanz-Gadea, está prescrito.
El tribunal también tiene que responder los recursos que presentaron todas las defensas al negar que esté el delito de soborno, que le atribuye el juez, porque sostienen que Negreira no es funcionario, afirmación compartida por los fiscales. Los delitos iniciales en la querella de la Fiscalía en el caso Negreira son la corrupción en el deporte y administración desleal.
El Barça efectuó los pagos desde el 2001 al 2018 y sumaron unos 7,6 millones de euros para recibir informes sobre árbitros, y que las acusaciones sospechan que era para influir en los colegiados. La Fiscalía sostiene que la prescripción delictiva se tiene que contar desde que Joan Laporta hizo el último pago, en junio de 2010, y que aunque se lo acuse del delito de soborno, como ahora apunta al juez, y se aplique la prescripción en los siguientes 10 años, como pasa en delitos graves, su responsabilidad penal habría prescrito en el 2020, y la denuncia de la Fiscalía no se presentó al juzgado hasta el 2023, acción que para la prescripción.
Con respecto a los otros investigados del Barça - los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y los exdirectivos del club Òscar Grau y Albert Soler- el magistrado no tendría que tardar al citarlos en declarar, mientras la Guardia Civil ultima un informe sobre el montón de material decomisado en el registro a la CTA, en Madrid.
La Federación de Fútbol, acusación particular
Por otra parte, la Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso presentado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha admitido que se persone como acusación particular en el caso Negreira. El juez se lo había denegado por si de la investigación se podía desprender alguna responsabilidad. Ahora la RFEF engorda la lista de acusaciones que encabeza el Real Madrid.