Las numerosas conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil en el marco de la operación Voloh revelan algunas irregularidades en las subvenciones a entidades deportivas o fundaciones próximas en CDC, pero también un posible tráfico de influencias en el nombramiento de la exconcejala del PDeCat en Barcelona Maite Fandos como asesora de la Diputación a fin de que no hiciera pública información perjudicial a algunos políticos del partido. Otro dirigente también podría haber presionado el partido para cobrar una indemnización y dejar el trabajo de apoderado del Canal Olímpico de Castelldefels.
La operación de momento ha comportado cinco cacheos y cuatro detenciones, entre ellas la de Fandos, el secretario general del Deporte, Gerard Figueras, el subdirector general de Gestión y Recursos Humanos del Consejo Catalán del Deporte, Lluís Pallisera, y el apoderado del Canal Olímpico de Castelldefels, Alex Gallo. El juez ha levantado parcialmente el secreto de sumario de una investigación que se destapó inicialmente en mayo del 2018 con detenciones a la Diputación.
Según los autos que ordenan la entrada y cacheo de los diversos domicilios y dependencias, la Guardia Civil sospecha que Fandos esconde documentación que acreditaría posibles delitos de malversación. Fandos fue concejala del Ayuntamiento de Barcelona hasta el mayo pasado, y entre el 2011 y en el 2015 fue concejala de Deportes, entre otros. También fue miembro de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona, diputada delegada de Bienestar Social, y vocal de las comisiones de Cultura, Educación y Deportes, y de Atención a las personas. El 1 de septiembre pasado, por decreto de la Presidencia de la Diputación, liderada por Núria Marín (PSC), fue nombrada personal eventual en calidad de asesora técnica del Área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial, con nivel retributivo N4.
Sergi Alcàzar
De las conversaciones telefónicas intervenidas al secretario general del Deporte, Gerard Figueras, se desprende que es amigo de Fandos y que esta estaba sin trabajo desde el mayo pasado, necesitaba un puesto de trabajo urgentemente para ingresar unos 70.000 euros anuales. De hecho, en una conversación telefónica, el presidente de FGC, Ricard Font, decía que era importante tener controlada Fandos para que "no se desbocara y que no explicara lo que no toca", dice el auto del juez. Eso lleva al juez a afirmar que el interés por encontrar trabajo en Fandos no era sólo laboral, sino que si no encontraba se podía descontrolar y explicar cosas que podían afectar negativamente a las personas que tienen cargos públicos y otros del ámbito político".
La investigación ha descubierto las dificultades por encontrar trabajo a Fandos. Así, por ejemplo, Meritxell Masó, secretaria general de Presidencia, explicó que no había plazas de confianza disponibles y que tenían problemas para encontrar un sitio a otra persona. También se ha acreditado, según el juez, "la enorme preocupación que muestran los investigados ante una eventual pérdida de la Generalitat, por lo cual sería la Diputación de Barcelona la institución que pretenderían utilizar para colocar a personas de su confianza".
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También se apunta que Fandos podría cobrar a través de alguna fundación subvencionada con dinero público. De hecho, el auto asegura que las funciones de Fandos en la Diputación están "lejos" de las inherentes al cargo de asesora en innovación, sino que estarían ligadas a la candidatura de Barcelona-Pirineos para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030.
Según el juez, Figueras habría ejercido influencia sobre varios cargos públicos, en especial sobre Meritxell Masó, para conseguir el nombramiento de Fandos a la Diputación el septiembre pasado. También destaca el papel de Neus Munté, exconsellera de Presidencia y actual concejala en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de la Junta de Gobierno de la Diputación, que habría influido en otros cargos de la Diputación para nombrar a Fandos como asesora. Eso se habría consensuado con David Bonvehí, presidente del PDeCAT, y Elsa Artadi, también exconsellera de Presidencia y actual concejala de JxCat en Barcelona.
Publicidad y subvenciones sospechosas
El juez Aguirre también cree que el Consell Català de l'Esport (CCE) pagaba publicidad y artículos que se publicaban a las revistas de la Fundación CATmón e Igman, mediante contratos "arbitrarios". Las dos entidades, también recibían subvenciones de la Diputación de Barcelona y de la Generalitat, a veces por el mismo concepto y que justificaban con las mismas facturas. Dos personas y facturas presentadas por FGC y Equacat, la empresa de la Generalitat que gestiona el Canal Olímpico de Castelldefels. También se investigan las subvenciones que daba el CCE, que las intervenciones telefónicas indican que se concedían con "arbitrariedad y partidismo".
Sergi Alcàzar
El juez también atribuye a Figueras la decisión de pagar con dinero de Equacat, de la cual es el presidente del Consejo de Administración, publicidad institucional en las revistas de CATmón e Igman, de manera "arbitraria y sin justificación".
En las órdenes de cacheo, el juez Aguirre manda a la Guardia Civil decomisar los expedientes completos de subvenciones de la Secretaría General del Deporte y del CCE en la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas (2015-2019), la UFEC (2015-2019), la Federación Catalana de Gimnasia (2018-2019) y Equacat SA (2014-2019).